dilluns, 6 de febrer de 2017

"La UE está centrada ahora en el ‘brexit’; Cataluña no es una prioridad"

Mientras Artur Mas, expresidente de la Generalidad de Cataluña, es juzgado por la consulta del 9-N de 2014 sobre la independencia de esa comunidad autónoma española, el debate sobre su autodeterminación vuelve a la actualidad política europea en una disputa que levanta ampollas por todas partes, dadas sus implicaciones en una UE para beneficio de los países nórdicos, Alemania o el Benelux y a costa del resto del sur y del este. Para Antonio Barroso, vicedirector de investigaciones de la consultora política Teneo Intelligence, el verdadero obstáculo para los políticos independentistas está en Bruselas y no en Madrid: "Las negociaciones de la UE están centradas ahora en el ‘brexit’; Cataluña no es una prioridad", según el analista político que se muestra escéptico sobre la posibilidad de que Cataluña puede obtener apoyo de otros Estados europeos en caso de separarse unilateralmente de España. Artur Mas: “La iniciativa del 9N fue mía”.

Artur Mas, expresidente de la Generalidad de Cataluña, se enfrenta este lunes (6.2.2017) al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), acusado de delitos de desobediencia grave y prevaricación por mantener la consulta del 9 de noviembre de 2014 en torno a la independencia de esa comunidad autónoma española. Ese plebiscito fue suspendido cinco días antes de su consumación por el Tribunal Constitucional (TC). El fiscal ha pedido inhabilitar políticamente a Mas (por diez años), a la exvicepresidenta Joana Ortega (por nueve años) y a la exconsejera de Educación Irene Rigau (también por nueve años).

El caso de Mas atiza el debate en Cataluña. Sus simpatizantes consideran que los políticos acusados están siendo sometidos a un juicio político. "Este juicio realmente es sobre la capacidad de los catalanes para decidir su propio futuro", asegura a DW Roger Torrent, miembro del Parlamento catalán por el partido independentista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

Por otro lado, las formaciones unionistas y nacionalistas españolas celebran que Mas tenga que enfrentarse a un proceso y no quieren ni oír hablar de otro referendo. Lorena Roldán, diputada catalana por el partido Ciudadanos, señala que la Constitución no incluye el derecho a realizar "ningún tipo de consulta o referendo para que una región se separe de España". No importa cuál sea el resultado de este juicio, afirma Roldán, su partido está satisfecho, pues "los políticos no deben tener ningún privilegio".

Como sea, todo parece indicar que los catalanes volverán a votar en otro plebiscito este año. El Gobierno independentista local considera que la venidera votación será vinculante, según anunció el pasado diciembre el actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. La fecha exacta de la consulta popular aún se desconoce. Pero Junts Pel Si, la coalición gobernante, ha fijado septiembre como fecha tope. Puigdemont ha prometido "no ceder" en la negociación del referéndum con el Gobierno del primer ministro Mariano Rajoy, jefe del Gobierno español. Pero Rajoy no ha mostrado, hasta ahora, señal alguna de que vaya a relajar su postura. En una conferencia de prensa el pasado martes (31.02.2017) aseguró que estaba “dispuesto a hablar y a entendernos, pero no voy a disponer de la unidad de España ni a liquidar la soberanía nacional y la igualdad de los españoles. No lo voy a hacer por dos razones: porque no puedo –no me lo permiten la Constitución ni las leyes– y porque no quiero”.

No obstante, el diputado independentista Roger Torrent afirma que los catalanes serán llamados a las urnas, pese a la oposición de Madrid: "Estoy seguro de que el Gobierno español tratará de impedir el voto como sea, pero estamos determinados y tenemos la legitimidad política." Torrent insiste en que el plebiscito será legal, aunque admite que quizás lo sea sólo de acuerdo con el sistema legal catalán. Para Lorena Roldán, por otra parte, no hay dudas de que la consulta sería ilegal: "En este momento, de acuerdo con la Constitución y el marco legal actual, no hay modo de que una región pueda separarse de España". De cualquier modo, Torrent está convencido de que una Cataluña independiente no sería expulsada de la UE: "Sería malo para todos dejar a Cataluña fuera de Europa; no estamos ni siquiera preocupados por esa posibilidad", dice.

