divendres, 23 de setembre de 2016

Jordi Carulla cerró una firma en Bahamas con 10 millones cuando le investigaba la fiscalía

Jordi Carulla (foto), propietario del 20% del conglomerado empresarial Agrolimen, cerró en el año 2010 su sociedad en Bahamas, que contaba con un capital de 10 millones de dólares. Y lo hizo justo cuando Hacienda y la fiscalía hicieron público que estaban investigando a la saga empresarial catalana por evasión fiscal. La sociedad se denominaba Aifco y en ella tenía firma Jordi Carulla Font, quien reside en Londres desde hace 16 años, pero que anteriormente ha vivido en Miami y luego en la capital de Bahamas. Aifco, con sede en Nassau, consta entre las instrumentales pantalla destapadas por la documentación a la que ha accedido El Confidencial y La Sexta, en el marco de una investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung. Bahamas todavía era considerada paraíso fiscal en 2010, aunque justo un año después se firmó un acuerdo de intercambio de información con España. A día de hoy, la UE todavía lo considera un país "no colaborativo".

Además de sus frentes judiciales con Hacienda, el apellido Carulla es uno de los apoyos relevantes del mundo empresarial al movimiento independentista catalán. Accionistas fundacionales del diario Ara, también están vinculados a las plataformas Omnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana, fruto de su compromiso político. Portavoces de la familia catalana han señalado que Aifco era filial 100% de una sociedad “actualmente española”, ésta última debidamente inscrita en el Registro Mercantil, con su NIF y auditada cada año.

Jordi Carulla figuraba como secretario en Aifco. Fuentes oficiales de la familia recuerdan que Jordi Carulla, junto con su esposa, hijos –entre ellos Arnau Carull – y nietos, es residente fuera de España, lo que afecta a su régimen fiscal. Eso incluiría el período de vida de Aifco, sociedad que se creó en 1998, si bien Jordi Carulla sólo se incorporó a las misma a partir de 2004, según los documentos que ahora han salido a la luz.
Además de los 10 millones de dólares de capital, Aifco controlaba otras dos sociedades holding en Miami –Genwest Inc y Westgen Inc– organizadas por un directivo de esa ciudad, Pedro P. San Romà, también secretario de Aifco. Tanto los activos controlados desde estas firmas como los 10 millones de dólares ya estarían declarados en España, según las fuentes de la familia.

En su cuenta de Linkedin, San Romá define el Grupo Genwest del que habían surgido los holding de los Carulla como “un instrumento para “gestionar la financiación global y vehículos de inversión que utilizan la estructuras empresariales más adecuadas para reducir al mínimo las obligaciones fiscales, como consecuencia de los tratados fiscales que establecen flexibilidad en el enfoque global de las actividades nacionales e internacionales existentes”.

Se da la circunstancia de que San Romà acabó fichando en 2004 como “controler” financiero de la firma estadounidense de confitería Richardson Brands, que formaba parte de la filial de confitería de Joyco. Agrolimen había vendido Joyco justo ese mismo año por 215 millones. Ese ejercicio, el 2004, parece clave porque también es cuando se incorpora Jordi Carulla a Aifco, con lo que todo apunta a que los fondos administrados en Bahamas corresponden a su rama familiar. Los Carulla saldaron sus cuentas pendientes con Hacienda a través de un acuerdo con la Fiscalía en 2014, por el que el hermano mayor, Lluís Carulla, reconocía el delito fiscal y pagaba 6,4 millones de euros a Hacienda en total en un acuerdo que les permitía evitar la prisión.

Según consta en Aifco, otros directivos del grupo Agrolimen formaban parte de las personas responsables de esta sociedad “off-shore”. Entre ellos, Andreu Puig Tomás, uno de los históricos de este grupo familiar.
Pero en Aifco aparece otro ejecutivo clave de la trama internacional de los Carulla, el británico residente en Nassau Graham J. Clark. Este directivo era el presidente de Aifco, pero además conecta con otros fondos de los Carulla en el exterior. En este caso, con dos holding instrumentales en Zurich, ambos activos, y en los que Graham J. Clark aparece como consejero de sociedades. Se trata de las firmas Makuri International AG e Internacle AG, con capitales de 26 y 1,79 millones de francos suizos cada una, según consta en el registro mercantil del cantón suizo. Jordi Carulla ha presidido ambas firmas, si bien en Makuri ahora el presidente es su hijo, Arnau Carulla.

