divendres, 3 de febrer de 2017

64.500 personas en Euzkadi reciben una renta básica de entre 650 a 959 €

Euzkadi es la única comunidad en España que concede una prestación similar a la renta básica, desde hace siete años. Es la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), destinada a apoyar a las unidades familiares que residen en Euskadi y no disponen de ingresos suficientes para hacer frente a las necesidades básicas. Actualmente alrededor de 64.500 personas perciben esta ayuda cada mes, con importes que oscilan, según los casos y las circunstancias del demandante, entre los 625 y los 959 euros mensuales. La RGI vasca está concebida como “un derecho subjetivo”, lo que obliga a la Administración pública vasca a abonar la prestación siempre que se cumplan los requisitos fijados. La mayor parte de los perceptores son mujeres con hijos a su cargo y pensionistas.

Ello ha llevado al Ejecutivo vasco a tener que hacer frente a un desembolso muy importante durante estos años de crisis, en los que el número de demandas de la ayuda básica casi se ha duplicado. En el último lustro las ampliaciones presupuestarias para hacer frente al pago de la RGI ha sido una constante. Junto a la RGI, en Euskadi se concede Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), una ayuda para el pago de una vivienda en alquiler, que supone una percepción de otros 250 euros mensuales.

El coste global de financiar ambas prestaciones, la RGI y la PCV, superó el año pasado los 460 millones de euros anuales. Una cuantía muy importante para las arcas públicas y que ha suscitado polémica por el procedimiento que anualmente se debería emplear para actualizar las cuantías de la RGI. El Gobierno vasco ha apostado este año por tomar como referencia de actualización el IPC mientras que la oposición le insta a vincularlo al comportamiento del salario mínimo.

En Euzkadi esta renta básica está planteada bien para las unidades familiares que no tengan ningún tipo de ingresos o bien para las que pese a tenerlo no alcanzan los mínimos establecidos como suficiente para hacer frente a las necesidades básicas. Una barrera que la marca la tabla de cuantías de la RGI que, por ejemplo, para unidades familiares con un solo integrante es de 625 euros, de 803 euros en caso de ser dos personas y de 888 euros para las familias con tres o más miembros. En el caso de unidades familiares cuyos principales soportes son pensionistas los importes se incrementan y oscilan entre una prestación básica de 710 euros y un máximo de 959 euros. En el caso de familia monoparentales cada mes se incrementará la prestación en otros 45 euros.

El perfil más habitual de los perceptores es el de una mujer con hijos a su cargo. Otro de los colectivos más habituales es el de los pensionistas. El fin último que se pretende con este tipo de ayudas es facilitar la integración social en un primer lugar y la laboral como objetivo a medio plazo, de modo que los casos no se cronifiquen y los demandantes puedan generar ingresos suficientes para abandonar las ayudas sociales. Corresponde al Servicio Vasco de Empleo la gestión de estas ayudas.

Euzkadi invierte 460 millones al año en el pago de la renta básica y la ayuda a vivienda

A ella tiene derecho cualquier persona mayor de 23 años, inmigrantes sin permiso de residencia incluidos. Se exige acreditar tres años de residencia y de empadronamiento en algún municipio vasco o un año si demuestran cinco años de vida laboral remunerada ininterrumpida. También se fija una excepción en los casos de maltrato, en los que basta con un año de residencia en el País vasco. Se debe demostrar que no se dispone ni de patrimonio ni de ingresos o que los que se generan en una unidad familiar son inferiores al nivel mínimo básico que se marca en el cuadro de prestaciones de la RGI en función de cada unidad familiar.

Pese a la percepción generalizada, la mayoría de quienes reciben este tipo de ayudas sociales cada mes son vascos. Los extranjeros representan alrededor de un tercio. De entre todos ellos, las personas en situación irregular, sin permiso de residencia, suponen apenas un 5% y perciben de media 926 euros al mes. Casi todos ellos perciben además la ayuda de vivienda a la que en la mayoría de los casos también tiene derecho. Precisamente sobre este colectivo se han suscitado muchas de las polémicas generadas en Euzkadi en torno a este tipo de ayudas y su concesión a personas en situación irregular. Desde el PP se han manifestado las posiciones más críticas y demagógicas, como siempre, apelando a la necesidad de intensificar los controles y los niveles de exigencias para percibir estas ayudas y evitar el posible abuso de las mismas, informa El Confidencial.

El Congreso acuerda el primer paso hacia la renta mínima

El Congreso ha aprobado este jueves admitir a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por los sindicatos UGT y CCOO –y que 700.000 personas apoyaron con su firma– para establecer en España una renta mínima garantizada. Es la primera vez que la Cámara baja tramitará un proyecto legislativo de estas características, que implicará un fuerte impacto presupuestario. Esta es la razón por la que el Gobierno se ha opuesto frontalmente, posición a la que se ha sumado Ciudadanos. A favor de esta nueva ayuda social destinada a las personas sin recursos se han pronunciado el PSOE, Podemos, ERC, PDCAT y otras formaciones minoritarias. Ahora se abre un período de negociación que definirá los detalles de la renta mínima. Fuentes parlamentarias consideran que su aprobación definitiva no será posible antes de finales de año, pero el proyecto presentado por los sindicatos deja claras algunas líneas fundamentales. Toxo: “No es de recibo que el Gobierno en pleno se haya ausentado del debate más importante sobre la pobreza en nuestro país”.

18 detenidos en 9 ciudades por la trama del 3% de CDC

La Guardia Civil ha desplegado este jueves desde primera hora de la mañana otra operación contra la financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC, ahora PDECat)) con 18 detenidos de momento y que todavía sigue abierta. Más de 150 agentes han llevado a cabo una veintena de registros en domicilios, despachos y empresas públicas para seguir el rastro de supuestos pagos de comisiones por la adjudicación de contratos amañados de obra pública. Se están investigando diversos delitos, como prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos, falsedad documental y blanqueo de capitales y el pago de comisiones por las obras de Glòries, el Mirador de les Aigües, la ampliación del puerto de Barcelona y la estación de Sabadell, entre otras.

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