dimecres, 30 de novembre de 2016

Invalidado el perito de Hacienda en la venta de VPO de Botella

La magistrada que investiga la venta de viviendas públicas por Ana Botella y el PP a Goldman-Sachs en Madrid le ha dicho a Hacienda que el perito que ha designado para la instrucción no sirve: ha sido hasta hace poco más de un mes trabajador del BBVA, que gestiona una de las sociedades investigadas. La delegada especial de la Agencia Tributaria, Raquel Catalá Polo (hermana del ministro de Justicia, Rafael Catalá), negó la participación de la Oficina Antifraude de Hacienda en la instrucción. Lo habían solicitado el juez y el fiscal. Tras dar evasivas durante 12 meses, contestó que no tenía recursos y que no le correspondía aportar técnicos para delitos de malversación. Solo accedió a nombrar un inspector para posibles delitos tributarios: Antonio Laquidáin Hergueta.

Este funcionario había estado muchos años de excedencia y trabajando para el BBVA como apoderado en algunas de sus inmobiliarias. El banco recibió el encargo de gestionar la sociedad Bussola 99 en septiembre pasado. Esa sicav es una de las investigadas ya que pertenece al exconsejero de Vivienda de Madrid, Pablo Cavero, y su anterior gestora era Goldman-Sachs. Cavero adjudicó la venta de 2.900 viviendas protegidas a Goldman-Sachs en 2013.

La magistrada Concepción Jerez García, en una providencia firmada el 24 de noviembre pasado indica que Antonio Laquidáin no es adecuado por esos vínculos y para "evitar incidentes de tacha o recusación". Le da a la Agencia Tributaria cinco días para designar otro perito. Cuando se supo el nombre del técnico escogido por la delegada especial Catalá Polo (y su recentísimo pasado con BBVA) , un portavoz de la agencia argumentó que, al desginarse cualquier perito, "no se conocen", las circunstancias de los casos. Y añadía que, en todo caso, el juzgado podía rechazarlo. Así ha ocurrido, añadiendo más retraso a una causa que se ve entorpecida parcialmente por los obstáculos presentados por Hacienda, informa eldiario.es.

El PSOE pide abrir el caso contra Ana Botella y los pisos de fondos buitre

El Grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid ha pedido al Juzgado de Instrucción Número 38 que reabra el caso de la venta de viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) al fondo Blackstone, que dejó desprotegidas a las familias afectadas. En el escrito dirigido al juez Juan Antonio Sáenz de San Pedro Alba, que decretó el cierre provisional del caso, la solicitud alega que existen “nuevos argumentos de prueba” para la reapertura, entre ellos un demoledor informe de la Cámara de Cuentas de Madrid. Las viviendas se vendieron a Blackstone por la mitad de su valor, entre otras graves irregularidades.

Antifraude retrasa la investigación sobre la venta de 2.400 VPO a Goldman

La Agencia Tributaria de Montoro lleva ocho meses haciéndose la sorda: ignora al juzgado de Instrucción Nº 48 de Madrid y no designa a dos funcionarios de la Oficina Antifraude como peritos en la investigación de la venta de viviendas protegidas de la Comunidad de Madrid a Goldman Sachs. Consecuencia: la causa todavía no cuenta con el informe sobre las relaciones económicas del entramado de sociedades presentes en la adjudicación de 2.395 VPO que realizó el Gobierno de Ignacio González a una media de poco más de 63.000 euros por casa en 2013. La jueza acaba de repetir que "de forma urgente se designen dichos funcionarios" tras la falta de acción "a pesar de haber sido reiterada la petición".

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