dimarts, 31 de gener de 2017

Caso Pujol: Juez y fiscal abroncan a la Policía por no acreditar las pruebas

El juez y la fiscal del caso Pujol han interrogado a destacados policías que han participado en la investigación para exigirles que acrediten el origen de la información con la que han elaborado sus últimos informes. A la vista de que las respuestas se han centrado en divagaciones, José De la Mata y Belén Suárez han llegado a abroncar a gritos a los agentes. Les acusan durante los interrogatorios de guardar la información confidencial de sus fuentes en «discos duros de andar por casa» que han sido destruidos; sospechan que los datos proceden de hackeos, y les advierten de que, o revelan sus fuentes, o emprenderán acciones contra ellos. Durante los últimos meses, la Policía ha usado su «información de inteligencia» para implicar en la trama a destacados ex altos cargos del PP y al propio Rey Don Juan Carlos.

El juez José de la Mata y la fiscal Belén Suárez han tomado declaración durante los últimos meses a los policías que han intervenido en el caso Pujol para que acrediten el origen de las últimas pruebas que han aportado en el sumario y que implican en la trama del clan catalán a ex altos cargos del PP, al testaferro de Rodrigo Rato o a Zourab Tchokotoua, íntimo amigo del Rey Don Juan Carlos. Estos interrogatorios forman parte de una nueva línea de investigación abierta por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional para esclarecer la actuación policial, en la que advierte numerosas irregularidades.

Estas pesquisas afectan a los numerosos informes presentados por la Udef durante los últimos meses. Pero también a las notas internas policiales elaboradas por el comisario José Manuel Villarejo y que apuntan la existencia de una negociación del CNI con los Pujol para que, siempre según su versión, no delaten que el Rey Emérito Juan Carlos tiene dinero en la cuenta suiza del caso Gürtel. Este extremo ha sido negado tajantemente por el CNI, que ha calificado la acusación como un «órdago» que no va a quedar sin respuesta.

En los interrogatorios policiales los distintos agentes no son capaces de precisar el origen de los datos que han vertebrado sus informes, contenidos en su mayoría en un pendrive, provocando el enfado del juez y la fiscal. Ambos, cansados de las continuas imprecisiones de los agentes, pasan directamente a abroncar a los policías amenazándoles con tomar medidas contra ellos por haber expuesto el sumario del caso Pujol a una posible nulidad. Advirtiéndoles de que, si no les facilitan las pruebas, «ya las conseguiremos nosotros», en referencia a posibles acciones judiciales contra ellos. El magistrado y la fiscal consideran que la Policía ha venido entregando información que, sospechan, puede provenir del pirateo de los ordenadores del clan catalán, así como de otras fuentes ilícitas que podrían contaminar el procedimiento.

En resumen, los policías que han comparecido en la Audiencia Nacional concluyen que existía «un disco duro» secreto situado en un despacho del órgano de gobierno de la Policía al que tenían acceso «tres personas» y en el que volcaban la «información sensible» que iban obteniendo de diversas fuentes confidenciales y que luego distribuían a los distintos procedimientos judiciales. «De lo que estamos hablando es de un disco duro de andar por casa, ¿bajo la custodia de quién está?», preguntó a uno de los policías el juez De la Mata, certificando que no se cumplió ningún protocolo. «Bueno, estaba en nuestro despacho», respondió el agente. «En este despacho está esa silla», replicó el magistrado señalando el mobiliario y exigiendo concreción. «¿Dónde estaba? ¿Por allí encima de una mesa, para que lo cogiera cualquiera?». «En un cajón», aclaró el agente. «¿Quién tenía acceso a ese disco duro? ¿Cualquiera que pasaba por allí?», le recriminó el instructor del caso Pujol ante el silencio policial.

Tras las preguntas del juez De la Mata, la fiscal Belén Suárez tomó la palabra en las diferentes comparecencias con mayor dureza que su compañero. «Usted ha dicho que ese disco duro que tenían en un cajón se ha destruido y no nos ha dado la razón, pero ya se lo preguntaremos, no se preocupe», amenazó. Acto seguido, Suárez sintetizó, desesperada, a uno de los policías el contenido de las declaraciones que ha venido escuchando. «Mire, esto... A lo mejor es que yo no me explico bien. En un procedimiento judicial, la Policía obtiene una información, la analiza y la aporta. Eso nos han explicado aquí todos los policías. En un atestado nos dicen que va a una base de datos de Inteligencia de la Policía, yo no me estoy inventando nada. Y decimos: 'Hombre, dígannos ustedes la ruta dónde está. Y resulta que todo es difuso: No, a mí me dieron un 'pendrive'; no, a mí me lo dio el DAO; no, a mí me dieron un 'pendrive' pero no lo vi nunca... No, esto es así y esto es andando...'», apostilló el Ministerio Público. «Se lo hemos preguntado a la Policía de Barcelona, a la Udef, a las personas de la DAO (Dirección Adjunta Operativa), ¿por qué nadie nos puede decir dónde está esa información? ¿Por qué no está incorporada a la base de datos que usan ustedes?», requirió la fiscal sin respuesta.

Ante la indefinición generalizada el juez y la fiscal han bloqueado los nuevos datos aportados por la Policía en la causa hasta que se determine su procedencia y, en consecuencia, la veracidad de los datos. Al mismo tiempo, preparan la citación de dos ex detectives de la agencia Método 3 para comprobar si, como ha denunciado ante el juez su ex jefe Francisco Marco, participaron en la elaboración de los informes policiales y las notas internas a cambio de fondos reservados que, según Marco, percibían denominadas unidades de inteligencia policial, informa El Mundo.

La Policía implica a Juan Carlos en el 'caso Pujol'

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata acaba de incorporar al sumario judicial del caso Pujol varias notas policiales internas que sostienen la existencia de una negociación entre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el ex presidente catalán Jordi Pujol. El objeto de estas supuestas conversaciones buscarían, siempre según estos informes, un trato judicial favorable para el clan catalán a cambio de que no desvele información sensible sobre Don Juan Carlos. Concretamente, que no cuente que el Rey Emérito tiene dinero en la cuenta Soleado de Gürtel.

El PP pagó 500.000 € por los datos de los Pujol

José Villarejo, comisario de la Policía Nacional y uno de los implicados en las operaciones ilegales encubiertas contra dirigentes políticos independentistas, ha confirmado a la justicia de Andorra que él es el autor de varios informes sin sellos ni firmas en los que, entre otras cosas, se asegura que el exconsejero delegado de la Banca Privada de Andorra (BPA), Joan Pau Miquel, recibió 500.000 euros de fondos reservados a cambio de entregar una copia de movimientos de dinero de las cuentas de la familia del expresident Jordi Pujol en ese banco. El comisario asevera que “se pone a disposición de las autoridades judiciales andorranas y españolas para colaborar si así fuera requerido para ello”. Miquel está en prisión en Andorra desde marzo del 2015.

Derechos Humanos de Andorra se querella contra España

El Instituto de Derechos Humanos de Andorra (IDHA) ha presentado, como acusación popular, una querella criminal contra Marcelino Martín-Blas, ex-jefe de asuntos internos de la policía española y Celestino Barroso Sánchez, el agregado de Interior en la embajada española de Andorra, por "la comisión de los delitos de coacciones, chantaje, extorsión y todos aquellos otros que se puedan derivar de la investigación de los hechos denunciados (artículos 139, 142 y 207 de la Ley Cualificada del Código Penal)", en relación con las presiones para obtener los datos bancarios de la familia Pujol en la BPA.

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