dilluns, 30 de gener de 2017

Desde 2007 las grandes empresas se han ahorrado 9.600 millones en impuestos

Esta semana el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguraba públicamente que las grandes empresas y corporaciones tienen que pagar más impuestos para contribuir a la cohesión social en España. Es decir, aplicar eso del que más tiene, más debe ‘arrimar el hombro’, algo que nuestro sistema tributario ya incluye en el principio constitucional de progresividad, pero que lamentablemente se ha deteriorado en los últimos años del gobierno corrupto de Rajoy. En el Impuesto sobre Sociedades viene sucediendo desde hace años al contrario, a pesar de contar con tipos impositivos fijos. Desde 2007 existe una considerable brecha fiscal entre las grandes empresas y las pequeñas. En ese año, las pymes tributaban al 22,6% de su resultado contable positivo, es decir, de sus beneficios, mientras que las grandes lo hacían al 9,9%. En 2014, último año del que hay datos disponibles, las pymes tributaban a un 13,9% de su resultado contable, mientras que las multinacionales y grupos empresariales lo hacían al 6,2%.

Una cantidad que alcanzaría hasta los 77.000 millones de euros en el periodo entre 2007 y 2014 si la carga fiscal de los grupos empresariales fuera igual a la de las pymes, lo que significa que en promedio se registra una pérdida recaudatoria anual de 9.600 millones de euros procedentes de las grandes empresas, y que en tiempos de crisis como los pasados podrían haber suavizado los recortes en educación o sanidad, entre otras partidas sociales, o las subidas fiscales para todos los contribuyentes.

En el nuevo Plan de Control Tributario para 2017, la Agencia Tributaria (AEAT) dice que quiere estrechar el cerco sobre estas grandes compañías y fortunas. Ahora bien, los Técnicos de Hacienda creemos que ese mayor control de estos contribuyentes de altos ingresos es un objetivo meramente declarativo que difícilmente pueda llevarse a la práctica si no se hace una reestructuración integral de la AEAT. Esto supone dotar de más personal a la Agencia y de más competencias a los efectivos actuales para que puedan perseguir el gran fraude.

Por el contrario, todo indica que no se alterará la situación actual en la que el 80% de los efectivos de la AEAT se dedica a investigar el fraude cometido por pymes, autónomos y trabajadores, lo que deja poco margen para luchar contra el fraude sofisticado de las grandes fortunas y multinacionales, que es el que está haciendo el agujero más grande a las arcas públicas. Y todo ello con Bruselas vigilante para que España cumpla el objetivo de déficit de este año, del 3,1% del PIB, mostrando su escepticismo de que puedan recaudarse 2.000 millones adicionales por las medidas contra el fraude incluidas en el plan presupuestario actualizado para 2017, informa Nueva Tribuna.
Carlos Cruzado, Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)

Valencia cobrará el IBI a los negocios del Vaticano y pide renegociar el Concordato

El Ayuntamiento de Valencia se ha pronunciado a favor de modificar las leyes para eliminar las exenciones fiscales de las confesiones religiosas y que paguen el IBI sobre inmuebles destinados a negocios, y ha aprobado pedir al Gobierno que renegocie el Concordato con la Santa Sede. Así consta en una moción presentada por el portavoz de València en Comú, Jordi Peris, aunque acordada con sus socios de gobierno local, Compromís y PSPV, y que han rechazado PP y Ciudadanos. Este último grupo ha presentado enmiendas a los trece puntos de la iniciativa, que han sido rechazadas por el tripartito y los populares.

Los sueldos millonarios de la incompetente y corrupta Elvira Rodríguez

Elvira Rodríguez ha sido nombrada la nueva presidenta de Tragsa, sociedad pública dedicada a servicios agrícolas y medioambientales. Será este su enésimo cargo en sociedades y administraciones vinculadas al PP. Nacida en Madrid en 1949 y economista de formación, fue ministra de Medio Ambiente y secretaria de Estado de Presupuestos durante los mandatos de José María Aznar. Cuando el PP pasa a la oposición en el Gobierno central, Rodríguez da el salto a la Comunidad de Madrid, donde sucesivamente se ocupa de la consejería de Transportes y preside la Asamblea, hasta que los conservadores vuelven a ocupar La Moncloa en diciembre de 2011. Colocada por el gobierno corrupto y fascista de Rajoy en Tragsa, Rodríguez se llevará 176.000 euros anuales por hacer de títere y firmar lo que se le ordene aunque sea ilegal como ya hizo en sus enchufes anteriores.

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