La pregunta sobre si una Cataluña independiente podría seguir siendo miembro de la Unión Europea (UE) es una de las centrales en este debate. Para quienes se oponen a la secesión catalana, no hay dudas: si Cataluña deja España, sería un nuevo país y tendría que volver a solicitar la membresía si desea seguir formando parte del bloque comunitario. En enero, los líderes de Junts Pel Si, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Raül Romeva viajaron a Bruselas para recabar apoyos. Pero, de acuerdo con el diario La Vanguardia, con sede en Barcelona, a su conferencia asistieron sobre todo ciudadanos catalanes y parlamentarios de otros partidos separatistas europeos. Puigdemont no se reunió con ningún miembro de la Comisión Europea y, según su equipo, tampoco lo solicitó.

Pero en las últimas dos elecciones generales el partido más popular en Cataluña no fue ni independentista ni unionista. En Comú Podem, la coalicón liderada por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha logrado incorporar una tercera perspectiva al debate: su grupo defiende el derecho a realizar un referéndum legalmente vinculante, pero no necesariamente aboga por separarse de España. Se espera que Colau y sus aliados presenten un nuevo partido en marzo con la intención de disputar la hegemonía de la coalición independentista Junts Pel Si.

La diputada Marta Ribas, de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), un partido ecologista y progresista del campo de Colau, está a favor de permanecer en una España políticamente reformada, pero sobre todo cree que una solución negociada es la única posible. "La independencia unilateral no es posible, pero tampoco el Gobierno central puede seguir actuando unilateralmente, usando las cortes y la policía. Tienen que reconocer que España es un Estado multinacional", explica a DW: "En cualquier conflicto politico en la historia de la Humanidad, las únicas soluciones reales vienen del diálogo y la negociación, y el sentido común nos va a traer eso también, eventualmente", informa Deutsche Welle.

Artur Mas: “La iniciativa del 9N fue mía”

“La iniciativa política de la consulta fue mía como presidente que era”, así ha iniciado Artur Mas el interrogatorio al que ha sido sometido durante la primera sesión del juicio por el proceso participativo del 9N. El expresident sólo ha contestado las preguntas de su abogado Xavier Melero y se ha negado a responder a las preguntas de la fiscalía que le pide 10 años de inhabilitación y 9 a Joana Ortega e Irene Rigau. Mas reprocha al ministerio público que cambiara de criterio “por razones políticas” después de que los fiscales catalanes no apreciaran indicios de delito.

El expresident, la exvicepresidenta y la exconsellera d’Ensenyament han mantenido la misma estrategia para defender que el proceso del 9-N se hizo de forma legal ya que se dejó en manos de voluntarios, no era vinculante y el Tribunal Constitucional no les advirtió de forma conveniente sobre qué aspectos de la consulta se debían paralizar.

Artur Mas ha asegurado que el único propósito de la consulta del 9N era conocer la opinión de los ciudadanos a través de un mecanismo “legal” y “no vinculante”. “No teníamos ánimo de desobedecer a nadie. No era el ánimo de mi gobierno. Ante la evidencia ciudadana, el gobierno del país debía estar a la altura de las circunstancias y por todos los medios promover la participación ciudadana, escuchar al país”, ha destacado en un interrogatorio que ha durado 44 minutos. “No fue un capricho individual, ni una salida de tono ni una ocurrencia”, ha dicho.

El expresident ha dejado claro que “se cambió el formato” de la consulta tras la primera suspensión del TC del 29 de septiembre y se transformó en un proceso participativo “con el apoyo del Govern pero ejecutado por voluntarios”. En este sentido ha aseverado que “con el cambio de formato la administración no tenía capacidad para llevar a cabo con el proceso participativo. O se nos apuntaba mucha gente o aquello no se hubiera podido llevar a cabo”, ha remachado.

Ante esta circunstancia Mas ha insistido que siempre cumplieron la legalidad. Ha argumentado que pasaron quince días sin que el nuevo proceso participativo estuviera suspendido, un tiempo que aprovecharon para “proveer de base jurídica y organizativa y formar a los voluntarios”. Hasta que el 4 de noviembre el Tribunal Constitucional dictó una providencia en la que se suspendía el proceso participativo. Y fue en ese momento cuando, asegura, que el Govern dejó la consulta en manos de voluntarios. En paralelo, los servicios jurídicos de la Generalitat preguntaron al TC qué aspectos debía suspenderse, “pero no obtuvimos respuesta”, ha lamentado Mas. Este punto es importante para la defensa de los acusados puesto que quieren demostrar que no pudo haber desobediencia de un acto que no fue requerido.

