dilluns, 6 de febrer de 2017

Fernández Díaz autorizó las grabaciones en su despacho de Interior

“Jorge Fernández Díaz autorizó la instalación de un dispositivo para grabar las conversaciones que se producían en su despacho oficial del Ministerio del Interior, entre ellas, las dos que mantuvo con el entonces jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, en vísperas de la consulta soberanista del 9-N y en las que se trató sobre investigaciones que comprometían a diversos políticos independentistas catalanes”, revela hoy el independiente.com que asegura que “esa autorización explicaría que la investigación encargada en su día a la Policía Judicial se cerrara sin resultado alguno, y también que el ex ministro desistiera de interponer una querella por posible revelación de secretos cuando el diario Público difundió el contenido de las cintas en la recta final de la campaña de las elecciones generales del pasado 26 de junio”.

El digital que dirige Casimiro García-Abadillo, asegura que “frente a la versión que ofrece el ex ministro”, las fuentes que ha consultado “aseguran que éste dio el visto bueno a que se colocara un sistema de grabación en su despacho de Interior, siguiendo la recomendación de Eugenio Pino, entonces Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional y persona de su máxima confianza. Fue Fernández Díaz quien lo nombró número dos del cuerpo semanas después de que Rajoy lo eligiera a él en diciembre de 2011 para ocupar el Ministerio del Interior”.

Asegura elindependiente.com que “en pleno órdago soberanista, la razón esgrimida para adoptar tal medida fue que el ministro, en caso de obtener información relevante por parte de alguno de sus interlocutores, debía tener pruebas ante un posible desmentido o ante la eventualidad de que Daniel de Alfonso decidiera dar marcha atrás”.

Y asegura que sus fuentes “sitúan la instalación del dispositivo de grabación en el otoño de 2014, justamente con motivo de la primera reunión que Fernández Díaz mantuvo en su despacho de Interior con el entonces director de la Oficina Antifraude de Cataluña”. Recalcando que “l ministro autorizó las escuchas convencido por Pino, que insistió en la gran cantidad de información sensible sobre los políticos soberanistas que manejaba De Alfonso. Ese primer encuentro se produjo el 2 de octubre y tuvo continuidad el 16 del mismo mes, tres semanas antes de la consulta independentista que impulsó la Generalitat el 9-N”.

Y señala que “otro de los motivos que propiciaron la autorización del dispositivo fue el recelo que en Interior existía hacia Daniel de Alfonso por el hecho de que éste había sido nombrado director de la Oficina Antifraude de Cataluña a propuesta de la antigua CiU, si bien contó también con el apoyo del PSC, PP y C’s cuando se votó su nombramiento en el Parlament el 21 de julio de 2011”. Haciendo notar que “también que su interlocutor tenía fama de grabar sus conversaciones”.

Precisando el mencionado diario online que “el equipo de grabación se montaba ex profeso para las citadas entrevistas y, posteriormente, se retiraba por el mismo equipo que lo había instalado en el despacho del ministro”, aunque “no se descarta que otras conversaciones fueran también grabadas”, informa El Boletín.

Operación Cataluña: las cloacas fascistas del PP en la Audiencia Nacional

Un pequeño lápiz de memoria informática puede convertirse en la ficha que haga caer toda la espiral de la Operación Cataluña. La Audiencia Nacional investiga de dónde salió y cómo se obtuvo la información que contiene el ‘pendrive’ y que la Policía intentó introducir en el caso Pujol a pesar de su dudosa procedencia, en una maniobra que podría poner en riesgo la única causa judicial sobre la corrupción política en Cataluña que investiga este tribunal. Los primeros compases de la investigación ya han hecho aflorar algunos de los métodos utilizados por el Ministerio del Interior del opusitorio nazi y corrupto Fernández Díaz y su círculo íntimo de franquistas a sueldo con fondos de reptiles para intentar frenar el proceso soberanista durante la primera legislatura del capo mafioso Mariano Rajoy.

Valencia: guardias civiles y PP, años cobrando sin trabajar

El PP valenciano puede salir muy maltrecho de la Operación Taula. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tiene acreditado que la empresa pública de construcción de colegios Ciegsa tuvo en nómina a militantes y excargos públicos del PP durante años sin que estos acudieran nunca a trabajar, según la información contrastada por Levante-EMV de los meses de investigación a la trama corrupta. Los agentes de la Benemérita se centran en la etapa de Máximo Caturla, exgerente de Ciegsa en los años 2004 a 2006 y exvicepresidente de la Diputación de Valencia entre 2007 y 2015.

El "origen ilícito" del patrimonio de Villarejo: 25 millones y casi 100 propiedades

Desde que, en mayo de 2016, la comisión judicial del caso del pequeño Nicolás presentara su informe sobre la grabación ilegal a agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de Asuntos Internos y pidiera la imputación de la cúpula policial que encabezaba el comisario Eugenio Pino, ese ex número dos del cuerpo ha entregado un largo escrito al juez Arturo Zamarriego para que declarase la nulidad de las actuaciones y el fiscal del caso, Alfonso San Román, ha intentado una y otra vez anular todo el procedimiento.

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