dimecres, 14 de desembre de 2016

El TC bloquea la convocatoria del referéndum

El Tribunal Constitucional ha suspendido cautelarmente las resoluciones adoptadas por el Parlamento de Cataluña el pasado 6 de octubre relacionadas con el impulso al proceso soberanista, entre ellas la que preveía celebrar un referéndum en septiembre de 2017 "como muy tarde". Esta decisión, adoptada por unanimidad, resulta de la admisión del recurso presentado por el ejecutivo que lidera Mariano Rajoy e incluye, como quería la Abogacía del Estado, una advertencia dirigida a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y al presidente del Gobierno de la Generalitat, Carles Puigdemont. Advierte a Puigdemont y Forcadell que tienen que actuar para que nadie eluda la suspensión.

Les dice que tienen que impedir o paralizar toda iniciativa que ignore o eluda esta suspensión y les advierte, además, que podrían incurrir en responsabilidades, incluso de naturaleza penal. El TC dispone en este asunto de la capacidad para inhabilitar cargos públicos que no obedezcan sus resoluciones, una facultad otorgada por la reforma legal del Gobierno español.

Argumentando tal petición, la Abogacía del Estado español considera inconstitucionales los capítulos de la resolución aprobada el 6 de octubre titulados "Referéndum" y "Proceso Constituyente", ambos dentro del Título dedicado a "El futuro político de Cataluña". A este respecto, el gobierno del PP ha estimado que lo aprobado vulnera la sentencia del TC que en 2015 declaró inconstitucional la resolución que ponía en marcha el proceso de "desconexión".

El Gobierno central alude a la decisión del Tribunal Constitucional de anular la declaración del 9 de noviembre del año pasado (la "hoja de ruta" del Gobierno catalán), y suspender las conclusiones de la comisión parlamentaria de Proceso Constituyente, entre las que se incluía la posibilidad de convocar un referéndum unilateral. El TC español acuerda de igual modo la suspensión cautelar de los apartados recurridos, una suspensión que se produce de forma automática cuando así lo solicita el Gobierno.

De acuerdo con las estimaciones del Gobierno de España, lo aprobado por el Parlament también contravendría lo resuelto por el TC en otros dos incidentes de ejecución de sentencia que concluyeron con la anulación de la creación de comisiones parlamentarias (auto del 19 de julio de 2016) y la ratificación del informe y las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente. A partir de hoy miércoles y después del envío del escrito de la Abogacía al Ministerio Fiscal, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, tienen un plazo de 20 días para formular las alegaciones que consideren oportunas.

Cabe mencionar que Cataluña, en el noreste del país, busca independizarse del Estado español. El barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat mostraba en noviembre pasado que, en el caso de que se celebrara un referéndum soberanista en la región nororiental, el 44,9 % de los catalanes votaría ‘sí’ a la independencia.

Los detenidos de la CUP, en libertad tras negarse a declarar

El objetivo de la Audiencia Nacional está claro: no se pueden desoír sus citaciones. Por eso, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ordenó la detención de los cinco miembros y simpatizantes de la CUP que habían sido identificados como autores de la quema de fotos del rey Felipe VI durante la manifestación que el partido organizó para la Diada. Hoy, tras ser conducidos a la Audiencia Nacional y comparecer ante el magistrado, han quedado en libertad. Foto: Concentración de la CUP ante la Audiencia Nacional en solidaridad con los detenidos.

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