Mas, Ortega y Rigau han insistido que el Constitucional a raíz de estos hechos cambió la forma de advertirles. Así, un año más tarde un funcionario les notificó en persona sobre un posible incumplimiento del TC cuando el gobierno en funciones de Mas aprobó en el Parlament una resolución de apoyo al 9N. “Un año después el TC y el TSJC actuaron de una manera diferente. Esa vez firmamos una acuse de recibo”, ha recordado.

Rigau ha rememorado lo que le dijo al funcionario que un año después le entregó personalmente la advertencia tras la nueva resolución: “Esto es lo que no me entregaron el 9N, no?”. La exvicepresidenta Joana Ortega, por su parte, ha destacado que le fue encomendada la tarea de pilotar el proceso participativo siempre que permitiera que los ciudadanos se expresaran dentro del “marco legal”. “Toda la actuación se basó en esa premisa”, ha incidido Ortega.

Durante la primera sesión del juicio Artur Mas también ha lanzado un dardo a la fiscalía. Ha recordado que durante la jornada del 9-N se presentaron varias denuncias en contra de la consulta pero que no fueron aceptadas por el fiscal que ese día estaba de guardia ni tampoco ordenó ninguna medida para paralizarla. El fiscal que el 9-N estaba de guardia era Emilio Sánchez Ulled, el fiscal que lleva el peso de la acusación en este juicio. Las defensas de los acusados han solicitado como pruebas que Mariano Rajoy y el Ministerio de Justicia Rafael Catalá, declaren como testigos en el juicio ya que el día de la consulta minimizaron sus efectos alegando que carecía de relevancia legal. El Tribunal lo ha rechazado al considerarlo “innecesario”.

La media hora de retraso con la que han llegado Mas, Ortega y Rigau al TSJC ha causado un cierto malestar entre los miembros del tribunal. A las 9 de la mañana el tribunal ya estaba constituido pero han tenido que esperar a los acusados, una situación muy poco habitual. Según fuentes jurídicas, el presidente del TSJC advirtió a los abogados defensores que si sus clientes se demoraban más allá de las 9:30 horas cabía la posibilidad de que se celebrase una vistilla para discutir la adopción de medidas cautelares, informa La Vanguardia.

Juicio de una democracia de feria: Artur Mas llega media hora tarde

Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau se sientan este lunes en el banquillo de los acusados del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por su participación en la consulta, prohibida por el fascio monárquico y nazicatólico del PP, el 9 de noviembre de 2014. Será la primera vez en desde la recuperación de la democracia que un president de la Generalitat y dos de sus consejeras sean juzgados por su actividad en el cargo. La Fiscalía acusa a los tres de desobediencia al Constitucional y prevaricación, delitos por los que reclama entre 9 y 10 años de inhabilitación. Los políticos acudirán a declarar acompañados de una manifestación en la que previamente se han inscrito 50.000 personas.

El fiscal pide 5 años de cárcel para Jaume Matas y José María Rodriguez (PP)

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach reclama una condena de 5 años de cárcel para el expresident del Govern del PP Jaume Matas por usar fondos de la conselleria de Interior y de otros departamentos públicos para gratificar a Over Marketing, la agencia de publicidad que llevó las campañas electorales de su partido en 2003 y 2007.

Fernández Díaz autorizó las grabaciones en su despacho de Interior

“Jorge Fernández Díaz autorizó la instalación de un dispositivo para grabar las conversaciones que se producían en su despacho oficial del Ministerio del Interior, entre ellas, las dos que mantuvo con el entonces jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, en vísperas de la consulta soberanista del 9-N y en las que se trató sobre investigaciones que comprometían a diversos políticos independentistas catalanes”.

Vicenç Navarro: Las coherencias e incoherencias del independentismo catalán

Uno de los argumentos que se repite con mayor frecuencia en círculos intelectuales y políticos de sensibilidad independentista en Catalunya es que la resolución del problema nacional y del problema social están íntimamente relacionadas entre sí. Según tales círculos, el gran problema social que tiene Catalunya (con un gran retraso social, consecuencia de una sub-financiación de los servicios y transferencias del Estado del Bienestar en Catalunya) no puede resolverse sin resolver el problema nacional, definiendo como tal la falta de un Estado propio y su consecuente dependencia del Estado español.

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