dimarts, 29 de novembre de 2016

El PP veta la propuesta para subir las pensiones

El Gobierno del PP ha registrado un escrito en el Congreso reclamando la paralización de la tramitación parlamentaria de la proposición de ley que firmó el PSOE y otros grupos de la oposición para subir las pensiones en 2017 una media del 1,2%, alegando que su aplicación supondría un coste para el Estado de más de 1.150 millones de euros sin que se detalle de dónde deberían salir. El veto de Rajoy, que al registrarse a última hora del lunes no ha podido ser analizado aún en la Mesa del Congreso, se une a los otros trece que tiene presentados el Gobierno a leyes presentadas por la oposición y que amenazan con acabar con un nuevo conflicto entre los poderes Legislativo y Ejecutivo. El IPC de noviembre del 0,7% hace perder poder adquisitivo a los pensionistas.

Esta última proposición de ley vetada, que recoge las pretensiones de Comisiones Obreras y UGT, lleva la firma del PSOE, Unidos Podemos, Esquerra (ERC), el PNV y la antigua Convergència, todos los grupos de la oposición, con la única excepción de Ciudadanos, que está a favor de la revalorización pero considera "un parche" la ley. Teniendo en cuenta sus firmas, la iniciativa suma a priori mayoría absoluta en la Cámara, pues estas formaciones suman 178 votos en el Pleno del Congreso.

En concreto, la proposición de ley establece un incremento del 1,2% –coincidente con la subida del Índice de Precios de Consumo (IPC) prevista por el Gobierno– y fija que, en caso de producirse una tasa media de inflación superior a lo largo del año, las pensiones también se incrementen acorde esta subida. La proposición también señala que la medida será financiada con cargo directo a los Presupuestos Generales del Estado y que la ley que los fije incluya la previsión de gasto.

En su escrito de veto, al que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno entiende que "el coste de esa medida superaría los 1.150 millones de euros que, según la proposición de ley, tendrían que ser financiados por el Estado, sin que se proponga una fuente de financiación". El Ejecutivo alega que su reforma de 2013 cambió el modo de cálculo para desvincular del IPC la revalorización de las pensiones con una subida mínima del 0,25% y que en todo caso la Comisión del Pacto de Toledo debe estudiar la financiación de las prestaciones no contributivas y universales.

El veto del Gobierno se verá en la próxima reunión de la Mesa del Congreso, donde habrá que decidir si se atiende o se desoye. Por ahora, y a la espera de estudiar un informe preparado por los servicios jurídicos, el órgano de gobierno de la Cámara ha levantado tres de los 13 vetos recibidos de Rajoy, los relativos a proposiciones de ley para paralizar la LOMCE y para mejorar las condiciones de los trabajadores de empresas subcontratadas, informa infolibre.

El IPC de noviembre del 0,7% hace perder poder adquisitivo a los pensionistas


El índice de precios de consumo (IPC) registró una subida interanual del 0,7% en noviembre, la misma que en octubre, con lo que ya suma tres meses en positivo, algo que no ocurría desde junio del 2014, según el indicador adelantado publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La inflación del noviembre constata que las pensiones públicas, que subieron el 0,25% a principio de año, han perdido casi medio punto de poder adquisitivo en el 2016.

Hasta que la reforma del sistema de las pensiones del PP en 2013 acabó con el sistema de revalorización de las pensiones basado en la evolución de la inflación, el IPC de noviembre era el que servía para determinar si las prestaciones habían perdido poder adquisitivo a lo largo de año y, en consecuencia, había que compensar por ello a los beneficiarios con una mnipaga extra en el mes de enero.

Ese sistema fue extinguido con la reforma del Gobierno de Mariano Rajoy en el 2013. Desde entonces, la revalorización de las pensiones se guía por la salud financiera de la Seguridad Social (en actual estado crítico, con un déficit en torno a los 17.000 millones de euros) y, en todo caso, con la aplicación de una subida mínima del 0,25%, que es es que se ha introducido desde entonces. Así, los pensionistas han acumulado en el 2016 casi medio punto de pérdida de poder adquisitivo en el 2016 (el 0,45%) por que en principio no serán compensados en los primeros meses del 2017, pues ese mecanismo fue anulado con la reforma.

Por ejemplo, una pensión de 1.000 euros apenas subió 2,5 euros en el enero pasado, pero a lo largo del 2016 habría perdido 4,5 euros de poder adquisitivo (hasta los 995,5 euros). Las cantidades son pequeñas en uno y otro caso, pero se convierten en millonarias cuando se multiplican por el gasto total del sistema de pensiones. Para una nómina anual superior a los 140.500 millones, un 0,45% de pérdida de poder adquisitivo implica una cantidad aproximada de 630 millones de euros (de pérdida para los pensionistas y de ahorro para el sistema. La cuantía prácticamente se multiplica por dos (hasta superar los 1.200 millones) en el momento en que ese porcentaje del 0,45% deja de consolidarse para ejercicios futuros.

La evolución del IPC de noviembre estuvo influenciado por la bajada de los precios de los carburantes (gasóleo y gasolina). Si se confirman estos datos el próximo 13 de diciembre, el IPC de noviembre registraría, junto al de octubre, la tasa más alta desde el 2013. La subida interanual de noviembre contrasta con el descenso del mismo mes del 2015, cuando el IPC bajó el 0,3%.

Asturias, Aragón y Cantabria, las pensiones más altas

La pensión media anual escaló un 1,9% en 2015, hasta alcanzar los 13.388 euros al año. Una variación superior a la de la inflación en ese periodo, pero que fue desigual entre las distintas comunidades. En términos de cuantías de la pensión, la más elevada corresponde a Asturias, con 16.621 euros. Le siguen Madrid (16.158 euros), Aragón (14.396 euros), Cantabria (14.297 euros) y Cataluña, cuyos 14.252 euros le sirven para completar el top five nacional de mayores pensiones. Mientras, las más bajas se localizan en Extremadura (11.182 euros), que también era última en 2014, Murcia (11.710 euros) y Canarias (11.906 euros).

Los planes de pensiones en España, una estafa organizada

Los planes privados de pensiones son un mal negocio en España para los ciudadanos, al menos durante los últimos tiempos, debido a su escasa rentabilidad y a los gastos que conllevan. Sin embargo, siguen siendo un apetitoso pastel para los responsables de administrarlos (en su mayoría, instituciones financieras) gracias a las cuantiosas comisiones que generan.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada