dimecres, 21 de desembre de 2016

Investigan la financiación del PP de Valencia en las elecciones de 2007

El juez ha ampliado la investigación sobre la financiación del Partido Popular de Valencia a las elecciones de 2007. Hasta ahora la causa se limitaba a las pesquisas sobre el blanqueo de capitales a las que se sumaban los dos delitos electorales de 2011 y 2015. No obstante, la llegada de abundante documentación y un informe de la UCO obligó al juez a decretar secreta esta parte de las pesquisas, según un auto notificado ayer a las partes. El escrito considera justificada esta medida excepcional pese al riesgo de que las averiguaciones lleguen a conocimiento «temprano» de los afectados. Además, según el instructor, «no se descarta la necesidad y procedencia de algún posible registro domiciliario... para evitar cualquier desaparición documental».

Las pesquisas de esta nueva vía de se concentran en la firma Laterne, tal y como adelantó ayer Valencia Plaza. La empresa, una mezcla de consultora de comunicación y publicidad, se encargó de la campaña de Barberá en 2007. Se da la circunstancia de que dos testigos de la causa, Jesús Gordillo y Patricia Iserte, trabajaron para esta firma, que quebró y dejó pendientes algunas nóminas, antes de recalar en el Ayuntamiento de Valencia a las órdenes de la exalcaldesa Barberá.

La abundante documentación permitiría concluir que numerosos contratistas del Consistorio colaboraron con generosas aportaciones a la firma bajo sospecha. La información hecha pública ayer apunta a que la inversión total de la campaña alcanzó los tres millones de euros, mientras que sólo se declararon unos 150.000 euros, una cifra similar a la que supuestamente se había gastado en las dos últimas citas electorales.

Las colaboraciones económicas, al parecer, son de cierta magnitud. La misma publicación cita los principales donantes entre los que aparecen Secopsa (375.000 euros); Sociedad de Agricultores de la Vega (450.000 euros) Rulv Valencia (UTE de Secopsa 100.000 euros); el Grupo Rover Alcisa (60.000); Urbana Ducat (30.000); Nou Litoral (360.000); PKL Real State (30.000); Pavasal (240.000); Luján (20.600); Lubasa (350.000 euros); Edival (30.000 y 20.000); FCC (200.000), y Ágora Patrimonial (30.000).

La empresa bajo sospecha, Laterne, así como otros filiales de similar denominación, estaba controlada por el empresario Sáez Tormo. En sus actos de campaña llegaron a contratar a la mercantil Orange Market, que posteriormente se descubrió como epicentro de la trama Gürtel en la Comunitat. También hicieron varias encuestas para el PP de la ciudad e incluso colaboraron por Valmor, empresa investigada ahora por irregularidades en la organización de las carreras.

No es la primera vez que surgen sospechas acerca de la actuación de Laterne. De hecho, en el pasado ya ha sido protagonista de algunos episodios con final poco claro. La firma impulsó la marca Valencia Experience que llegó a lucir en las camisetas del Valencia CF, pero que nunca pagó la esponsorización. Los empleados terminaron demandando a todo el holding: Laterne Product Council, Unigermans Triburg Council, City Marketing Council, Global Proyect by Cousins, Product Management Council y JSMM Investor, según se informó en su día.

El Centro de Estrategias y Desarrollo Valencia, una especie de laboratorio de ideas de la política municipal ideado por el entonces vicealcalde Alfonso Grau, también puede verse salpicado por las pesquisas. Desde esta sociedad se abonaron facturas por supuestos trabajos que Laterne o sociedades vinculadas a esta realizaron para el Consistorio en la época de Barberá. Los indicios de financiación ilegal en las otras elecciones no son tan sólidos como en estos comicios. En 2011 se registraron ingresos en efectivo que supuestamente procedían de un recaudador que aglutinaba a donantes que no querían figurar con su nombre. En 2015, la mecánica consistió en el supuesto blanqueo de 50.000 euros.

Valencia, la poca transparencia y las prebendas de los altos cargos

La Conselleria de Transparencia maneja los datos más sensibles de la Generalitat, entre los que se encuentran los salarios de los altos cargos del Ejecutivo: consellers, secretarios autonómicos, delegados del Consell, subsecretarios y directores generales. Un total de 102 nombres aparecen en la web de Transparencia como miembros del organigrama del Gobierno valenciano. El departamento creado esta legislatura por socialistas y nacionalistas pretende demostrar que la cúpula del Consell no tiene nada que ocultar, una voluntad que se presenta como un contraste frente a Generalitat de años anteriores, los liderados por el PP. Sin embargo, el área que dirige Manuel Alcaraz nunca lo tuvo fácil y sigue sin tenerlo. El papel es muy sufrido y los códigos y declaraciones de buenas intenciones han sido evidentes en el año y medio del Ejecutivo gestado en l'Acord del Botànic.

El último SMS de Rita Barberá y sus 37 horas en la habitación 315

El reloj marcaba la una de la tarde cuando Rita Barberá entraba por la puerta acristalada del hotel Villa Real acompañada de su sobrina. Era la decimoséptima vez que se hospedaba en este establecimiento madrileño de cinco estrellas. Tenía el rostro demacrado. La mirada abatida. Había salido exhausta de su declaración ante el fiscal Conde-Pumpido. Esperó durante unos minutos en uno de los sofás de su reluciente lobby. Un espacio decorado con esculturas decapitadas y mosaicos romanos. Su sobrina había subido a su habitación a recoger su maleta porque tenía que regresar a Valencia. Dejaba a su tía sola en la capital. La joven, de cabello rubio, se acercó a recepción para pagar su propia cuenta y un empleado le comentó que ya se lo cargarían a "la señora Rita".

Corrupción PP: La libreta de los enchufados en Imelsa

Jose María Aznar tenía un cuaderno azul donde apuntaba los ministros que formarían parte de su Gobierno. Salvador Ros también disponía de una libreta, pero para un propósito más humilde y menos ético: elegir quiénes iban a trabajar como brigadistas. Ros era el coordinador general de Brigadas en Imelsa. Hoy está prejubilado. El último informe de la Guardia Civil le sitúa como una de las personas clave en las contrataciones fraudulentas de Imelsa. En la libreta escribía «los nombres de las personas propuestas para ser contratadas y de parte de quién venían».

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