dimarts, 31 de gener de 2017

El Gobierno del PP quiere frenar la ILP para una renta mínima

El Partido Popular ha permitido la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular que pide el establecimiento de una renta mínima de 426 euros mensuales para parados sin prestaciones. La iniciativa se somete este jueves a la votación que marcará si el Congreso la toma en consideración para seguir desarrollándola hasta conferirle el rango de ley. El PP pudo bloquear el debate con el argumento de que la medida tiene efectos presupuestarios. No lo han hecho porque 500.000 firmas respaldan la propuesta que lideran los sindicatos UGT y CCOO "Todo hace pensar que saldrá aprobada", aseguran fuentes de la secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes.

La clave para que esta propuesta sea tomada en consideración está en el PNV. La formación nacionalista está negociando con PP y PSOE el sentido del voto de sus cinco diputados. En el Gobierno dan por perdido ese intento: "Todo hace pensar que saldrá aprobada", aseguran desde la secretaría de Estado de Comunicación. Los sindicatos calculan que su puesta en funcionamiento costaría unos 11.000 millones anuales. PSOE y Gobierno creen que esa cifra se podría rebajar hasta los 6.000 millones.

El Gobierno tiene un plan B para frenar la propuesta durante el trámite de enmiendas: "Intentaremos que no tenga impacto presupuestario modificando la disposición final para diferirla por razones contables". Dicho de otro modo, el principal partido en el Parlamento intentará aplazar la puesta en marcha de la renta mínima "hasta que haya un escenario de presupuestos actualizados". PSOE y Unidos Podemos apoyarán la toma en consideración de la ley que regula la renta mínima. El debate tendrá lugar este jueves en el Congreso. Para entonces, muchos dirán que la renta mínima empieza a ser una realidad. El PP tiene otros planes: aplazarla sine die, informa eldiario.es.

Duelo en el TC: Homs denuncia a Rajoy por prevaricación y desobediencia

El jefe del PDeCat (CiU) en el Congreso Francesc Homs ha registrado ante la Fiscalía Provincial de Barcelona una denuncia contra el presidente del Gobierno del PP Mariano Rajoy, por prevaricación y desobediencia a las sentencias del Tribunal Constitucional favorables a la Generalitat e incumplidas reiteradamente por el ejecutivo español.

Desde 2007 las grandes empresas se han ahorrado 9.600 millones en impuestos

Esta semana el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguraba públicamente que las grandes empresas y corporaciones tienen que pagar más impuestos para contribuir a la cohesión social en España. Es decir, aplicar eso del que más tiene, más debe ‘arrimar el hombro’, algo que nuestro sistema tributario ya incluye en el principio constitucional de progresividad, pero que lamentablemente se ha deteriorado en los últimos años del gobierno corrupto de Rajoy.

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