diumenge, 4 de desembre de 2016

Detenidos un concejal del PP y su esposa por estafar 160.000 € a una anciana

Los temas judiciales con implicación de cargos del Partido Popular siguen protagonizando la vida política en la provincia de Castellón. El enésimo afecta a un edil de Cabanes, Andrés Safont, que incluso ejerció como alcalde accidental del municipio en mayo pasado tras la renuncia de Estrella Borrás. Sin embargo, una coalición progresista entre el PSPV y Units pel Poble impidió a última hora que el concejal del PP liderará el equipo de gobierno durante el resto de la legislatura. Safont ha sido detenido, junto a su pareja, por presuntamente estafar 160.000 euros a la anciana que cuidaba la propia mujer en Oropesa, localidad donde precisamente el popular fue edil entre 2011 y 2015. Según informa la Guardia Civil, ambos han sido acusados de supuestos delitos de estafa, apropiación indebida, usurpación de estado civil, falsedad documental y revelación de secretos. Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción número 6 de Castellón. Foto: Andrés Safont, a la derecha, con la exalcaldesa de Cabanes, Estrella Borràs.

La actuación se inició cuando familiares de la víctima denunciaron en el Cuartel de la Guardia Civil de Oropesa que tenían sospechas de que la persona encargada del cuidado de su tía pudiera estar sacando dinero de sus cuentas bancarias, aprovechado que se trataba de una mujer de avanzada edad, viuda y sin allegados en la Comunidad Valenciana.

Por dicho motivo, los agentes abrieron una investigación, comprobando que la detenida había conocido a la víctima más de un año atrás en un local en el cual trabajaba, obteniendo así datos de su elevado patrimonio y situación personal. Es por ello que se ofreció a acompañarla para hacer compras y gestiones en entidades bancarias, al no disponer la anciana de vehículo propio y vivir en una zona alejada del centro urbano. De esta forma, se ganó la confianza de la estafada, teniendo así acceso a su tarjeta de crédito, claves, documentación y correspondencia personal.

En una de las sucursales la detenida hizo reintegros en cajeros automáticos en siete meses por un importe de 57.400 euros, llegando incluso a hacerse pasar por la titular de la cuenta al objeto de ampliar vía telefónica el importe máximo de retirada diario. En otro banco, al no disponer de tarjeta de crédito, falsificó diversas autorizaciones de retirada de efectivo a su favor por un importe total de 8.000 euros.

Tras anularse la tarjeta de débito por motivos de seguridad por parte de la entidad bancaria debido a los numerosos movimientos impropios de una persona de su edad y características, al serle remitida una nueva tarjeta al domicilio, la detenida accedió a la correspondencia personal de la anciana, recogiendo y activando la nueva tarjeta, con la que siguió efectuando compras en diversos centros comerciales de la provincia, perfumerías, reservas en hoteles de lujo y compras de material médico para el negocio de su pareja sentimental. El patrimonio de la víctima se vio reducido en menos de un año en 160.000 euros. Parte del dinero adquirido fraudulentamente fue invertido en realizar obras en un local comercial que ambos poseen al objeto de acondicionarlo para instalar un negocio, informa eldiario.es.

Sant Cugat en el centro de la corrupción de CDC

Dos de los principales casos de corrupción que se han destapado en Cataluña en los últimos años pasan por los despachos del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès: el caso del Palau de la Música y el caso Petrum (las comisiones de obra pública del 3%). No se trata de sospechas. Hay evidencias documentales que así lo demuestran. Pero la actual alcaldesa de la ciudad, Mercè Conesa, y su antecesor en el cargo, Lluís Recoder, son especialistas en lanzar las pelotas fuera y nunca han querido asumir sus responsabilidades, y han afirmado que todo ello eran insinuaciones malévolas.

Valencia: las viviendas sociales, ocupadas o inhabitables

O están ya ocupadas o están en obras para su reforma o son inhabitables. Y a las puertas aguardan aproximadamente 9.000 personas con riesgo de quedarse sin techo por falta recursos. Está es la complicada situación que atraviesa el parque de viviendas de alquiler social que gestiona la Generalitat. Se trata de hogares destinados a los más necesitados: personas que se quedan en la calle por un desahucio, víctimas de malos tratos protegidas por la ley o familias con recursos mínimos en riesgo de exclusión social. En definitiva, un salvavidas público para el derecho a la vivienda digna que funciona con el sistema de alquiler con bonificaciones de hasta el 90% para las personas menos pudientes. En su gestión está implicada la Conselleria de Vivienda, en colaboración con Igualdad y Políticas Inclusivas y los servicios sociales municipales.

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