dimarts, 31 de gener de 2017

Caso Nóos: 7 meses sin sentencia y los reales ladrones en Suiza

Tal día como hoy hace un año —31 de enero de 2016— dio comienzo en la Audiencia de Palma la vista oral del caso Nóos. En el banquillo, la infanta Cristina de Borbón, su marido, Iñaki Urdangarin, y 15 procesados más, entre ellos el exministro y expresidente balear Jaume Matas. El ministerio público solicitaba para el cuñado del Rey hasta 19 años y medio de prisión por la presunta comisión de nueve delitos. Pedro Horrach, fiscal anticorrupción, sin embargo, exculpaba de responsabilidad penal a su esposa. La acusación popular —Manos Limpias— le atribuía la comisión de un delito fiscal en grado de cooperación necesaria.

La instrucción del caso Nóos se prolongó durante más de cinco años (desde 2010) como una más de las 25 piezas separadas del macroproceso Palma Arena. Antes del juicio, el tribunal provincial resolvió las cuestiones previas (11 de enero de 2016) y la improcedencia de aplicar a Cristina de Borbón la exculpatoria 'doctrina Botín' (29 de enero de 2016) elaborada por la Sala Segunda del TS. La vista oral consumió 61 sesiones entre el 31 de enero y el 22 de junio del pasado año. Se realizaron todo tipo de pruebas y alegaciones. El fiscal mantuvo su acusación contra Urdangarin (habría desviado hasta 6,1 millones de euros al Instituto Nóos, presidido por él, mediante acuerdos con las administraciones valenciana y balear) y la exculpación de la Infanta. Que sostuvo el sindicato Manos Limpias, cuyo responsable, Miguel Bernad, y el de Ausbanc, Luis Pineda, fueron a la cárcel en pleno desarrollo del juicio (abril de 2016) por presuntas prácticas mafiosas, entre ellas, la de chantajear con el ejercicio o retirada de la acción penal contra la infanta Cristina.

Sucintamente, estos son los datos más relevantes. Hoy, 31 de enero de 2017, la Audiencia Provincial de Palma no ha dictado sentencia. A un año del comienzo del juicio oral y a más de siete meses de que este se diese por concluido. La ponente de la resolución, la magistrada Samantha Romero, está “exenta de reparto” para redactar su propuesta de sentencia. No solo eso, sino que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Baleares le ha concedido una prórroga —la resolución debió estar lista en diciembre— hasta 31 de marzo para que siga con dedicación plena a este asunto sin que ello garantice que en esa fecha se haya dictado sentencia. O sea, que la decisión del tribunal podría demorarse meses más. Ante esta situación inédita, se aduce que la ponente y sus compañeras, las magistradas Eleonor Moyá y Rocío Martín, no logran ponerse de acuerdo.

Cierto es que el derecho no es una ciencia exacta, pero la impartición de la justicia no es un jeroglífico sino la comprobación de que los hechos están subsumidos en el tipo penal, que estos hechos están probados y que los magistrados, en conciencia, consideran que los autores de los mismos se condujeron con el dolo que exige su condena. O todo lo contrario, y deben ser absueltos. O condenados por unos delitos y absueltos por otros. Al parecer, la ponente ha elaborado un texto que va por los 1.000 folios, lo que es un atentado al sentido jurídico más común: como ejemplo, valga que la sentencia del 11-M se plasmó en 721 folios, la vista oral terminó el 3 de julio de 2007 y la resolución se dictó el 31 de octubre de ese año, es decir, en cuatro meses, mediando agosto.

En esa ponencia, la Infanta resultaría absuelta gracias, entre otras razones, a la buena defensa de los abogados Miquel Roca, Jesús María Silva y Pau Molins, y el debate se referiría al alcance de los delitos cometidos por su marido. Informaciones solventes señalan que Urdangarin —y esta es la causa de la demora de la resolución— se sustraería a varias de las imputaciones del fiscal por la imposibilidad de la comisión de delitos que se denominan 'de propia mano', es decir, aquellos que solo podrían perpetrarse por funcionarios o cargos políticos, entre ellos el de prevaricación y el de malversación de caudales públicos.

