dilluns, 21 de novembre de 2016

Cospedal quiso ceder hospitales públicos a cambio de condonar deuda

Un informe interno del Gobierno de Castilla-La Mancha desvela que María Dolores de Cospedal, que por entonces era presidenta de la región, quiso ceder cuatro hospitales públicos a las constructuras dueñas de una autovía a cambio de condonar la deuda. En concreto, los hospitales de Almansa y Villarroblebo (Albacete) junto a los de Tomelloso y Manzanares (Ciudad Real) pasarían a manos de ACS y Acciona, las dueñas mayoritarias de la autovía de los Viñedos, entre Toledo-Tomelloso. Una de las propuestas que el Ejecutivo de la actual ministra de Defensa tuvo encima de la mesa fue la de ceder, casi “regalar”, esos cuatro hospitales a las empresas constructoras con las que la Junta tenía millonarias deudas cuyos pagos llegarían hasta más allá de 2030. Parte de ese dinero se condonarían a cambio de que se hicieran con la gestión de esos centros sanitarios.

Así se recoge en el informe 'Formas alternativas de pago por hospitales de la JCCM' en el que se explica que “la consejería de Sanidad espera recaudar 170 millones de euros con la venta de cuatros hospitales de propiedad pública” y que “la gestión privada de esos centros crearía un ahorro anual superior a 37 millones de euros”. En este tecto se aclara que todo sería más fácil si los interesados quisieran sustituir las deudas que la Junta mantiene con ellos por hacerse con esos hospitales. Incluso, apunta que los “más susceptibles” para “cancelar las anualidades que la Junta debe” podrían ser las concesionarias de la autovía de los Viñedos, que son cuatro, aunque los mayoritarios son ACS y Acciona.

Entre los pros y los contras de esta operación con ella “se facilita la financiación de las empresas interesadas” pero, por otro lado, “que se podría dar la imagen de que la Junta se aprovecha de las dificultades financieras de las empresas”, informa El Boletín.

Imputada la cúpula del PP toledano por la mordida de Cospedal

El titular del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº 3 de Toledo, Florencio Rodríguez Ruíz, que investiga la supuesta mordida de 200.000 euros que la empresa Sacyr entregó al PP para financiar la campaña electoral autonómica de María Dolores Cospedal en Castilla La Mancha de 2007, ha decidido imputar a todos los concejales que participaron en la junta de gobierno del 23 de mayo de 2007, fecha en la que se concedió a la citada empresa la recogida de basuras de la ciudad de Toledo, por “la posible comisión de un delito de prevaricación en virtud de las decisiones adoptadas durante la misma en el Ayuntamiento de Toledo”, recoge la citada providencia.

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