diumenge, 2 d’octubre de 2016

Blasco (PP) deberá devolver 1,6 millones de lo robado en el caso Cooperación

El Tribunal de Cuentas desestimó los recursos interpuestos por el ex siete veces conseller del PP Rafael Blasco (foto), la exsecretaria administrativa de la conselleria de Solidaridad y Ciudadanía Tina Sanjuán, el ex subsecretario de Cooperación Alejandro Catalá y el ex alto funcionario Marc Llinares contra la condena que les obliga a reintegrar algo más de 1,6 millones de euros a las arcas públicas de la Generalitat, más intereses, como responsables de malversación contable. Los condenados podrían recurrir esta sentencia ante el Tribunal Supremo.

Por contra, sí se estimó parcialmente el pasado 21 de septiembre la apelación formulada por el empresario Augusto César Tauroni, uno de los principales condenados por el desvío de fondos en el caso Blasco. Tauroni quedó absuelto por falta de legitimación pasiva. Fundamentó su recurso en que la función jurisdiccional del Tribunal de Cuentas no alcanza a cualquier persona, sino a quienes, por cualquier título, tienen a su cargo bienes, caudales o efectos públicos y ese no era su caso.

El 12 de noviembre de 2015, el Tribunal de Cuentas, órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público, condenó al exconseller Rafael Blasco y otros cinco procesados en el conocido como caso Cooperación o caso Blasco a devolver algo más de 1,6 millones de euros a las arcas públicas de la Generalitat, más intereses, como responsables de malversación contable. El tribunal cifró en esa cantidad de dinero los daños y perjuicios causados en los fondos públicos de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía.

Según consta en la sentencia de este procedimiento de reintegro por alcance promovido por la Abogacía de la Generalitat se consideró responsables directos y solidarios a Rafael Blasco, Alejandro Català, Marcial López, Marc Llinares, Tina Sanjuán y Augusto César Tauroni. Igualmente, se condenó a la Fundación Cutural y de Estudios Sociales (Cyes) y a la firma Arcmed como responsables contables subsidiarios. La Generalitat Valenciana reclamaba inicialmente 1,9 millones de euros, si bien finalmente el Tribunal de Cuentas redujo esta cantidad. Igualmente, el tribunal aceptó el desistimiento planteado por la Abogacía de la Generalitat respecto del ex director general de inmigración y cooperación Josep Maria Felip.

En mayo de 2014, el exconseller de Solidaridad y Ciudadanía del Gobierno valenciano de Francisco Camps, Rafael Blasco (PP), fue condenado a 8 años de prisión y 20 de inhabilitación por malversación -que posteriormente fue rebajado a seis años y seis meses- tráfico de influencias, prevaricación y falsedad en el denominado caso Cooperación. Blasco fue juzgado junto a otros ocho procesados, todos ellos condenados, por la pieza primera del caso Cooperación, referida al desvío de fondos públicos de la Generalitat del PP concedidos en 2008 para cooperación al desarrollo en Nicaragua, si bien existen otras dos piezas abiertas, todavía en fase de instrucción.

El empresario Augusto César Tauroni, el único procesado que se encontraba en prisión -desde el 23 de febrero de 2012-, también fue condenado a ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación por cooperador del delito de fraude en subvenciones, falsificación y malversación. El ex presidente de la Fundación Cyes, Marcial López, fue condenado a 4 años y a una multa de 6 millones de euros, como máximo responsable de una entidad supuestamente orientada a la cooperación que recibió 1,8 millones de subvenciones de fondos públicos para Nicaragua y únicamente entregó el 3 % de esa cantidad.

La exsecretaria administrativa de la Conselleria Tina Sanjuan fue condenada a siete años y medio de cárcel, y diecisiete años y medio de inhabilitación. El ex jefe del Área de la dirección general de cooperación Marc Llinares fue condenado a cuatro años y medio de cárcel, once años de inhabilitación y multa de 6.750 euros. El ex subsecretario de Cooperación Alejandro Catalá fue condenado a una pena de cuatro años y medio de cárcel, y siete de inhabilitación, y a pagar una multa de 6.750 euros, por prevaricación administrativa en concurso con falsedad documental.

El ex director general de Cooperación Josep Maria Felip fue el único ex alto cargo procesado que eludió una pena de prisión, y fue condenado a siete años de inhabilitación por prevaricación administrativa, informa Las Provincias.

El exgerente de Avialsa implica a Carlos Fabra y a la familia Cotino


Fernando Alandí, exgerente de Avialsa y principal colaborador de la Fiscalía Anticorrupción, declaró ayer ante el juez que investiga la trama que supuestamente se benefició de un trato de favor del exconseller y exdelegado del Gobierno, Serafín Castellano. Se limitó a contestar al instructor, al fiscal y a su propio abogado. Las tres imputaciones que Alandí acumula en la causa no han mermado su voluntad de denunciar las graves irregularidades que presenció y en la que también tuvo cierto grado de participación.

Blasco (PP) pacta casi tres años de cárcel por las causas de Cooperación

Rafael Blasco (PP) estaría dispuesto a firmar una conformidad de casi tres años de prisión a cambio de cerrar definitivamente el caso Cooperación de corrupción. Las acusaciones también dejarían la misma pena para el empresario Augusto César Tauroni. Ambos ya fueron condenados por el Tribunal Supremo a seis años de cárcel por la primera de las piezas, el desvío de dinero para el Tercer Mundo para la compra de pisos particulares en Valencia.

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