dilluns, 14 de novembre de 2016

Justicia se opone a revelar los amnistiados fiscales del PP

Los detalles de la amnistía fiscal irregular y para los amigos del PP de Rajoy continuarán siendo secretos, al menos a corto plazo. La Justicia a medida de los defraudadores se ha opuesto a la publicación de las sociedades extranjeras declaradas en los modelos 720 y 750, anulando una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) en la que instaba a la Agencia Tributaria a ello. De esta forma, el secretismo que impera sobre la medida aprobada por el ministro Cristóbal Montoro en 2012 se afianza, pese a los intentos de la oposición —especialmente Ciudadanos— de revisarla y publicar la identidad de los beneficiarios.

La sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 5 de Madrid, contra la que cabe recurso, ampara la preferencia de la reserva de datos tributarios en detrimento del acceso a la información pública. “El derecho a la información no puede entenderse con carácter absoluto ni preferente a otros derechos. Estamos ante una regulación general cuya finalidad es el acceso a la información pública, pero que ha de adaptarse a cada caso”, señala el fallo.

Para la magistrada, la información solicitada por El Confidencial hace más de un año corresponde a “datos obtenidos por la Administración Tributaria, que, a tenor del artículo 95 de la Ley General Tributaria, tienen carácter reservado, y, por tanto, no incluido en la obligación de información pública”. Con estos argumentos, el juzgado avala los argumentos esgrimidos por la Agencia Tributaria en su recurso. En cambio, no ha tenido en cuenta ninguna de las alegaciones presentadas por el CTBG, en las que criticaba "la exclusión completa de la materia tributaria del ámbito de la Ley de Transparencia". "El carácter reservado de los datos tributarios no es absoluto porque es información pública y publicitada", consideraba el organismo presidido por Esther Arizmendi.

El Consejo de Transparencia también argumentó que, al igual que Hacienda publica semestralmente una lista de deudores tributarios en la que aparece la denominación social, debería hacerse lo propio con las sociedades regularizadas con la amnistía fiscal. Pero nuevamente, este argumento no fue respaldado por la magistrada, al considerarlo “no asimilable a lo solicitado”.

Precisamente, en la última lista de deudores tributarios publicada el pasado mes de junio, una sociedad extranjera figuraba como el tercer mayor moroso de la Hacienda española. Oceanus Maritime Limited, radicada en la Isla de Man, dependiente del Reino Unido, debía más de 189 millones de euros a la Agencia Tributaria. Tal y como desveló El Confidencial, esta compañía es la propietaria oficial de uno de los yates de lujo más grandes del mundo, el ‘Topaz’, si bien la embarcación siempre ha sido considerada como perteneciente al jeque Mansour bin Zayed al Nahyan, viceprimer ministro de Emiratos Árabes Unidos y dueño del Manchester City.

El uso masivo de sociedades extranjeras radicadas en paraísos fiscales —denominadas compañías ‘offshore’ en el argot financiero— para ocultar patrimonio y, en la mayoría de los casos, eludir el pago de impuestos ha cobrado gran actualidad en el último año a raíz de las investigaciones periodísticas de los papeles de Panamá y Bahamas Leaks, publicadas en España por El Confidencial y La Sexta. Ambas revelaciones han llevado a la apertura de investigaciones fiscales a lo largo y ancho del mundo e incluso a la constitución de una comisión de investigación en el Parlamento Europeo.

El PP pagó 500.000 € por los datos de los Pujol

José Villarejo, comisario de la Policía Nacional y uno de los implicados en las operaciones ilegales encubiertas contra dirigentes políticos independentistas, ha confirmado a la justicia de Andorra que él es el autor de varios informes sin sellos ni firmas en los que, entre otras cosas, se asegura que el exconsejero delegado de la Banca Privada de Andorra (BPA), Joan Pau Miquel, recibió 500.000 euros de fondos reservados a cambio de entregar una copia de movimientos de dinero de las cuentas de la familia del expresident Jordi Pujol en ese banco.

La amnistía fiscal prescribe el 30-N: España se juega 2.800 millones

En principio los que se beneficiaron de la amnistía fiscal del PP en 2012 pasarían a tributar el 10% por todo el dinero aflorado en vez del 3% inicial. Eso sí, siempre que no prescriba. Precisamente por este motivo el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que envíe antes del 30 de noviembre (fecha en que prescribe por cumplirse cuatro años) la carta a la Agencia Tributaria en la que emplaza a que los acogidos a la amnistía fiscal de 2012 tributen al 10% establecido en aquella regularización extraordinaria y no al 3%.

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