divendres, 23 de desembre de 2016

El TC investiga la corrupción de Rudi en Aragón

El Tribunal de Cuentas revisará la gestión económica, y las eventuales responsabilidades que puedan derivarse de ella para los exaltos cargos, que desarrolló el Gobierno de Aragón del PP-Par que, entre 2011 y 2015, presidió la reaccionaria y retrógrada Luisa Fernanda Rudi: duplicó la deuda de la comunidad, que pasó de 3.403 a 6.626 millones de euros en cuatro años (en consonancia con el resto de autonomías franquistas), con una política de recortes que hastió a los aragoneses hasta echarla como a sus remedos nazis Rita Barbará o Cospedal. Varios aspectos de esa gestión van a ser supervisados por el Tribunal de Cuentas tras el trabajo preliminar de la Cámara de Cuentas autonómica, que ya le ha remitido un informe sobre las “debilidades de control” en la gestión del circuito motociclista La Ciudad del Motor de Alcañiz, que en 2013 y 2014 acumuló pérdidas por 15,4 millones tras recibir diez en subvenciones.

El mismo órgano de control le remitirá próximamente otro en el que plantea la posibilidad de que varios exaltos cargos tengan que devolver de su bolsillo a las arcas autonómicas los 268 millones cuyo gasto ordenaron pese a carecer de consignación presupuestaria y que quedaron pendientes de pago al cierre del ejercicio de 2014. La Cámara de Cuentas decide trasladar este último documento al Tribunal de Cuentas para que, entre otros aspectos, valore si los hechos que relata en uno de sus capítulos “pudiera constituir infracción de la que se pueda derivar responsabilidad contable”; es decir, la obligación de que los responsables de esos gastos indemnicen con su valor a la comunidad autónoma por “comprometer gastos, reconocer obligaciones y ordenar pagos sin crédito suficiente para realizarlos”.

La Ley de Transparencia, recuerda el informe, “califica como infracción muy grave, a los efectos de exigencia de responsabilidades, la conducta, si es culpable, de comprometer gastos, reconocer obligaciones y ordenar pagos sin crédito suficiente para realizarlos”. El informe, que señala cómo el presupuesto de la comunidad para 2014 incluyó infradotaciones de cerca de 200 millones en algunos departamentos y organismos mientras los ingresos se quedaban 178 por debajo de lo previsto, recuerda cómo son “nulos de pleno derecho” los “compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en la Ley de Presupuestos”.

Y estos ascendían al cierre del año a 268 millones: 237 en el Salud, 13 la administración de la comunidad, 10 en el Instituto Aragonés del Agua -7,9 de ellos para el polémico Plan de Depuración, cinco en el Consorcio Sanitario de Alta Resolución y tres en el Banco de Sangre. El informe de la Cámara de Cuentas aragonesa sobre la Ciudad del Motor, una empresa pública que en sus catorce años de existencia ha consumido recursos públicos a una media de 2.000 euros por hora, destacan “el elevado importe de las pérdidas de la sociedad”, que en esos dos ejercicios “duplican la cifra de negocio”.

En esos dos años, los responsables de Motorland repartieron 6.931 entradas valoradas en 377.614 euros como invitaciones sin que existiera “un procedimiento que recoja los criterios para realizar entregas gratuitas de invitaciones, ni el cupo máximo a conceder”. Aunque la falta de controles, de hecho, pareció en esos años más una seña de identidad que una excepción. “Con carácter general no se identifica el puesto ni la persona que firma las facturas recibidas”, concluye la Cámara de Cuentas, que señala como habitual la ausencia de alguna “memoria justificativa que acredite que el gasto se ha realizado conforme a las condiciones del contrato o de la orden de pedido”.

Así, el órgano de fiscalización detectó, “una debilidad muy significativa del control interno de la sociedad en la verificación de los servicios o suministros recibidos que justifican los gastos”, a lo que se suma que 18 empresas facturaron en dos años 1,23 millones “sin que conste procedimiento ni expediente de contratación alguno”. Y, al mismo tiempo que consideraba no acreditados los motivos por los que los miembros del consejo de administración recibieron 8.888 euros en dietas de asistencia, llamaba la atención sobre el hecho de que el gerente cobrara en esos dos ejercicios 36.366 euros más de lo estipulado y, también, sobre que veinte empleados se repartieran 439.654 euros en complementos que “no estaban previstos en los convenios colectivos de aplicación aunque sí estaban previstos en la mayoría de los casos en sus contratos de trabajo”.

Los informes de la Cámara de Cuentas se sitúan en la misma línea que algunas resoluciones que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han emitido en los últimos meses. El primero de esos órganos constató cómo el ejecutivo autonómico de Rudi, que en cuatro años tuvo tres consejeros y tres directores de Presupuestos (la última de ellas acabó gobernando con el PSOE), aplicó criterios erróneos y realizó anotaciones indebidas para tratar de maquillar un desfase de 244 millones en el déficit que provocaron las políticas de supuesta austeridad.

El Supremo, por su parte, ratificaba la condena a pagar 37 millones de euros en costas que previamente había impuesto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al Gobierno aragonés por reclamar, sin ningún fundamento legal, que el central le indemnizara con 369 millones por la merma de ingresos que le habían supuesto las rebajas fiscales de José Luis Rodríguez Zapatero. La sentencia consideraba “evidente” que la reclamación “carece de fundamento legal”, al tiempo que le afeaba al ejecutivo de Rudi que ni siquiera hubiera intentado buscar un acuerdo político con el Gobierno central, informa Público.

La Audiencia Nacional constata el desbarajuste contable del Gobierno PP-Par de Rudi


Al Gobierno de Aragón PP-Par que presidía Luisa Fernanda Rudi no le cuadraban las cuentas. Y eso es algo que ya ha alcanzado la categoría de hecho probado por sentencia. La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso que su ejecutivo interpuso contra la orden por la que el Ministerio de Hacienda le atribuyó un déficit de 666 millones en el ejercicio de 2013, en una resolución en la que constata anotaciones millonarias erróneas y el uso de criterios inadecuados que maquillaban en 244 millones el desbocado déficit en el que, en la práctica, derivaron las políticas de austeridad. El tribunal dictamina que el Gobierno de Aragón efectuó anotaciones millonarias improcedentes y aplicó criterios inadecuados con los que su equipo económico pretendía maquillar el descomunal aumento del déficit en el que derivaron las políticas de austeridad y recortes.

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