dissabte, 4 de febrer de 2017

La mafia del PP contra prohibir dar contratos públicos a los defraudadores

El gobierno fascista y corrupto del narco Rajoy vuelve a recurrir ante los tribunales una medida aprobada por el Ejecutivo castellano de Emiliano García-Page. Igual que hizo anteriormente con la jornada de 35 horas semanales para los trabajadores públicos y con la convocatoria de diversas ofertas de empleo, el Gobierno central ha emprendido acciones judiciales para tumbar las cláusulas sociales que regulan la contratación del sector público de Castilla-La Mancha y que entraron en vigor el pasado mes de octubre. El Ejecutivo central pretende tumbar las condiciones que regulan la contratación pública en Castilla-La Mancha. La normativa impulsada por Page también impide que las empresas adjudicatarias que tributan en paraísos fiscales, utilicen lenguaje sexista o abonen salarios por debajo de convenio.

En concreto, la Abogacía del Estado ha presentado un recurso contencioso-administrativo, a instancias de la Delegación del Gobierno en esta comunidad autónoma, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Tras conocerse la demanda, el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha lamentado que el Gobierno de Rajoy, con la complicidad de la presidenta del PP en Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, “haya impugnado la inclusión de estas cláusulas que aumentan los derechos sociales de los ciudadanos en el marco de la contratación pública”.

Ruiz Molina ha denunciado que "todo aquello que tiene que ver con la recuperación social" de Castilla-La Mancha es "objeto continuo de recurso por parte de la Administración del Estado, fundamentalmente, por la intercesión de Cospedal, que intervino de forma muy decidida para recurrir la reducción a las 35 horas para los empleados públicos de la Junta o poniendo en tela de juicio las ofertas de empleo público aprobadas por el Ejecutivo regional, especialmente en sanidad y educación”. Con ello, ha defendido que la instrucción que aprobó el Consejo de Gobierno se ajusta a derecho y, por lo tanto, "el objetivo de la Abogacía del Estado por mandato de Cospedal y del delegado del Gobierno en la región es meter miedo a los ciudadanos", algo a lo que les "tuvieron acostumbrados en los últimos cuatro años de esta legislatura", a su juicio.

Las cláusulas incluyen importantes novedades como la obligación de la empresa adjudicataria de no tributar en paraísos fiscales y que en la redacción de toda la documentación que forme parte de los expedientes de contratación se utilice un lenguaje no sexista. Estos son solo algunos de los casos por los que la Administración regional puede resolver los contratos o imponer penalizaciones económicas. Entre las causas de resolución de un contrato también está que la empresa abone salarios por debajo de lo establecido en el convenio colectivo que le sea de aplicación, que incumpla el deber de afiliación y alta en la Seguridad Social de los trabajadores o el impago de las cuotas.

Otra novedad es que se debe favorecer la contratación por parte de las empresas adjudicatarias de personas con dificultades de integración en el mercado de trabajo. En relación con la subrogación, se establece que, con independencia de lo que recojan los convenios colectivos, es obligatoria la inclusión de una cláusula que establezca la subrogación de los trabajadores, con respeto absoluto a los derechos económicos y laborales que tuvieran reconocidos, informa Público.

La UCO busca más pruebas de las donaciones de Rita Barberá al PP

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha personado este miércoles en instalaciones de organismos autonómicos del Ayuntamiento de Valencia en busca de pruebas que acrediten la presunta financiación irregular de las campañas municipales del PP de Rita Barberá, dentro de una de las ramificaciones de la Operación Taula. Los agentes se han personado en Las Naves (foto), un espacio cultural de Valencia, y en la Fundación Inndea, después de que ayer los agentes de la UCO recogieran información relacionado con la Fundación Turismo Valencia que dirigía el ex vicealcalde Alfonso Grau (PP), imputado por un presunto delito electoral.

Los nazicatólicos de HazteOir cambian de marca para limpiar su imagen

Los nazicatólicos de HazteOir quieren restar proyección pública a su marca. Sus vinculaciones con la organización secreta fascista El Yunque, que mueve sus tentáculos a través de este tipo de colectivos fascistas, le han pasado factura a su imagen, por lo que ha decidido desaparecer como tal y diluirse en la plataforma CitizenGo, una institución creada en 2013 por el mismo HazteOir. El Yunque es una sociedad secreta surgida en México con la supuesta intención de proteger los valores cristianos. Los tres principios que se inculcan a los miembros se llaman primordialidad (la organización debe anteponerse a todo, incluso la familia o la Iglesia), obediencia (que ha de ser incondicional) y reserva (secreto). Sus miembros se consideran mitad monjes y mitad soldados, como las órdenes medievales de asesinos, fueren monjes de Cluny, Templarios o Dominicani ('Perros del amo").

64.500 personas en Euzkadi reciben una renta básica de entre 650 a 959 €

Euzkadi es la única comunidad en España que concede una prestación similar a la renta básica, desde hace siete años. Es la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), destinada a apoyar a las unidades familiares que residen en Euskadi y no disponen de ingresos suficientes para hacer frente a las necesidades básicas. Actualmente alrededor de 64.500 personas perciben esta ayuda cada mes, con importes que oscilan, según los casos y las circunstancias del demandante, entre los 625 y los 959 euros mensuales.

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