dijous, 24 de novembre de 2016

La Fiscalía denuncia a 137 guardias civiles por falsear dietas

La Fiscalía Provincial de Madrid ha denunciado a 137 guardias civiles –entre los que hay un teniente coronel y un comandante, capitanes y tenientes- por falsear durante cuatro años facturas de hotel para cobrar más en concepto de dietas de lo que se habían gastado. Según el escrito del ministerio público, los funcionarios, que venían de otras provincias en comisión de servicio a Madrid, se quedaban a dormir en una residencia militar, donde la habitación les costaba entre 8 y 12 euros por noche, pero luego pasaban facturas emitidas por otro establecimiento, el hostal Las Vegas, a un precio hasta seis veces superior.

El informe del departamento de Asuntos Internos de la Guardia Civil en el que se basa la denuncia de la Fiscalía explica que ha comprobado que en diferentes días entre el 1 de enero de 2011 y el 28 de noviembre de 2014, los 137 miembros de la corporación -entre los que hay tenientes y hasta capitanes- justificaron gastos con las facturas emitidas por el mencionado hostal justo en las mismas jornadas en las que aparecen registrados en la residencia de oficiales y suboficiales del Servicio de Material Móvil del instituto armado.

En algunos casos, los funcionarios pernoctaban durante un solo día simultáneamente en ambas hospederías, pero en ocasiones ha habido efectivos que han llevado a cabo esta trampa durante hasta 40 noches, pasando facturas que superaban los 1.500 euros. La denuncia ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid, que ya está llamando a declarar como investigados a los guardias civiles afectados, gran parte de los cuales se encuentran representados por el letrado Antonio Suárez-Valdés.

Los funcionarios que se han aprovechado de este fraude –entre los que hay un teniente coronel y un comandante- provenían de la práctica totalidad de las provincias de España, por lo que el Juzgado número 21 de Madrid ha decidido pedir ayuda los juzgados periféricos con el fin de tomar declaración a todos los investigados. En total, la cantidad presuntamente defraudada a las arcas del Ministerio del Interior rondaría los 14.000 euros.

La Fiscalía, que imputa a los investigados los delitos de malversación de dinero público y falsedad documentales -que de confirmarse conllevarían la separación del servicio para los afectados-, ha denunciado también al dueño del hostal que supuestamente emitía las facturas falsas y facilitaba por lo tanto el fraude masivo. Según el ministerio público, José Manuel P. Q., incluso llegaba a inflar el precio que cobraba habitualmente a los clientes. En concreto, el imputado, "actuando con ánimo de lucro, emitió facturas por alojamiento a la Guardia Civil por importe superior al anunciado en la página web y al comunicado verbalmente por el encargado de la recepción" a los ciudadanos que iban a preguntar.
Un Guardia Civil en una foto de archivo. (EFE)
Un Guardia Civil en una foto de archivo. (EFE)

El propietario, además, no cobraba lo mismo a todos los funcionarios, sino que incluso distinguía por categoría. Según el escrito realizado por la fiscal Anabel Vargas, éste variaba el precio reflejado en las facturas "en función del grupo de clasificación en el que se encontraba el miembro del cuerpo que efectuaba la reclamación". Con carácter general, añade el ministerio público, las facturas alcanzaban "el límite máximo de las cuantías fijadas por el real decreto 462/02", que establece los montantes de las indemnizaciones por carácter de servicio.

Las habitaciones en el hostal Las Vegas eran facturadas, según la Fiscalía, a 66 euros por noche para los oficiales y suboficiales y a 49 euros para cabos y guardias, cuando los funcionarios en realidad apenas gastaban entre 8 y 12 euros cada jornada en la residencia militar. La operación, por lo tanto, les proporcionaba un rédito que, según el informe de Asuntos Internos, oscilaba entre los 37 y los 57 euros que obtenían en algunos casos los que pasaban una noche en la residencia pero presentaban factura del hotel y los 1.490 euros de beneficios que conseguían los que pasaban más jornadas, como el caso de C. E. C. S., que estuvo aprovechándose de este sistema durante 40 días.

La investigación de Asuntos Internos tiene su origen en el escrito remitido por la Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil el 7 de noviembre de 2014, que informó a la unidad de que el mencionado hostal "podría estar expidiendo facturas a personal del cuerpo comisionado en la capital por gastos de alojamiento que realmente no se habrían producido". La nota de la Dirección provocó la apertura de diligencias por parte de Asuntos Internos que más tarde derivaron en la mencionada denuncia presentada por la Fiscalía de Madrid, informa El Confidencial.

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