dissabte, 28 de gener de 2017

Derechos Humanos de Andorra se querella contra España

El Instituto de Derechos Humanos de Andorra (IDHA) ha presentado, como acusación popular, una querella criminal contra Marcelino Martín-Blas, ex-jefe de asuntos internos de la policía española y Celestino Barroso Sánchez, el agregado de Interior en la embajada española de Andorra, por "la comisión de los delitos de coacciones, chantaje, extorsión y todos aquellos otros que se puedan derivar de la investigación de los hechos denunciados (artículos 139, 142 y 207 de la Ley Cualificada del Código Penal)", en relación con las presiones para obtener los datos bancarios de la familia Pujol en la BPA.

Al personarse como acusación popular, la IDHA considera que "también defiende la protección de la soberanía e integridad del Estado andorrano". Elisa Muxella, presidenta de la IDHA, ha asegurado que Martín-Blas y Barroso podrían haber coaccionado a los accionistas mayoritarios de la Banca Privada de Andorra (BPA), Joan Pau Miquel e Higini Cierco, para obtener los datos bancarios de la familia Pujol en la BPA.

Es la primera vez que el Instituto de Derechos Humanos de Andorra formula una querella como acusación popular. Según Elisa Muxella: "En nuestros estatutos se dice que uno de los objetivos es defender los derechos humanos y denunciar las violaciones, y si se demuestra que ha habido agentes que han coaccionado y chantajeado a personas de nuestra nacionalidad y han implicado bienes de nuestra propiedad, es que han atacado nuestra soberanía y nuestra identidad", informa El Triangle.

Pino ocultó datos al juez al declarar en el caso 'Nicolás'

Audios, documentos judiciales, informes encargados por Interior... forman un cuerpo de pruebas que indican que Eugenio Pino, número dos de la policía con Fernández-Díaz, presuntamente prestó falso testimonio cuando tuvo que declarar por la grabación ilegal al CNI y a Asuntos Internos. Grabación que, supuestamente, ayudó a realizar y difundir la 'brigada política' que él mismo dirigía.

La Udef acusa a altos cargos del PP de presionar en Moncloa a favor de los Pujol

La Policía Judicial acusa a altos cargos del PP de «presionar en La Moncloa» para conseguir financiación pública a la familia Pujol, con la que desarrollarían posteriormente contratos de obras de ingeniería amañados en países africanos. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) ha presentado ante la Audiencia Nacional un nuevo informe en el que implica al ex ministro de Ciencia y Tecnología y ex secretario de Estado de Comercio Juan Costa, y al ex secretario de Estado de Comercio José Manuel Fernández Norniella en la obtención de fondos públicos para la empresa Ibadesa, participada por Jordi Pujol Ferrusola y estrechamente vinculada con José Herrero de Egaña López del Hierro, sobrino del marido de la ministra de Defensa María Dolores de Cospedal.

El PP pagó 500.000 € por los datos de los Pujol

José Villarejo, comisario de la Policía Nacional y uno de los implicados en las operaciones ilegales encubiertas contra dirigentes políticos independentistas, ha confirmado a la justicia de Andorra que él es el autor de varios informes sin sellos ni firmas en los que, entre otras cosas, se asegura que el exconsejero delegado de la Banca Privada de Andorra (BPA), Joan Pau Miquel, recibió 500.000 euros de fondos reservados a cambio de entregar una copia de movimientos de dinero de las cuentas de la familia del expresident Jordi Pujol en ese banco. El comisario asevera que “se pone a disposición de las autoridades judiciales andorranas y españolas para colaborar si así fuera requerido para ello”. Miquel está en prisión en Andorra desde marzo del 2015.

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