dissabte, 28 de gener de 2017

El PP no piensa revisar o eliminar el Concordato con el Vaticano

El senador de Compromís, Carles Mulet, presentó una pregunta escrita dirigida al Gobierno de Rajoy en la cual se interrogaba sobre si piensa el PP mantener el anacrónico y reaccionario Concordato con el Vaticano, a raíz de la constante crítica social al mantenimiento de privilegios de ese Estado soberano dentro de un Estado que se declara aconfesional. Mulet lamenta que se continúen incumpliendo los principios constitucionales de respeto a todas las creencias.

La respuesta del Gobierno de Rajoy no sorprende, vistos y conocidos sus precedentes nazicatólicos y franquistas: "En relación con la información solicitada, se señala que el último Concordato suscrito entre el Estado Español y la Santa Sede, de 27 de agosto de 1953, dejó de tener vigencia en el año 1979. En dicha fecha, el Concordato fue sustituido íntegramente por cuatro Acuerdos de Cooperación entre España y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos, sobre enseñanza y asuntos culturales, sobre asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y sobre asuntos económicos, todos ellos conforme a los principios proclamados por el artículo 16 de la Constitución española".

Para Compromís: "No se entiende la respuesta intentado desprender que no existe en la actualidad un concordato y solamente una serie de acuerdos, cuando un concordato es precisamente un acuerdo entre la Iglesia católica y un Estado para regular las relaciones entre ellos, en materias de mutuo interés. Este tipo de acuerdos, no solamente tienen carácter de tratado internacional, entre dos estados, sino que confiere a una sola religión de las presentes en España, todo un abanico de privilegios fiscales o la posibilidad de inmiscuirse en la educación pública".

“Dichos Acuerdos fueron suscritos el 3 de enero de 1979 y ratificados el 13 de septiembre de 1979 por el Congreso de los Diputados y el 30 de octubre de 1979 por el Senado por amplia mayoría de votos en ambas Cámaras. Desde entonces, el Tribunal Constitucional ha venido sosteniendo, en todos sus pronunciamientos sobre la materia, la plena conformidad de los Acuerdos con los principios y normas constitucionales. El Gobierno considera que tales circunstancias no han cambiado, habida cuenta de las estrechas relaciones de colaboración y cooperación mantenidas por España con la Santa Sede, que siguen desarrollándose satisfactoriamente en el marco de los Acuerdos antes referidos. De acuerdo con lo anterior, el Gobierno considera que las relaciones de España con la Iglesia Católica deben seguir basándose en los principios de libertad religiosa, aconfesionalidad del Estado, cooperación y dentro del marco del ordenamiento constitucional vigente”.

Según Mulet: “la respuesta es naif a más no poder, quieren desligar la imposición del Concordato del franquismo, donde se instauró, como si fuera un proceso democrático refrendado por los representantes de la voluntad popular, cuando se firmó la actualización en pleno periodo de la transición, con la inestabilidad política de la época y la traición a su electorado de buena parte de los partidos de la época: sin ir más lejos, el propio PSOE desempolvó durante la pasada campaña electoral la necesidad de eliminar este concordato por atentar a principios básicos constitucionales, hecho que nunca se ha atrevido a llevar a cabo cuando ha gobernado".

El Concordato en vigor vulnera el artículo 16.3 de la Constitución al otorgarle de facto la condición de confesión del Estado: “esta misma semana, el PP se ha opuesto en el Senado a eliminar los elementos católicos de los actos institucionales como el acto solemne de promesa del cargo público al inicio de las legislaturas”, denuncia Compromís.

Este Concordato 'solamente' otorga a la Iglesia Católica el privilegio de poder impartir sus dogmas en los centros educativos públicos, sufragado con dinero de todos; la presencia en hospitales y prisiones, por no hablar de las exenciones fiscales que no se limitan a los lugares de culto, si no que han permitido la especulación inmobiliaria; o el establecer únicamente a esta confesión la famosa “casilla de la renta”; todos estos hechos demuestran que no se ha cumplido el espíritu del Concordato en vigor que prometía la autofinanciación de la Iglesia Católica, ya que ésta viene siendo financiada con dinero público, y ostentado privilegios contrarios a la Carta Magna, afirma Mulet.

Para el senador de Compromís: “el PP como partido ultra, con el nacionalcatolicismo en su ADN, ha tenido el camino labrado por un PSOE que cuando ha gobernado no ha tenido el valor de avanzar hacia un respeto a todas la creencias dentro de un estado aconfesional. Máximo respeto a las creencias personales y a la libertad de poder disfrutar y practicar estas con igualdad de oportunidades, sin otorgar privilegios a ninguna por muy mayoritaria que sea, el ámbito de las creencias en teoría hace décadas se superó que tenía que ocupar un ámbito distinto al de la oficialidad del estado”.

Toda la oposición contra que la superstición católica cuente para nota

La oposición no va a aceptar que la propaganda de la secta vaticana bajo la denominación genérica y falsaria de 'Religión' -cuando solo se explican leyendas y sandeces del dogma vaticano- continúe siendo una asignatura evaluable que puntúa para la media en la negociación del pacto educativo para sustituir a la fascista Lomce de Werth y Rajoy por una ley de consenso. PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos coinciden en que la materia no puede continuar siendo parte de la oferta obligatoria y computable en Primaria y Secundaria, como introdujo el PP al redactar la 'ley Wert'. Este punto contó con el apoyo de los obispos, cuyo objetivo es que se mantenga con este estatus según manifestaron en la reunión mantenida a finales de noviembre con el ministro de Educación del PP, Íñigo Mendez de Vigo.

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