dilluns, 28 de novembre de 2016

Los sindicatos no aceptan una subida inferior al IPC para 2017

Los sindicatos advierten al Gobierno de que no aceptarán una subida del salario de los empleados públicos para 2017 inferior al alza del Índice de Precios de Consumo (IPC), que el Ejecutivo prevé que crezca en torno a un 1,2%, y exigirán que tenga carácter básico y se aplique por tanto en toda la Administración. La nueva secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, inició hace una semana la ronda de primeros contactos iniciada con los sindicatos más representativos de las administraciones públicas (CSIF, CC.OO. y UGT), que en todos los casos han valorado la predisposición del Gobierno al diálogo para acometer los temas más urgentes relativos a los empleados públicos: el incremento salarial y el empleo.

Desde UGT valoran que los temas planteados por Collado para abordar con mayor premura coincidan con los del sindicato y la predisposición de la secretaria de Estado a establecer una agenda de negociación, si bien advierten de que no aceptarán un incremento salarial inferior al 1%, según ha indicado en declaraciones a Europa Press el secretario de Organización federal de la Federación de Empleados de Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT), Frederic Monell. En esta línea, Monell ha indicado que el Ejecutivo entraría en una "contradicción" si la subida que finalmente se apruebe supusiese una nueva pérdida de poder adquisitivo para los empleados públicos cuando ha valorado en varias ocasiones el esfuerzo realizado por los funcionarios durante los años de crisis.

El dirigente sindical ha explicado que reclamarán al Gobierno la recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos perdido durante los años de crisis, tras la congelación de los salarios públicos aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 y la congelación de los mismos durante la legislatura de Mariano Rajoy. De esta forma, reclamarán un incremento mínimo de los sueldos públicos igual al alza del IPC, y que su aplicación sea de carácter básico y se produzca en todos los niveles de la Administración, al igual que el recorte y la congelación repercutiera en todos los escalones.

Asimismo, Monell ha señalado la coincidencia con el Gobierno en la importancia de primar entre los temas a negociar el empleo, ya que la Administración cuenta con un volumen de empleo temporal que para UGT "no está justificado", a lo que se suma la "trampa" hecha con la contratación de interinos frente a la tasa de reposición cero de puestos de trabajo. También ha marcado como temas a abordar en los próximos meses la situación de los trabajadores interinos tras las sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que obliga a equiparar las indemnizaciones de los trabajadores indefinidos e interinos. De hecho, los sindicatos ya advirtieron de que prevén centenares de consultas y demandas tras la jurisprudencia europea y española que iguala las condiciones de indemnización entre fijos e interinos ante una tasa de interinidad en las administraciones públicas que ronda el 11%.

El martes pasado CC.OO. tuvo también su primera reunión con Collado, a la que pidió un incremento salarial para 2017 igual al Índice de Precios de Consumo (IPC) para los funcionarios, una oferta de empleo público excepcional de unos 300.000 trabajadores y la convocatoria inmediata de la Mesa General para iniciar las negociaciones. Además, la secretaria de Estado de Función Pública escuchó la semana anterior las reclamaciones del sindicato CSIF, que pretende alcanzar un acuerdo de legislatura que permita recuperar el poder adquisitivo perdido y el 5% de bajada se produjo en 2010.

Igualmente, pide revertir recortes como los descuentos por baja médica y derogar el decreto que impide negociar mejoras en la jornada laboral, como las 35 horas que recientemente se han aprobado por parte de la Junta de Andalucía. CSIF también reclama desarrollar el Estatuto Básico de la Función Pública en cuestiones pendientes como la evaluación del desempeño, que permitiría evaluar de manera objetiva la labor que desarrollan los empleados públicos de cara a su promoción profesional.

La secretaria de Estado de Función Pública ya comunicó esta semana a los sindicatos la intención del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de convocar "en breve" la Mesa General de negociación de las Administraciones Públicas, constituida el pasado mes de junio, para abordar los asuntos prioritarios para los tres millones de funcionarios y empleados públicos. No obstante, fuentes de CSIF precisaron a Europa Press que el ministro de Hacienda podría citar a los sindicatos con anterioridad a la convocatoria de la Mesa General de las Administraciones Públicas para realizar una toma de contacto "más formal" de la negociación, informa El Economista.

La presión fiscal en España: inferior para los ricos que en la Eurozona

España tiene margen más que suficiente para subir impuestos. Así lo cree la UE y así se desprende de los datos comparativos entre los principales países. La presión fiscal, el ratio entre la suma de los impuestos y las contribuciones sociales netas y el Producto Interior Bruto, se situó en 2015 en el 34,6%, una décima más que el año anterior, pero cinco puntos y medio por debajo de la media de la UE y lejos -casi siete puntos- del 41,4% de la Eurozona.

6 millones de asalariados cobran el SMI o menos

El 34,3% de los asalariados en España (5.960.597 personas) percibieron en 2015 unos ingresos salariales iguales o inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), por debajo de los 6.791 euros al año, lo que supone casi 760.000 personas más que en 2007. Este aumento se ha producido a pesar de que el número total de asalariados se ha reducido en ese periodo en casi dos millones, hasta los 17,3 millones.

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