dimecres, 14 de desembre de 2016

2.500 millones de todos para la mafia fascista vaticana

La Conferencia Episcopal Española (CEE), a través de la asignación tributaria, ha tenido una vía de financiación pública muy estable incluso durante la fase más aguda de la crisis, cuando los recortes eran la tónica general. Desde su entrada en vigor en 2007, el modelo pactado con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha proporcionado a la Iglesia católica 2.500 millones de euros en números redondos. Esta cifra sólo incluye el dinero recibido por el máximo órgano de representación de los obispos gracias a los contribuyentes que marcan cada año la casilla dedicada a tal fin en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). En los 2.500 millones no se contabilizan, por tanto, otros ingresos que obtiene la Iglesia de las administraciones públicas, ni los beneficios fiscales de los que todavía disfruta. Foto: España, aún en el Antiguo Régimen, entre mafiosos, tiranos y sectarios.

Dentro del mecanismo de la asignación tributaria, Hacienda desempeña en teoría el papel de mero recaudador, pues se limita a hacer realidad el deseo de los contribuyentes que quieren que parte de sus impuestos sirvan para financiar a la Iglesia. Pero como eso no les obliga a desembolsar ninguna cantidad adicional, sino que el dinero se detrae íntegramente de los Presupuestos Generales del Estado, al final, acabamos pagándolo entre todos. La aportación a Cáritas, unos seis millones de euros al año, apenas representa el 2% del presupuesto de la secta mafiosa nazicatólica.

Se da la paradoja, así, de que las preferencias religiosas de una parte de la ciudadanía derivan en una obligación también para el resto de los españoles, que pueden tener otras creencias religiosas o ninguna. Según datos proporcionados por los obispos, el número de declarantes que marcan la casilla se sitúa en torno a los siete millones, lo que supone alrededor del 35% del total.

El montante de la asignación tributaria es bastante homogéneo y ronda los 250 millones de euros anuales. El ejercicio que arrojó una cifra mayor fue 2008, con 252 millones, y el peor, 2007, en que se contabilizaron sólo 241, coincidiendo con el primer año de su implantación. Aunque los últimos datos oficiales datan de 2014, es fácil estimar que hasta 2016, la CEE se habrá embolsado por este concepto unos 2.500 millones de euros.

Ese dinero sirve, entre otras cosas, para costear las actividades de las 70 diócesis españolas, la Seguridad Social del clero (que cotiza por el salario mínimo interprofesional) y el sueldo de los obispos. También sale de ahí la aportación a Cáritas, unos seis millones de euros al año, que apenas representan el 2% de su presupuesto y que contrastan, por ejemplo, con los diez millones que la Iglesia destina al sostenimiento de la cadena nazi 13tv, informa Público.

Cifuentes, al servicio de la secta nazicatólica

En 2010, Aguirre privatizó parte del servicio con un contrato de seis años que finalizó en febrero y que Cifuentes ha alargado todo 2016 a seis entidades, cinco de ellas de la secta nazicatólica vaticana, tan incompetente como corrupta. La llegada de Cristina Cifuentes a la Comunidad de Madrid no ha frenado la relación entre los Gobiernos franquistas del PP y la secta mafiosa vaticana.

El New York Times denuncia el franquisme persistent en el PP

El feixisme inherent i intrínsec del PP i el règim actual com herència directa del franquisme i una transició lampedusiana, denunciades en un article contundent al New York Times: 'No s’han passat comptes, no hi ha hagut cap equivalent de la desnazificació de l'estat'.

El obispo de Jaca roba otras 14 iglesias románicas y 9 góticas

El obispo de Jaca Julián Ruiz se ha hecho con la propiedad de catorce iglesias románicas y otras nueve góticas en el Pirineo aragonés tras aceptar el Registro de la Propiedad de esa ciudad su anotación como “declaración de obra nueva antigua”. El Ayuntamiento de Jaca dispone de seis meses para presentar alegaciones a esas anotaciones, ya que a mediados de mayo de 2017 vence el plazo de dos años del que disponen las instituciones con competencias en urbanismo para pronunciarse sobre la legalidad de ese procedimiento, en el que también tendrían algo que decir la Diputación de Huesca y el Gobierno de Aragón. Los obispos de Huesca inmatriculan monumentos mientras piden ayudas por los bienes en Cataluña.

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