dimarts, 6 de desembre de 2016

El PP propone ahora prohibir los indultos a corruptos

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha propuesto este lunes a los grupos parlamentarios "articular por ley la prohibición de indultos a condenados por corrupción", una medida que en mayo del 2015 planteó el PSOE y vetó Rajoy con la mayoría absoluta de corruptos con que entonces gobernaba. Catalá destacó que los indultos se conceden con carácter excepcional y que, de un 6,6% de concesiones en el 2012, se ha pasado a un 1,24% en el 2015 y ninguno de ellos ha sido para condenados por corrupción, violencia de género o accidentes de tráfico, aunque estos últimos se vetaron después de que su antecesor, Alberto Ruiz-Gallardón, se lo hubiera concedido a un kamikaze valenciano al que su gabinete de abogados defendía en privado. Ese indulto suscitó la principal polémica sobre medidas de gracia de la anterior legislatura.

Pero al hablar del tema, el ministro propuso que "no se indulte jamás" un delito de corrupción y que "esa decisión no dependa nunca de ningún gobierno". Paradójicamente, el PSOE ya lo propuso y fue tachado de "oportunista" por el PP.

Para el resto de las que serán las líneas de su legislatura, que básicamente coinciden con las que se propusieron en la que se inició hace cinco años y cuya conclusión le correspondió a él en sustitución de Ruiz-Gallardón, se remitió a la necesidad de encontrar el consenso a través del diálogo. Aunque, en referencia a Catalunya, respondió a la portavoz del Partit Demòcrata, Lourdes Ciuró: "Cuando alguien dice 'referéndum sí o sí', no sé si eso es propio de alguien que quiere dialogar", algo que aseguró que ya se había puesto en práctica con la Generalitat en el anterior Gobierno de Mariano Rajoy y, como ejemplo, señaló que se había acordado el incremento de la planta judicial catalana en 12 plazas.

No obstante, aseguró que la Abogacía del Estado y la Fiscalía seguirán trabajando, porque "un nuevo tiempo" no puede suponer "incumplir obligaciones". Previamente, había dicho que "después de dos citas electorales en un mismo año", los políticos tienen "un mandato que cumplir todos juntos, de alcanzar acuerdos".

Catalá abogó por poner en marcha una reforma que la justicia necesita "con urgencia": impulsar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal --ya reformada en la anterior legislatura cuando se fijaron los plazos máximos de instrucción-- para entregar la investigación al fiscal, bajo la supervisión de un juez de garantías. "Nuestra justicia penal no puede seguir funcionando con una ley del siglo XIX modificada en 75 ocasiones", dijo el ministro antes de calificar de "exhausto" el Estatuto Fiscal de 1981, cuya reforma es imprescindible para el éxito de la futura ley, que también intentó el PSOE cuando gobernaba. Además, pidió a los portavoces parlamentarios que "no transmitan la idea de que el Gobierno le dice a la fiscalía lo que tiene que hacer" y negó tajantemente que el Ejecutivo hubiera dado instrucciones al ministerio público para interponer querellas, como la presentada contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas, que dijo que había sido una decisión fiscal "autónoma".

También fió el ministro al consenso la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, la reforma de los aforamientos y la limitación de las puertas giratorias en la justicia. Como oyentes, dos magistrados: la presidenta de la comisión de justicia, Margarita Robles, y el portavoz socialista, Juan Carlos Campo, que se dio por aludido y recriminó al ministro "el celo especial" que tiene con su carrera e irónicamente le contestó que, si ese problema solo afecta a 15 o 20 jueces, no sería difícil solucionarlo, informa El Periódico.

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