Fuentes de los Carulla explican que estos fondos están declarados en España. En concreto, Makuri es filial 100% de una sociedad española, Antigabelcost, y así consta declarada en sus cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil de esta última sociedad. Makuri también está declarada ante el Ministerio de Economía. En la última memoria depositada por la instrumental española, la de 2014, Makuri era 100% de Antigabelcost, se la definía como “instrumento de patrimonio” y acumulaba 42 millones de euros en Suiza.
Antigabelcost declaró beneficios de 590.000 euros en 2014. Su presidente es Artur Carulla, a su vez presidente de Agrolimen y hombre fuerte del grupo empresarial, que controla entre otros empresas como Gallina Blanca, Consorcio del Jabugo o el gigante de alimentación para mascotas Affinity Petcare. Jordi Carulla figura como consejero de Antigabelcost.

Graham J. Clark parece contar con la plena confianza de la familia Carulla y no sólo para firmas en paraísos fiscales. También es consejero de Pronver Inversiones, una sociedad por la que Jordi Carulla mantenía el 12,84% de Arboinvest, que su vez servía para controlar el gigante fabricante de compresas Arbora, hoy ya vendido. Clark incluso acudió a la junta de accionistas de Pronver en Barcelona el pasado 30 de junio de 2015, tal y como consta en la memoria de la sociedad depositada en el Registro Mercantil. Pronver, por cierto, también esta controlada desde fuera de España, en concreto desde Costa Rica, a través de GrupCost. Clark también fue consejero de Converal Inversiones durante el período 2009-2010. Si Pronver Inversiones era la patrimonial de Jordi Carulla, Converal era la de Artur Carulla. Converal poseía el 14,87% de Arborinvest y a su vez dependía de la firma Antiga Grupsur, radicada en Uruguay.

En 2009, los Carulla fueron trayendo a España el control de sus fondos internacionales. Así se se constituyeron cuatro firmas instrumentales en Barcelona con denominaciones muy similares a las compañías de Costa Rica y Uruguay. Se trata de Antigacopral, Antigagrupsur, Antigabelcost –la que controla Makuri– y Antigabelsur –“las antigas”– que sumaban entonces un capital social conjunto de 58 millones de euros. Todas ellas están presididas por Artur Carulla pero tienen a Jordi Carulla y Montserrat Carulla como consejeros. Fuentes conocedoras de los entresijos de la familia apuntan a que la relación entre Jordi Carulla y el resto de los hermanos se ha deteriorado a raíz de los problemas fiscales por los que tuvieron que acabar pagando a Hacienda más de 6 millones hace dos años. Una crisis de la que hacen responsable a Jordi.

La Fiscalía apunta a los bancos y bufetes que llevaron sus clientes a Mossack Fonseca


La Fiscalía de la Audiencia Nacional prosigue sus indagaciones sobre los ciudadanos y empresas nacionales implicados en la trama masiva de evasión fiscal y blanqueo de capitales de los papeles de Panamá, pero la investigación también se ha fijado como objetivo determinar la responsabilidad de los bancos, asesores fiscales y bufetes de abogados que actuaron como intermediarios de Mossack Fonseca en España y le suministraron grandes bolsas de clientes. Al menos 836 oficinas con domicilio en territorio español figuraban como intermediarios ('clients') en las bases de datos de Mossack Fonseca.

Los negocios panameños de Oleguer Pujol, controlados desde Bahamas

Los proyectos inmobiliarios de Panamá en los que Oleguer Pujol invirtió parte de la fortuna familiar escondida en Andorra estaban controlados desde Bahamas por sociedades offshore. El responsable de toda la estructura era Daniel Costa, amigo de Oleguer y principal impulsor de esos negocios urbanísticos en Centroamérica, investigados por la Audiencia Nacional por su presunta relación con el blanqueo del patrimonio oculto del clan Pujol. Según consta en documentos secretos del Registro Mercantil de Bahamas, el nombre de este empresario está vinculado con al menos dos mercantiles domiciliadas en ese archipiélago del Caribe, Molamol Headquarters Corp. e Isla Quesito Headquarters Corporation. Ambas sociedades también habrían sido utilizadas para controlar cuentas bancarias en Suiza.

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