dijous, 22 de setembre de 2016

La GC acusa a Lucía Figar (PP) de fraude, tráfico de influencias y malversación

La Guardia Civil atribuye a la ex consejera de Educación de la Comunidad de Madrid Lucía Figar los delitos de fraude, malversación y tráfico de influencias. La Unidad Central Operativa (UCO) concluye que la ex alto cargo popular "utilizó fondos públicos de su Consejería para promocionar su figura personal y política en la Red y para desprestigiar a otras opciones". "Queda patente", subrayan los investigadores en sus últimos informes, que "se estaban pagando con dinero público trabajos que beneficiaban a la imagen personal y carrera política de la titular de la Consejería, destinando a usos ajenos a la función pública caudales para promocionar su figura política, dando pábulo a las informaciones que hablaban favorablemente de su desempeño en la Consejería". "Pero también", añade la UCO, ha quedado acreditado que usó esta estrategia "como arma de ataque contra la oposición política y social, empleando usuarios falsos de redes sociales para lanzar mensajes contrarios a éstos". Una actitud, esta última, que la Guardia Civil considera que evidencia la "cuestionable honradez personal y política" de la ex consejera de Esperanza Aguirre.

Los investigadores explican que Figar "se habría concertado con el empresario Alejandro De Pedro para que éste fuera el beneficiario de la adjudicación reiterada de contratos públicos de supuesta búsqueda activa de información relativa a la Consejería de Educación". "No obstante", continúa, "dicha descripción del contrato no resiste a una lectura detallada de los informes de EICO (empresa de De Pedro), donde queda de manifiesto que el objeto del contrato era la reputación personal de la consejera y de su opción política".

Tras constatar que el concepto de los contratos era ficticio, la Guardia Civil señala que "se han destacado varias irregularidades como el hecho de que, pese a que los trabajos se presentaban bajo el membrete de EICO, se facturaban a terceras empresas, circunstancia que no impide que se autorice el pago a la empresa determinada por De Pedro". "La implicación de altos cargos de la Consejería, como el jefe de Gabinete o el secretario general técnico, la interacción de empleados de la consejería con empleados de EICO o el hecho de que el mismo Alejandro De Pedro le pusiera al corriente del contenido de los informes conduce, a juicio policial, a que Lucía Figar habría sido quien habría dado su conformidad a la contratación directa y reiterada de De Pedro y que era sabedora del cariz de los servicios de EICO".

Asimismo, agrega la UCO que Figar "habría beneficiado a De Pedro con otros contratos públicos como el vinculado al proyecto Study in Madrid, donde se eluden los procedimientos de concurrencia competitiva desplazando una parte del contrato a la Fundación Madri+D". "En este contrato, además, se ha detectado que la tramitación de los expedientes no se ajusta a la realidad de los trabajos realizados llevando cada ámbito un camino absolutamente dispar y formulando los expedientes con el único ánimo de habilitar pagos a De Pedro".

A su vez indica la Guardia Civil que "se han hallado también indicios de que se estaba articulando otra concertación en el año 2014 en el seno de la Consejería de Educación, existiendo el compromiso por el empresario de facilitar a la consejera las variables para la valoración del contrato". Junto a Figar, la UCO considera "conocedor y partícipe en la trama articulada en la Consejería de Educación» a Manuel Pérez en calidad de «secretario general técnico", por lo que se le atribuyen los delitos de fraude, prevaricación, malversación y falsedad. Asimismo, la Guardia Civil implica a Pablo Balbín, ex jefe de Gabinete de Prensa de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, como "cooperador necesario" y le acusa de fraude, malversación y tráfico de influencias. Por último, a De Pedro le atribuye fraude, falsedad y tráfico de influencias, informa El Mundo.

Bartolomé González, del PP, cobró 60.000 euros de Púnica

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ya tiene en su poder el informe de la Guardia Civil que sitúa al diputado del PP en la Asamblea de Madrid y exalcalde de Alcalá de Henares, Bartolomé González, al borde de la imputación en el caso Púnica. Los investigadores concluyen que hay indicios suficientes de que Bartolomé González recibió 60.000 euros de Cofely, una de las empresas centrales de la trama, a cambio de una adjudicación del Ayuntamiento que regía, según han informado a eldiario.es fuentes del caso.

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