dimecres, 30 de novembre de 2016

El Congreso contra la 'ley mordaza', la pobreza energética y los secretos del franquismo

El nuevo Gobierno de Mariano Rajoy sale a derrota política por pleno parlamentario celebrado. Este martes, por tercera vez consecutiva, la bancada fascista del PP se ha visto superada por los escaños de la izquierda en puntos que blindaban la 'dictadura nazional' durante la legislatura pasada en la que tuvieron una mayoría absoluta: la conocida como la ley “mordaza” y el combate contra la denominada pobreza energética que sufren millones de personas en España a causa de la corrupción y las políticas retrógradas y neoliberales de Rajoy. La Cámara baja ha debatido en sesión plenaria estas dos mociones que condensan sendas interpelaciones al Gobierno formuladas por los grupos socialista y el de Podemos la semana pasada. La de la formación morada supuso entonces la primera intervención en una sesión de control del su líder, Pablo Iglesias, aunque en esta tarde le ha sustituido su compañero de grupo Rafael Mayoral.

Pero, además, el Gobierno y su grupo perdieron una tercera votación, también muy significativa. El grupo parlamentario vasco defendió una proposición de ley por la que se modifica parcialmente la vigente ley de secretos Oficiales, una norma que data de 1968 y en la que su exposición de motivos figuran referencias al “Movimiento Nacional” y las leyes “fundamentales” de la dictadura. La reforma propuesta, que será tramitada, se limita a solicitar la desclasificación de documentos secretos en unos plazos mucho más breves, entre 10 y 20 años.

Esas tres votaciones comportan un nuevo revés político para el Ejecutivo que preside Rajoy cuando apenas lleva menos de un mes en pleno ejercicio. Es la tercera vez consecutiva que sufre una derrota parlamentaria, una circunstancia a la que no está acostumbrado el PP de Rajoy. Para maquillar su posición se ha abstenido en la de Unidos Podemos. En la votación que toma en consideración la reforma de la ley de Secretos Oficiales, la bancada popular se ha quedado en solitario a la hora de oponerse. Ciudadanos, socio de investidura de Rajoy, se ha abstenido mientras que el resto de los grupos han respaldado la iniciativa del grupo vasco. Esta proposición de ley fue votada en la pasada legislatura fallida, pero decayó al convocarse las elecciones generales del 26-J; en aquella ocasión Ciudadanos votó a favor.

En el debate de las dos mociones, que “instan” al Gobierno a actuar en función de los contenidos aprobados pero sin fuerza jurídica, tanto el socialista Antonio Trevín como el portavoz de Unidos Podemos, Rafael Mayoral, han criticado duramente al Gobierno y al PP al defender sus respectivas iniciativas, que han sido secundadas por la mayoría de los grupos de la oposición. Trevín ha hablado de “la necesaria unión de todos para quitar la mordaza a los españoles, pues eso es lo que supone esa ley”, argumento que ha respaldado con algunas estadísticas. “Solo pedimos tres cosas, cambien la mordaza, las multas y las amenazas por la libertad, sus derechos y los servicios públicos”, ha proclamado para sostener la propuesta de su grupo.

El respaldo de Unidos Podemos ha sido, en cualquier caso, muy crítico al exigir “abrir el foco para abordar una nueva ley con conceptos mucho más abiertos y de defensa de los ciudadanos”, ha dicho el navarro Eduardo Santos, quien ha anunciado el voto contrario al punto final de la moción, el relativo a la reforma de los CIES por entender que deben ser, sencillamente, eliminados. El grupo popular, para maquillar su derrota en el punto que aludía a derogar la ley “mordaza”, ha votado a favor de tres puntos de la moción, las relativas a los aumentos de plantillas de las fuerzas de seguridad y de instituciones penitenciarias, además de la reforma de los CIES que se plantea en el último apartado de la iniciativa socialista. “Es que el aumento de las plantillas ya se está haciendo”, ha justificado el portavoz conservador, Alberto Martín-Toledano.

En defensa de la moción sobre la pobreza energética planteada por Unido Podemos, Rafael Mayoral, ha exigido que se aclare “sin hacernos trampas en el solitario” cuánto cuesta producir la energía de verdad para un sector “que se ha privatizado” al margen de los ciudadanos. “Debemos estar a la altura de las necesidades de nuestro pueblo porque la energía es un derecho, al tiempo que hay que decirles a las empresas eléctricas que se acabó la ley del salvaje oeste”, ha clamado para concluir su intervención. Una mayoría de grupos parlamentarios ha respaldado la iniciativa de la formación morada, aunque el apoyo del PNV ha sido parcial por entender que algunos conceptos de la moción son competencia autonómica. La portavoz socialista, Pilar Lucio, ha defendido que “es urgente abordar la reforma del sector energético y establecer una estrategia para afrontar una solución a la pobreza energética”, informa Público.

El PNV propone desclasificar los papeles del golpe monárquico del 23-F

¿Adolfo Suárez propuso al rey Juan Carlos revocar su dimisión un día después del 23F? ¿Nos salvó el rey de un golpe que el mismo había puesto en marcha? ¿Felipe González estaba al tanto de la Operación Armada y aceptó ser vicepresidente de un general? ¿Qué nombres, acciones, relaciones y documentación recabaron los servicios secretos españoles en su investigación de los hechos? ¿Hasta dónde había implicados mandos y cargos de la época, incluidos los del Cesid? ¿Algún servicio secreto extranjero conocía los planes de ETA para atentar contra la mano derecha de Franco, Luis Carrero Blanco? ¿Existe en el CNI un archivo llamado Jano con el seguimiento a 8.000 personajes que en ese momento tenían o podían tener en el futuro una proyección pública? Éstos, y otros muchos secretos, podrán empezar a conocerse si el Congreso, como está previsto, aprueba este martes una proposición de ley presentada por el PNV para reformar la ley de 1968 sobre secretos oficiales, en la línea de otras presentadas por IU en el pasado.

El PP veta la propuesta para subir las pensiones

El Gobierno del PP ha registrado un escrito en el Congreso reclamando la paralización de la tramitación parlamentaria de la proposición de ley que firmó el PSOE y otros grupos de la oposición para subir las pensiones en 2017 una media del 1,2%, alegando que su aplicación supondría un coste para el Estado de más de 1.150 millones de euros sin que se detalle de dónde deberían salir. El veto de Rjoy, que al registrarse a última hora del lunes no ha podido ser analizado aún en la Mesa del Congreso, se une a los otros trece que tiene presentados el Gobierno a leyes presentadas por la oposición y que amenazan con acabar con un nuevo conflicto entre los poderes Legislativo y Ejecutivo. El IPC de noviembre del 0,7% hace perder poder adquisitivo a los pensionistas.

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