dijous, 22 de setembre de 2016

Bartolomé González, del PP, cobró 60.000 euros de Púnica

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ya tiene en su poder el informe de la Guardia Civil que sitúa al diputado del PP en la Asamblea de Madrid y exalcalde de Alcalá de Henares, Bartolomé González, al borde de la imputación en el caso Púnica. Los investigadores concluyen que hay indicios suficientes de que Bartolomé González recibió 60.000 euros de Cofely, una de las empresas centrales de la trama, a cambio de una adjudicación del Ayuntamiento que regía, según han informado a eldiario.es fuentes del caso.

Con el informe de la Guardia Civil, el juez Eloy Velasco podrá dictar una exposición razonada y enviar la causa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ante el que está aforado González como diputado autonómico. El instructor del caso Púnica ya pidió al TSJM el pasado mayo que investigara a otro diputado del PP en la Asamblea de Madrid, Daniel Ortiz, tras acumular indicios contra él de cohecho y tráfico de influencias. El exalcalde de Móstoles también habría favorecido a la empresa energética Cofely. Cuando Velasco se dirigió al TSJM, Cifuentes enseñó la puerta a Ortiz, quien dimitió y renunció a su acta de diputado. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha indagado en los últimos meses en la veracidad de la declaración ante el juez del empresario David Marjaliza en lo referente al presunto soborno de Cofely a Bartolomé González. Entre las evidencias encontradas figura un documento, una suerte de facturación de la trama, con la misma cifra que Marjaliza ofreció al juez: 60.000 euros, según las fuentes consultadas.

Marjaliza, amigo de Francisco Granados desde la juventud, está acusado de ser uno de los cabecillas de la trama Púnica. Siete meses después de ser detenido e ingresar en prisión se ofreció a colaborar con la investigación. El empresario señaló en el verano de 2015 a varios políticos de los que decía haber sobornado o de los que conocía que otros miembros de la trama lo habían hecho. En diciembre, Marjaliza salió de la cárcel en libertad provisional. Una de las actividades que desarrolló Marjaliza fue la de conseguidor de la empresa Cofely, que le contrató en 2012 por 1.500 euros mensuales más porcentajes por los contratos que obtuviera de sus contactos en la política madrileña. Sobre Alcalá de Henares, el empresario imputado dijo en sede judicial que “hubo un acuerdo con Bartolomé González de 60.000 euros”. “No recuerdo si se pagó o no (…), pero el acuerdo estaba y estaba con Bartolo”, explicó sobre el pacto entre Cofely, una empresa de eficiencia energética filial de la multinacional francesa GDF Suez, que obtuvo en Alcalá un contrato de 14 millones de euros.

La secretaria de Marjaliza, Ana Ramírez, añadió que empleados de Cofely acudían a su oficina en Pinto para recoger sobres con dinero con destino a distintos ayuntamientos. Aunque no detalló qué personas eran las destinatarias de esos sobres sí especificó las localidades: “Móstoles, Getafe, Collado, Alcalá de Henares, creo, Collado…”. En persona, recuerda haber entregado sobres con dinero a Granados y a su sucesor en la Alcaldía de Valdemoro, Jesús Miguel Moreno. A partir de ahí, la UCO se puso a investigar, incluyendo interrogatorios y solicitudes de documentación, como la que realizaron presencialmente al consistorio alcalaíno el pasado febrero por el contrato con Cofely. Las fuentes consultadas añaden que el informe señala también a varios directivos de Cofely, entre otros presuntos implicados en la trama de corrupción. González reaccionó a la publicación de la declaración de Marjaliza anunciando una querella contra el empresario imputado.

Las conclusiones de los investigadores suponen un proyectil que alcanza a dos rivales en el seno del Partido Popular. Por una parte, González es diputado del PP madrileño, que ahora lidera Cristina Cifuentes. La presidenta de la Comunidad Autónoma lidera una exigua mayoría en la Cámara, gracias al apoyo de Ciudadanos. Si Ortiz en su momento hubiera decidido pasar al Grupo Mixto en lugar de renunciar, o cuando llegue al TSJM, no lo hace González, esa mayoría desaparecería y la suma de PSOE y Podemos igualaría en escaños a la de PP y Ciudadanos.

Por otra parte, el exalcalde de Alcalá ha sido siempre un hombre de Esperanza Aguirre, estrecho colaborador de la hoy portavoz de la oposición en el Ayuntamiento de la capital. De hecho, su inclusión en la última lista electoral es una decisión de Aguirre. Una grabación publicada por eldiario.es desveló cómo el vicesecretario de Acción Sectorial del PP madrileño imponía candidatos en la lista de Mejorada del Campo por orden de su mentora. Aguirre también incluyó a González en la escenificación mediática de una especie de tribunal anticorrupción que seleccionaba candidatos dentro del PP a las distintas alcaldías madrileñas.

Marjaliza también señaló en su declaración a Eva Bórox, de Ciudadanos, quien abandonó el acta de diputada cuando La Sexta ofreció pruebas de su relación con el empresario; al exalcalde de Parla Tomás Gómez y al número tres de Cristina Cifuentes, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial Jaime González Taboada. La investigación de la trama Púnica no ha arrojado por el momento indicios concluyentes sobre ellos, informa eldiario.es.

Los 'ordenadores de Bárcenas' y la jueza "al servicio" del PP

La recusación de la jueza Rosa María Freire presentada por el PP en el caso de los ordenadores de Bárcenas puede entregar la causa a Carmen Valcarce (foto), la misma que ha archivado en tres ocasiones la investigación del presunto espionaje entre dirigentes del partido en Madrid, con cargo a las arcas públicas, que se prolonga ya siete años. En el marco de esa causa se produjo la escena que describió Francisco Granados en un pinchazo telefónico de la Operación Púnica, con Valcarce diciéndole en los pasillos del juzgado que ella “estaba allí para servirle”, justo antes de declarar como testigo por los seguimientos a otros políticos del PP.

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