divendres, 23 de desembre de 2016

El diputado de PP Víctor Soler, imputado por corrupción en la Púnica

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera al concejal del PP de Gandia y diputado provincial Víctor Soler (foto) supuesto autor de los delitos de fraude, cohecho y malversación en el marco del caso Púnica. Esta acusación consta en un informe remitido al juzgado central de instrucción número 6 de Madrid, que dirige Eloy Velasco, sobre el supuesto pago irregular de servicios de 'reputación online' para el exalcalde de Gandía Arturo Torró prestados por empresas de Alejandro de Pedro, considerado el "conseguidor" de la trama corrupta Púnica. La fiscalía archiva la investigación sobre Feria Valencia por corrupción.

Los investigadores subrayan las "evidencias" que sitúan a Soler como "interlocutor directo" de De Pedro para determinar dichos trabajos reputacionales, que fueron cargados al Ayuntamiento, y la forma de pagarlos. Según las pesquisas policiales, Soler, con el visto bueno de Torró, se puso en contacto con el vicesecretario de organización del PP local, Dionisio Ollero, para que éste buscases una forma de pagar la deuda que el Consistorio mantenía con De Pedro por sus trabajos, aunque éstos no fueron para el Ayuntamiento, sino para el PP. Ollero acordó con un empresario de la construcción de Gandia (Construcciones Gomuñoz), adjudicatario y acreedor en aquellos momentos (2013) del Ayuntamiento, para que asumiese el pago de dichos trabajos.

La fiscalía archiva la investigación sobre Feria Valencia por corrupción


La Fiscalía Anticorrupción ha decidido archivar las diligencias abiertas para esclarecer los sobrecostes y el uso irregular de los fondos en Feria Valencia. Tras más de dos años de pesquisas sobre la institución ferial y un análisis exhaustivo de toda la documentación, el fiscal considera que no existen indicios de delito para llevar el caso al juzgado y abrir una causa penal. El asunto arrancó a finales de 2014 y de una forma hasta ese momento inédita. Por primera vez, la Intervención de la Generalitat Valenciana, el órgano de control de las cuentas de la Administración, enviaba un informe a la Fiscalía de Valencia motu propio.

La Conselleria de Hacienda, de la que depende Intervención, estaba dirigida en aquel momento por Juan Carlos Moragues. Ese documento cuestionaba de manera directa la actuación de la entonces alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que formaba parte del patronato de la institución ferial. Las relaciones entre ambos dejaron de ser cordiales. El dosier de la Intervención, que cifraba en un 86% el sobrecoste de las obras de ampliación del recinto y numerosos gastos sin justificar, también dejaba al presidente de la institución, Alberto Catalá, y a la directora, la también exconsellera Belén Juste, en una posición más que comprometida.

La situación ha cambiado. Al menos por parte de la fiscalía que entiende que los hechos no revisten entidad para arrancar un proceso penal. Las consecuencias deberían depurarse en el ámbito administrativo. Desde esta tesis, los sobrecostes en la ampliación del recinto serían responsabilidad de la administración que no cumplió con el deber de vigilancia que se le presupone.

El trabajo de la Intervención reveló unos sobrecostes del 86,7% por ciento de media en las obras de ampliación de la Feria. Esto suponía que a la Generalitat, al ser avalista de la institución comercial, las actuaciones le iban a costar más de mil millones. El agujero se terminaría de pagar en 2029. También se ponía en tela de juicio determinadas fórmulas de contratación que supuestamente no habrían respetado la normativa legal. Una cuestión que, por otra parte, se repite en casi todas las administraciones con independencia del signo político. Una de las sospechas era que parte de ese dinero, en realidad, hubiera ido a parar a dirigentes de las instalaciones. Este extremo no se ha acreditado.

Además, las diligencias abiertas por la Fiscalía Anticorrupción abarcaban los gastos realizados por diferentes directivos con su tarjeta del recinto. Catalá y Juste estaban bajo cuestión, pero también otros responsables como el exsecretario general, Enrique Calomarde, y la que fuera responsable de Marketing entre 2008 y 2012, Cristina Olmeda. También esta parte de las pesquisas se ha archivado. No hay que olvidar que el Ministerio Público es un órgano jerárquico y recientemente la Fiscalía del Supremo decidió no presentar una denuncia sobre los famosos gastos de Rita Barberá en su última legislatura en el Ayuntamiento. El caso, denominado Ritaleaks, se frenó antes de llevarse al Tribunal Supremo. Este criterio puede haber pesado también en el archivo de estas actuaciones.

El PSPV pidió en su día a la Fiscalía que investigara los sobrecostes. Algunos dirigentes del partido, entre ellos Manolo Mata y José Muñoz, pronosticaron que iba a ser el mayor caso de corrupción de la historia de la Comunitat. El archivo de la fiscalía no supone un cierre definitivo. El partido socialista, por ejemplo, o cualquier otra entidad, podría presentar una denuncia directamente en un juzgado para que se investigaran los sobrecostes. No obstante, con este pronunciamiento inicial de la fiscalía sería más complicado que alguien terminara finalmente sentándose en el banquillo, informa Las Provincias.

La mafia Púnica del PP se forró con las inauguraciones de Aguirre

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga la organización de fiestas de inauguración de obras del Metro de la Comunidad de Madrid bajo la presidencia de Esperanza Aguirre. Estos actos fueron organizadas por Waiter Music, una de las empresas centrales con la trama de corrupción Púnica. Según consta en los últimos tomos del sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco sobre los que se ha levantado el secreto sumarial, los investigadores han pedido documentación o tomado declaración como testigos a directivos de FCC, Sacyr y Dragados, empresas que ejecutaron las obras y pagaron las fiestas de inauguración de tramos de la L3 y la L7 en el año 2007, con Aguirre como presidenta de la Comunidad, con más de 700.000 euros para una de las empresas de la trama mafiosa Púnica del PP, para determinar la razón por la que se contrató a Waiter Music.

El TC investiga la corrupción de Rudi en Aragón

El Tribunal de Cuentas revisará la gestión económica, y las eventuales responsabilidades que puedan derivarse de ella para los exaltos cargos, que desarrolló el Gobierno de Aragón del PP-Par que, entre 2011 y 2015, presidió la reaccionaria y retrógrada Luisa Fernanda Rudi: duplicó la deuda de la comunidad, que pasó de 3.403 a 6.626 millones de euros en cuatro años (en consonancia con el resto de autonomías franquistas), con una política de recortes que hastió a los aragoneses hasta echarla como a sus remedos nazis Rita Barbará o Cospedal. Varios aspectos de esa gestión van a ser supervisados por el Tribunal de Cuentas tras el trabajo preliminar de la Cámara de Cuentas autonómica, que ya le ha remitido un informe sobre las “debilidades de control” en la gestión del circuito motociclista La Ciudad del Motor de Alcañiz, que en 2013 y 2014 acumuló pérdidas por 15,4 millones de euros tras recibir 10 millones en subvenciones.

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