dimecres, 21 de desembre de 2016

Denuncia judicial contra Rajoy y Zoido por “sabotear” el desarme de ETA

Mikel Arizaleta, ex concejal de HB en Bilbao, ha formulado una querella en los juzgados de Bilbao tras el operativo policial del pasado viernes en el País Vasco francés, donde fueron detenidos cinco activistas sociales comprometidos con la destrucción de las armas de ese grupo. Este martes, un juez de París ha dispuesto la libertad “bajo control judicial” de todos ellos. El final de ETA ya tiene un nuevo capítulo en los juzgados. Esta vez, los denunciados no son los miembros de esa organización. Tampoco quienes pretenden verificar la destrucción de su armamento, sino aquellos que impiden que esa verificación se produzca: el presidente Mariano Rajoy y su ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido. Un ex concejal de Herri Batasuna en Bilbao, Mikel Arizaleta, ha presentado una querella contra ambos franquistas por “perturbar”, “impedir” y “sabotear” el proceso de inutilización de los arsenales, tal como ocurrió el pasado viernes en una vivienda de Luhuso (una pequeña localidad situada en el País Vasco francés), donde fueron detenidos cinco activistas sociales.

La denuncia formulada por Arizaleta (traductor y antropólogo de profesión) ante el Juez de Guardia también está dirigida contra los “miembros participantes de la Guardia Civil” que tomaron parte en ese operativo, bautizado por la Benemérita como “Seminario”. En esa redada (efectuada con la colaboración de Dirección General de Seguridad Interior (DGSI) francesa) fueron detenidos el sindicalista Michel Berhocoirigoin, el ecologista Jean-Noël Etcheverry, la periodista Béatrice Haran-Molle, el camarógrafo Stéphane Etchegaray y el viticultor Michel Bergougnian. Todos ellos (con una reconocida trayectoria en el País Vasco francés) iban a participar en la inutilización del 15% del arsenal de ETA. Este procedimiento, con el que sus promotores buscaban consolidar el nuevo escenario de paz, había sido acordado previamente con la organización armada a través de varias cartas.

Coincidiendo con el traslado de todos ellos a París para ser interrogados por un juez, Arizaleta se acercó hasta los juzgados de Bilbao para formular su denuncia. En ese texto, el querellante defiende “la contribución a la paz” que buscaban los detenidos. Además, destaca que la propia redada muestra que ETA ha iniciado la “destrucción de sus arsenales, haciéndolo (por impedimento del gobierno español y hostigamiento de la misma Audiencia Nacional) mediante la participación civil”.

En otro párrafo del documento, remarca que “tras un doloroso periodo de décadas de lucha armada, de muertos, asesinatos, torturas, cárceles, juicios, penar y dolor, amnistías interesadas, juicios farsas, vulneraciones legales de derechos humanos incluso por parte del Estado español y sus instituciones, grupos de mafia y mercenarios paraestatales”, la operación policial del pasado viernes demuestra que “contribuir a la paz, a la destrucción de arsenales, a la pacificación de la sociedad” resulta “perseguido por un gobierno, que, por otra parte, exporta guerra y armamento a otros países”.

En tal sentido, Arizaleta advierte a la justicia sobre “el papel que viene jugando el gobierno español y sus instituciones policiales y judiciales”, así como su “agresividad y desprecio de derechos fundamentales elementales”. Por tales motivos, no duda en calificar el operativo policial desarrollado en la provincia de Lapurdi como un “boicot a un proceso de paz”. Así las cosas, reclama que su denuncia sea tramitada “para que estos boicoteadores de la paz sean sentados en el banquillo, juzgados y condenados”.

Mientras los tribunales de Bilbao analizaban esta denuncia (de momento no ha trascendido cuál será su futuro), los detenidos en la vivienda de Luhuso emprendían este martes el regreso a casa tras ser interrogados en París. A pesar de las declaraciones grandilocuentes realizadas el pasado fin de semana por el ministro Zoido (quien obvió en todo momento que los detenidos no pertenecían a ETA y se centró en el golpe contra los arsenales que implicaba la operación), un juez de esa ciudad ha decidido dejarles en libertad bajo control judicial. Además, el magistrado ha retirado la acusación de “asociación de malhechores” que pesaba sobre ellos.

Cuando vuelvan a su vida cotidiana, comprobarán que su iniciativa ha tenido un efecto contagio entre varias decenas de activistas sociales: si hasta el pasado viernes solamente eran ellos quienes estaban dispuestos a arriesgar su libertad para contribuir al desarme de ETA, hoy son muchos los que se ofrecen para impulsar la denominada “vía civil”. No en vano llegaron a recibir hasta 23 mil apoyos en una recogida de firmas a través de internet.

Juan Ignacio Zoido: corrupto, idiota, lameculos, fascista e imbécil

10 momentos de Juan Ignacio Zoido como alcalde de Sevilla (2011-2015) que muestran su estupidez, incultura, fascismo y cretinidad mayúsculas, sin duda razones de peso para que el corrupto y deficiente Rajoy le ponga entre su tropa de tarados y nazis de pandereta y circo, al estilo del opusitorio y delirante Jorge Fernández Díaz, que el capo del narco Mariano Rajoy ha destinado al Ministerio del Interior, para que todo siga igual o peor. Relajado con la Ley de Memoria Histórica. Tras la denuncia en 2015 del abogado especializado en Derechos Humanos Eduardo Ranz contra 38 alcaldes, entre ellos Zoido, por un supuesto delito de desobediencia que habrían cometido al vulnerar la Ley de Memoria Histórica, Juan Ignacio Zoido rechazó que hubiera símbolos franquistas en la ciudad: "¡Que me digan dónde hay uno!", exclamó ignorando los numerosos restos que todavía hay en el edificios y calles de la capital hispalense. De hecho, casi ocho años después de aprobarse en pleno cambios en 46 calles durante el mandato del PSOE e IU, el proceso ha empezado en 2016.

Rajoy y un Gobierno con muchas propiedades y bien forrado

Los diez miembros del Gobierno de los que se conocen sus bienes en detalle (faltan las declaraciones de De la Serna, De Guindos y Dastis por no ser diputados y las de Nadal porque no están publicadas en la página web del Congreso de los Diputados), suman 73 inmuebles en propiedad, tanto directa como a través de sociedades. La mayor “propietaria” inmobiliaria del Gobierno es Isabel García Tejerina, que cuenta con 28 inmuebles en su haber a través de la participación que ostenta del 20% en dos empresas: Isabel La Católica SL y Huerta del Rey SL. Fátima Báñez es la otra gran propietaria del Ejecutivo, con nueve inmuebles declarados: una vivienda en Madrid y otra en Huelva adquiridas por Báñez y otras cuatro viviendas, un solar y dos fincas rústicas en Huelva procedentes de una herencia. El nuevo portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el de Interior, Juan Ignacio Zoido, cuentan con seis inmuebles de su propiedad.

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