No porque en este procedimientos estén encausados la infanta Cristina y su marido clama menos al cielo la burda vulneración que la demora en sentenciarlo infringe al principio de seguridad jurídica, que es fundamental porque establece la certeza del derecho y la confianza en su aplicación. Aquí todo es incertidumbre y desconfianza, porque la justicia tardía es abusivamente agraviante hacia el justiciable, y provoca un recelo invencible porque supone que las magistradas discrepan de tal manera que impiden un funcionamiento mínimamente normal de la administración de la justicia. Se trata, simple y llanamente, de un desafuero, otro más, de la jurisdicción penal que hay que atribuir a su actual regulación, a los macroprocesos, a la falta de medios, pero también a jueces y magistrados que, disponiendo de todos los datos precisos, empeoran con insensibilidad la condición de los acusados con una dilación indebida e intolerable. Sin descartar que esté gravitando sobre el tribunal una no escasa presión ambiental.

Ignoro si este asunto —y otros, aunque son muy pocos con este registro de dilación— preocupa o no al Consejo General del Poder Judicial, pero debiera hacerlo. La calidad de la democracia no se contrasta solo con el funcionamiento de las instituciones representativas, el Gobierno central y los autonómicos. También, y muy especialmente, con la confianza en los juzgados y tribunales ordinarios, a los que la Constitución les encomienda juzgar y ejecutar lo juzgado (artículo 117 de la CE). De momento, la demora en sentenciar el caso Nóos —y no solo el caso como tal— ha pasado a constituir un reglón en el temario de Procesal en las facultades de Derecho de nuestro país. Y no hay que callarlo por el hecho de que perjudique injustamente a la infanta Cristina, a su marido y a 15 personas más. Por algo a la justicia se la representa estatuariamente con una figura de mujer con la balanza en la mano y los ojos vendados, informa El Confidencial.

Cristina e Iñaki Urdargarin viven en Ginebra, la ciudad suiza donde la familia fijó su domicilio a finales de agosto de 2013, tras pasar un año "muy amargo" en España como consecuencia de sus desmanes y latrocinios indecentes. A la espera de un posible procesamiento por delito fiscal y blanqueo de capitales relacionados con el caso «Nóos», Cristina de Borbón prosigue con sus actividades cotidianas en la ciudad de Calvino, donde tiene su despacho en la Fundación Agha Khan (AKDN), cabeza del ismailismo chiíta.

Horrach: "sería una sorpresa que Cristina de Borbón sea condenada"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha evitado este jueves valorar las palabras del fiscal del caso Nóos, Pedro Horrach (foto), que considera que se ha vulnerado la presunción de inocencia de la Infanta Cristina, pero sí ha opinado que "sin duda cuando un asunto judicial tiene tanto impacto mediático se crean prejuicios que a veces son negativos". En una entrevista, Catalá ha subrayado que todo el proceso penal se basa en la presunción de inocencia y ha lamentado que haya casos en los que parece haber una presunción de culpabilidad que hay que desmontar.

La Caixa recurrió al empresario Mas Millet para que Manos Limpias salvara a la Infanta

La investigación sobre Manos Limpias ha descubierto una subtrama en las negociaciones que mantuvo el supuesto sindicato de funcionarios con La Caixa para pactar la salvación de la infanta Cristina en el caso Nóos. La UDEF ha detectado que el banco recurrió en octubre de 2015 al abogado y empresario José María Mas Millet (foto) para asegurarse de que Manos Limpias abandonaba la acusación contra la hermana del Rey.

Altos cargos de Aguirre 'trocearon' ayudas para favorecer a Ausbanc

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional acaba de entregar un nuevo informe en la Audiencia Nacional sobre la presunta trama de extorsión de Manos Limpias y Ausbanc que acredita que la falsa organización de consumidores que presidía Luis Pineda (PP) recibió subvenciones públicas ilegales por valor de 6.286.772 euros. Según el documento durante al menos dos ejercicios, Ausbanc habría contado con la colaboración de dos altos cargos de la Comunidad de Madrid que fraccionaron subvenciones para poder entregárselas a dedo.

MÉS: «La corrupción de Matas se extiende hasta Bauzá»

El portavoz de MÉS per Mallorca, David Abril (foto), ha asegurado que pueden demostrar que «la sombra de corrupción de Matas se extiende hasta la legislatura de Bauzá» en relación al sobrecoste en las autopistas de Ibiza. Según ha detallado el portavoz, las dos sentencias del Tribunal Supremo se fundamentan en actos fraudulentos y ha explicado que «el coste de la autopista ha sido de 26 millones el kilómetro, siendo la más cara de Europa y de parte del extranjero». Abel Matutes asegura que nunca se benefició de la tierra de las autovías de Ibiza.

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