dilluns, 3 d’octubre de 2016

Los arquitectos de la Policía "amañaron" las adjudicaciones

Los arquitectos de la Policía "amañaron de antemano" la adjudicación de contratos a empresas afines. Es una de las conclusiones a las que han llegado los agentes de Asuntos Internos que investigan la causa instruida por el Juzgado número 26 de Madrid. En el último informe presentado por este departamento ante la jueza Concepción Jerez, los investigadores explican que los procedimientos de contratación fueron "adulterados" por los responsables del Área de Patrimonio y Arquitectura de la Policía tras un "acuerdo previo" con los "representantes de las empresas" a las que luego otorgan la contratación. Foto: El ministro del Interior del PP inauguró en enero de 2013 la Comisaría de Cáceres, una de las obras investigadas.

Los responsables de las pesquisas, en concreto, aseguran que los funcionarios del área afectada llevaron a cabo estas adjudicaciones de modo presuntamente fraudulento, en connivencia con "como mínimo" tres mercantiles: Voluar Arquitectura, ARX Arquitectos y Oncins. Existen una serie de "indicios razonables" que apuntan a la realización de "actos intrínsecamente injustos, contrarios a nuestro ordenamiento jurídico, que trascienden el margen legal de la adjudicación administrativa discrecional" y que "evidencian un trato de favor" hacia estas sociedades que tiene como finalidad el "beneficio personal", explica el mencionado informe, presentado hace seis meses, pero que ha llegado ahora a manos de El Confidencial.

"Estos actos degradan la esencia y finalidad de la discrecionalidad de la adjudicación (...), pues adulteran de raíz el procedimiento de selección" y "vulneran la competencia efectiva al postergar de modo ilegal otras ofertas, que nunca podrán ser analizadas con objetividad, en perjuicio manifiesto de los respetables intereses privados de las empresas licitantes y de los más relevantes intereses públicos, con independencia de que se respeten los aspectos formales exigidos", señalan desde Asuntos Internos, donde explican que los imputados manipulaban presuntamente el procedimiento para que pareciera que concurrían tres empresas, como obliga la ley, a pesar de que solo una lo hacía.

En las adjudicaciones sin publicidad —entienden los investigadores—, los imputados "crean una apariencia engañosa para dar cumplimiento al imperativo legal de requerir al menos a tres empresas, a sabiendas de que solo una va realmente a licitar". Esto, según los agentes, "alteraba las leyes del mercado". Según el citado informe, "la connivencia y fraude de ley" tuvieron lugar entre el jefe del equipo técnico del Área de Patrimonio y Arquitectura, que "tiene una participación directa y activa en la selección de las empresas y en la tramitación de los expedientes de adjudicación, bajo la supervisión del jefe de área", y los representantes de las empresas.

Como se desprende del documento elaborado por Asuntos Internos, entre unos y otros presentaban dos ofertas falsas a nombre de mercantiles que existían, pero que no sabían que se habían presentado, y una sola verdadera, que correspondía a la sociedad involucrada en la trama. "Hacían llegar en estos casos dos falsas ofertas de las otras supuestas empresas licitantes 'de relleno', sin el conocimiento de su participación, pero siempre del entorno profesional del adjudicatario", explica el documento que analiza el Juzgado 26, que también explica cómo los beneficiarios de esos contratos, por otro lado, ingresaban dinero a la mercantil Consultoría y Gestión Archena, propiedad de la mujer de uno de los responsables del Área de Arquitectura, a modo de "comisiones" ilegales.

Esta compañía realizaba teóricamente trabajos de asesoramiento y recibió ingresos por parte de mercantiles adjudicadas. Los representantes de estas empresas, en declaración judicial, asegura Asuntos Internos, "han reconocido en la mayoría de los casos haber pagado por asesorías o trabajos de consultoría en general sin haber justificado documentalmente ninguno mediante contrato, en algunos casos simplemente mediante facturas descritas de manera muy genérica que bien pudieran resultar fraudulentas al confeccionarse por trabajos inexistentes". "Bajo la apariencia de prestaciones de servicios, se estarían encubriendo comisiones injustificadas o pagos ilegales en contraprestación a las gestiones realizadas para beneficiar a estas empresas o las de su entorno en la adjudicación de contratos de obras y servicios prestados en el ámbito de la Dirección General de la Policía", destacan los investigadores, que ponen como ejemplo en sus conclusiones la documentación aportada por Sonora Comunicación Integral, "empresa pantalla", que prueba —a juicio de Asuntos Internos— "el pago de una comisión de ARX Arquitectos en 2009".

El exministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba y el exalcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón inauguraron en 2010 la comisaría Usera-Villaverde, otra de las obras investigadas. (EFE)
"Estas circunstancias evidencian el carácter instrumental de Consultoría y Gestión Archena, disuelta voluntariamente pocos meses después de iniciarse la investigación en torno a ella, para el enriquecimiento económico de los responsables del Área de Patrimonio y Arquitectura, quienes se habrían estado aprovechando de las funciones que desempeñaban en el marco de la función pública", destaca el informe de los investigadores, que han rastreado la adjudicación de obras llevadas a cabo entre 2007 y 2011 y concedidas por el departamento investigado.

Entre estos proyectos, destaca la restauración de la Sala del 091 de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, la adaptación de la Oficina de Documentación Electrónica de la Comisaría de Distrito de Usera (Madrid), la construcción de las comisarías de Cuenca, Cáceres, San Andrés de Rabanero (León) y los distritos madrileños de Fuencarral-El Pardo y Usera, la reformas de las instalaciones policiales de Écija (Sevilla), la edificación de una guardería en el Complejo Policial de Canillas (Madrid), el acondicionamiento de la Unidad de Desactivación de Explosivos situada en Canillas (Madrid), el levantamiento de un gimnasio en las dependencias policiales de la calle Francos Rodríguez de Madrid, la reforma de los vestuarios de las Unidades de Intervención Policial y otras obras en media docena de instalaciones más.

Después de que la jueza Jerez imputara a los responsables del Área de Arquitectura y a los empresarios a principios de marzo, la Dirección General de la Policía ordenó destituir al jefe del departamento, Luis L. S., que llevaba 27 años en el cargo, y nombró en su lugar a la comisaria Carmen Solís, bióloga experta en ADN, que tomó posesión de su nueva plaza el pasado 17 de marzo, apenas dos semanas después del cese de su predecesor. Sin embargo, no todo fueron desplantes hacia el cesado. Jefes de áreas paralelas a la de Arquitectura y superiores del destituido le homenajearon justo después de su cese en una suerte de comida que servía para despedir al que había estado al frente del departamento durante casi 30 años seguidos.

La magistrada Jerez comenzó la instrucción del caso en 2012. Un escrito anónimo que detallaba cómo procedían los funcionarios encargados de conceder las obras llegó a la Intervención Delegada de Hacienda, que lo remitió a la Dirección General de la Policía, que a su vez ordenó a Asuntos Internos abrir una investigación. Esta última unidad policial elaboró un exhaustivo informe basado en la documentación recibida y se lo presentó a la Fiscalía Anticorrupción, que decidió judicializar el asunto.

En paralelo, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) recibió un escrito similar al que llegó a la Intervención Delegada de Hacienda. Este segundo documento —titulado 'Graves daños a los intereses de la Administración como consecuencia de corrupción en el Departamento de Obras y Arquitectura de la Dirección General de la Policía'—, también anónimo, fue adjuntado por el entonces secretario general del SUP, José Manuel Sánchez Fornet, en otra denuncia interpuesta por este sindicato ante la Fiscalía Anticorrupción.

El anónimo del SUP mencionaba que en el área técnica señalada se estaban produciendo desde hacía tiempo “continuas prácticas de irregularidades y arbitrariedades en la tramitación de expedientes de obras y prestaciones de servicios técnicos”. Entre estas ilegalidades, el escrito hablaba —en los mismos términos que ahora se ha expresado Asuntos Internos— del “amaño de antemano” de las adjudicaciones a través de un procedimiento que venía “acarreando graves perjuicios económicos a la Administración”. “Es conocido que reparten honorarios por asegurar los contratos con técnicos externos”, señalaba.

El escrito ponía de manifiesto que “falsas contrataciones de supuestos servicios” han provocado pérdidas por valor de “cientos de miles de euros” y destacaba el pago de comisiones a “amigos” a cambio de obras que “no servían para nada a la Policía”. La instrucción dirigida por la jueza Jerez está siendo especialmente lenta, ya que va camino de cumplir su cuarto año desde que la magistrada comenzara las diligencias en 2012. La instructora, por ejemplo, tardó 11 meses en responder a la solicitud realizada por la Fiscalía en abril de 2014 de imputar a los cinco investigados.

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