dilluns, 12 de desembre de 2016

Valencia, la poca transparencia y las prebendas de los altos cargos

La Conselleria de Transparencia maneja los datos más sensibles de la Generalitat, entre los que se encuentran los salarios de los altos cargos del Ejecutivo: consellers, secretarios autonómicos, delegados del Consell, subsecretarios y directores generales. Un total de 102 nombres aparecen en la web de Transparencia como miembros del organigrama del Gobierno valenciano. El departamento creado esta legislatura por socialistas y nacionalistas pretende demostrar que la cúpula del Consell no tiene nada que ocultar, una voluntad que se presenta como un contraste frente a Generalitat de años anteriores, los liderados por el PP. Sin embargo, el área que dirige Manuel Alcaraz nunca lo tuvo fácil y sigue sin tenerlo. El papel es muy sufrido y los códigos y declaraciones de buenas intenciones han sido evidentes en el año y medio del Ejecutivo gestado en l'Acord del Botànic.

Los populares dejaron aprobada al final de la pasada legislatura una Ley de Transparencia que indica en su artículo 9 la obligación de difundir las «retribuciones íntegras anuales, incluidas las indemnizaciones percibidas con ocasión del cese o despido, o por residencia o análoga» de los altos cargos públicos de la Administración valenciana. El Código de Buen Gobierno aprobado el pasado mes de mayo, ya elaborado por la conselleria de Alcaraz, obliga igualmente a ofrecer una «declaración de rentas percibidas», y se remite al artículo de la ley. Las imposiciones normativas pretenden controlar los salarios públicos con el fin de comprobar fácilmente si algún alto cargo está permitiéndose gastos por encima de sus posibilidades económicas. Sin embargo, y a pesar de que el código establece un plazo máximo de un mes para difundir los datos, cerca del 30% de los altos cargos del Consell continúan sin ofrecerlos. ¿Y del 70% restante? La inmensa mayoría, cerca del 80%, registra mayores retribuciones este año.

Se ha dado la circunstancia de que fue el pasado viernes cuando la Generalitat decidió cumplir masivamente con sus propias normas, con varios meses de retraso. Hasta el viernes, del centenar de miembros del Consell sólo había datos de una veintena de altos cargos, los que llegaron a su puesto tras la aprobación del Código de Buen Gobierno así como la mitad de los consellers, incluido el presidente y la vicepresidenta de la Generalitat. Sin embargo, desde hace 48 horas se pueden consultar en la web los datos que ofrece el Ejecutivo sobre las retribuciones directas que sus altos cargos percibieron 2015.

A lo largo del ejercicio pasado, en un costoso proceso de encaje y mestizaje, los principales escalafones de la Generalitat se fueron ocupando, si bien desde el Consell se aseguró que la causa del lento proceso eran los bajos sueldos que se reciben por ser un alto cargo, lo que disuade de incorporarse a muchos candidatos que actualmente trabajan en el sector privado. Hace un año ya se intentó, a través de una enmienda socialista, subir los salarios del Consell. Finalmente, se retiró.

De nuevo el PSPV promovió la misma iniciativa hace un mes, y de nuevo tuvo que renunciar por no lograr apoyos ni en la opinión pública ni entre la mayoría de los partidos de Les Corts. Sin embargo, al comprobar las cifras de salarios que se ofrecen en la web de Transparencia se constata que el 80% de aquellos altos cargos que facilitan sus retribuciones durante 2015 (cuando todos ellos pasaron al menos la mitad del año al margen del Ejecutivo) ganarán más al final del presente ejercicio. A pesar de que el Código de Buen Gobierno obliga a presentar esas rentas percibidas, en una treintena de casos no se puede acceder a esas cifras, lo que desde la Conselleria de Transparencia se atribuye a «un fallo informático» en el volcado de los datos realizado precipitadamente el pasado viernes.

De ese 70% de altos cargos sobre los que sí hay información, un 80% gana más ahora que antes de ocupar el puesto en el Consell. Media docena de ellos procede del sector privado. En total, apenas un 10% de la cúpula política de la Generalitat trabajaba anteriormente en empresas privadas, de los que seis ingresan más actualmente, tres pierden dinero y en un par de casos no se puede comprobar por falta de estadísticas. Una quincena de los que han mejorado sus ingresos anuales se dedicaba previamente a actividades vinculadas con el mundo de la política: diputados nacionales, autonómicos o provinciales, concejales, sindicalistas (de Comisiones Obreras y UGT) o militantes a sueldo de sus partidos (todos ellos del PSPV, lo cual es lógico porque la estructura orgánica de Compromís antes de las pasadas elecciones era muy reducida).

El resto de los que han variado positivamente sus retribuciones respecto al año pasado trabajaban para la Administración Pública: funcionarios y técnicos, docentes y miembros de instituciones universitarias o fundaciones. Respecto a los emolumentos que recopila Transparencia relativos a 2015 de los que han mejorado sus ingresos, el promedio durante el ejercicio pasado fue de cerca de 48.000 euros, una cifra que un año después se eleva hasta algo más de 61.500. La suma de todos los sueldos actuales supera los 3,5 millones de euros, mientras que durante el ejercicio pasado la acumulación de las retribuciones de estas mismas personas se situó en los 2,7 millones de euros, un incremento medio del 28%. En algunos casos los salarios apenas han mejorado, si bien en otras situaciones se han doblado. De las 73 fichas de altos cargos sobre las que Transparencia ofrece los datos ajustados al Código de Buen Gobierno, en 57 de ellas los miembros del Consell ganarán más al final del presente ejercicio que en 2015.

En el caso del presidente, la vicepresidenta y sus ocho consellers, los datos de la Conselleria de Transparencia señalan que tanto Puig como Montón, Marzà, Climent, Salvador, Cebrián y Alcaraz mejoran sus retribuciones. Por su parte, Oltra, Bravo y Soler las empeoran. El que registra un incremento más notable según las cifras que recoge Transparencia es el conseller de Educación, Vicent Marzà: de 36.000 a 65.000 euros, lo que supone un aumento del 80%. Por su parte, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, es la que más ha perdido. La fiscal y exportavoz del Consejo General del Poder Judicial señala que en 2015 percibió casi 80.000 euros, mientras que está previsto que durante el año actual cobre algo más de 66.500 euros, un 17% menos.

En el cotejo de los balances, tanto en lo referente al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, como en lo que se refiere a la vicepresidenta, Mónica Oltra, se han comprobado las cantidades aparecidas en las declaraciones de la renta de 2014. La líder de Compromís, cuando compatibilizó su actividad como abogada y como diputada en la oposición, declaró más ingresos que en la actualidad. Soler, como catedrático universitario, pasa de 73.000 euros a algo más de 66.000 euros, informa Las Provincias.

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