dimarts, 14 de febrer de 2017

BCN discrimina a los refugiados por su orientación sexual

Si en Euzkadi ser mujer con hijos es garantía de un sueldo de 900 euros más gastos de alquiler para la mujer que lo pida, aunque sea una inmigrante sin papeles, en Barcelona ser homosexual es también garantía de una colocación a dedo para refugiados que el fregadero homo que gobierna -entre parejas, cónyuges y enchufados a dedo múltiples- pone delante de la fila marginando familias y heterosexuales y a cualquiera sin buenos amigos entre las filas de los apoltronados. Es la España que cambia de sexo gratis pero impide arreglarse los dientes a quien no tiene una fortuna para pagarlo y que subvenciona los colegios caros del Opus Dei y deja la escuela pública con barracones y masificación, en resumen, la España de la juerga, la hipocresía y la indecencia institucional de sus apoltronadas mamandurrias.

El asunto de los refugiados bascula entre lo político, lo social y lo mediático. Político porque las Administraciones -municipal, autonómica, estatal y comunitaria- gestionan la crisis más a la greña entre ellas que con entendimiento. Social porque la hemorragia no se cierra y la asistencia a los asilados sigue siendo tan necesaria como urgente. Y mediático porque es una materia que preocupa, que compromete y que genera encendidas declaraciones. En medio del alboroto se producen noticias que hablan por sí solas, sin estridencias. Como que Barcelona sea pionera en la atención a los demandantes de protección internacional que tuvieron que abandonar su país por su orientación sexual.

La capital catalana dispone de un piso en Gràcia para el colectivo LGTBI desde del 2014. Lo puso en marcha la Asociación Catalana para la Integración de Homosexuales, Bisexuales y Transexuales Inmigrantes (Acathi), a cuyo presidente, Rodrigo Araneda, le gusta hablar claro. Dice que Barcelona es una ciudad "muy visible, que está de moda", y que ha conseguido que la gente crea que es receptiva a los refugiados. No es que no lo sea, pero a su modo de ver, el "discurso de apertura de la sociedad" tiene un pero: "De acuerdo, que vengan, pero que sea en otro barrio". A eso, culmina, habría que añadir lo caro que resulta vivir aquí.

A la vivienda que administra esta entidad, en la que se cuentan siete plazas por las que ya han pasado unas 40 personas, se suman ahora otros dos pisos con un total de ocho plazas. Los pone el Ayuntamiento de Barcelona de la mano del programa Nausica de apoyo a los refugiados, un plan que ya han vendido en Madrid y Europa pero que sigue sin poder desplegar del todo sus alas porque las competencias no son locales. Por ahora, porque ese es el deseo del gobierno de Ada Colau, que la semana pasada solicitó ante la Unión Europea, una vez más, que los municipios tengan acceso a los fondos comunitarios destinados a la atención a asilados.

Estas ocho plazas municipales forman parte del paquete de 34 que el consistorio acaba de poner a disposición de los refugiados que abandonan el programa estatal de asilados. Sumadas a las 47 ya existentes, la ciudad ya cuenta con 81 camas para demandantes de protección que han quedado fuera del paraguas del Gobierno tras agotar los plazos de protección previstos, de hasta dos años si se consiguen todas las prórrogas. Si todo va bien, Barcelona terminará el 2017 con 100 plazas. Para todo ello, de momento, se han destinado 1,13 millones de euros, por encima del millón que el Govern prevé para su propio programa de atención a asilados.

En estos pisos municipales, los usuarios tendrán todos los gastos pagados durante un plazo máximo de 12 meses, en los que se realizará una doble tarea de integración social y laboral para conseguir el objetivo último del plan: que se conviertan en ciudadanos autónomos. En cuanto al mercado de trabajo, Araneda no es muy optimista respecto a las opciones del colectivo gay. "Si a un transexual de aquí ya le resulta muy complicado encontrar un empleo, imagínate cómo lo tendrá uno que viene de fuera". Extranjero y, como sucede en muchos casos, macerado en el trauma. Como el chico georgiano que tuvo que huir porque su propia familia quería matarlo tras conocer su homosexualidad de boca de una expareja despechada. A ese hombre, por cierto, el Estado español le denegó la condición de refugiado. Esa es otra de las cosas que las entidades aborrecen: el criterio bajo el cual se toma la decisión de quién cumple y quién no pasa el corte.

Dice la alcaldía se ha inspirado en Berlín en cuanto a la integración de los refugiados LGTBI. Explica Araneda que en Alemania existe un albergue con 200 plazas para este colectivo, y que en aquel país, algunos asilados agredieron a personas en su misma situación pero por razones de orientación sexual. Aquí, dice el presidente de Acathi, se han producido incidentes aislados. Nada grave. El teniente de alcalde Jaume Asens ha sido el encargado este lunes de desgranar la hoja de ruta municipal, acompañado por el responsable de Inmigración, Ramon Sanahuja. El concejal ha incidido en el hilo argumental del consistorio: "Denunciamos la gestión opaca de los fondos europeos. El Estado recibirá hasta el 2020 unos 220 millones de euros para la acogida de refugiados y los destinará básicamente a la política de retorno y al control de fronteras", informa El Periódico.

64.500 personas en Euzkadi reciben una renta básica de entre 650 a 959 €


Euzkadi es la única comunidad en España que concede una prestación similar a la renta básica, desde hace siete años. Es la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), destinada a apoyar a las unidades familiares que residen en Euskadi y no disponen de ingresos suficientes para hacer frente a las necesidades básicas. Actualmente alrededor de 64.500 personas perciben esta ayuda cada mes, con importes que oscilan, según los casos y las circunstancias del demandante, entre los 625 y los 959 euros mensuales. La RGI vasca está concebida como “un derecho subjetivo”, lo que obliga a la Administración pública vasca a abonar la prestación siempre que se cumplan los requisitos fijados. La mayor parte de los perceptores son mujeres con hijos a su cargo y pensionistas.

Los inquilinos se organizan contra la especulación de alquileres

Los motivos para movilizarse son obvios: “Hemos llegado a un punto en el que el problema no afecta a grupos en situación de emergencia sino a toda la ciudadanía. Algo que afecta a todos los estratos sociales no es un problema de algunos, es un problema social”. Así definía las dificultades para acceder a la vivienda en el 2006 Noelia Rico, activista de la Asamblea Popular por una Vivienda Digna, que en diciembre de ese año sacó a la calle a miles de personas -7.000 según la guardia urbana y 25.000 según la organización- bajo el lema ‘No tendrás casa en la puta vida’.

La desigualdad social aumenta en la España franquista del PP

España crece, a un ritmo elevado, por encima del 3%. Pero la desigualdad social, lejos de mejorar, empeora. De hecho, desde que estalló la crisis en el 2007, se ha consolidado como el segundo país de la Unión Europea (UE), por detrás de Chipre, en el que más se ha disparado la divergencia de rentas, 20 veces más que el promedio europeo, según advierte Oxfam Intermón en su informe anual 'Una economía para el 99%'.

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