divendres, 3 de febrer de 2017

Mas encriptó su móvil para hablar con el "núcleo duro del 3%" ayer

La operación Pika, última actuación judicial por el 3%, es un torpedo a la línea de flotación del ‘expresident’ Artur Mas: su círculo íntimo, aquel en que Mas confiaba ciegamente, ha sido dinamitado. Tanto sus amigos personales como sus colaboradores políticos de confianza están implicados en la nueva fase de la operación 3%, que dirige el juez de El Vendrell, Josep Bosch. Los nuevos imputados se encuentran demasiado cerca del ‘expresident’, quien, en un momento determinado, llegó a instalar dos programas de encriptación en su móvil para hablar con ese círculo íntimo, puesto que tenía pánico a que grabasen sus conversaciones.

Ahora, aparecen indicios de que puede haber graves irregularidades en la adjudicación de obras públicas, entre ellas la del túnel de Glòries, el Mirador de les Aigües, la construcción del Dique Este del puerto, la ampliación de este dique, la pavimentación de la avenida Paralelo, la estación de Sabadell, el mantenimiento de varias escuelas de Barcelona y de Manresa, los accesos al puerto, la construcción de un carril bici y la reurbanización de dos calles barcelonesas. Las acusaciones van desde prevaricación hasta cohecho, pasando por tráfico de influencias, malversación de fondos, falsedad documental y blanqueo de capitales.

Uno de los nombres más importantes que afloran es el de Antoni Vives, antigua mano derecha de Artur Mas y hombre con poder de decisión en la Administración hasta hace poco más de un año. Vives fue secretario general de Artur Mas cuando este era ‘conseller en cap’ (consejero jefe), y su ascendencia sobre Mas es innegable. Se trata de uno de los principales personajes que forman parte del círculo político de confianza de Artur Mas.

También volvió a pasar por el mal trago de la detención, aunque fuese casi 'en la intimidad', Andreu Viloca, extesorero de Convergència y de su fundación, la CatDem, ya detenido en noviembre de 2015. Viloca también gozaba de la confianza de Mas —por algo llevaba las finanzas del partido— y sucedió en el cargo a Daniel Osàcar, que incluso había sido secretario particular de Artur Mas. La función del tesorero era llevar el control de las adjudicaciones públicas. Luego, se encontraron documentos que desglosaban un porcentaje de esas adjudicaciones que acababan en la fundación de Convergència.

Otra de las personas que han sido imputadas ayer es Francesc Sánchez, responsable de régimen interno, de comunicación, de la asesoría jurídica y de las finanzas de Convergència en los últimos años. Sánchez fue asumiendo paulatinamente más responsabilidades (de hecho, el tema de las finanzas fue el último del que se hizo cargo) y, al final, Artur Mas le encomendó pilotar la transición de Convergència hacia el Partit Demócrata Europeu (PDeCAT). Este encargo también denotaba la confianza que el ‘president’ había depositado en él. Pero en cuanto se constituyó la nueva formación, Sánchez abandonó la política y volvió a su trabajo de abogado en un bufete de Barcelona.

Sin embargo, a nivel personal, hay otros implicados que ejercen una influencia incluso mayor que la de los citados sobre el ‘expresident’: el presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, y el empresario Joan Albert Arqués, directivo de Benito Arnó e Hijos. Cambra y Arqués forman parte del selecto grupo —junto con el exsecretario general de Presidencia Jordi Vilajoana— que tiene el privilegio de compartir veladas de fin de semana con el matrimonio Mas-Rakosnik. Los matrimonios también se van de vacaciones juntos en muchas ocasiones. Esta pequeña ‘corte’ del entonces ‘president’ era el único núcleo en el que confiaba ciegamente Artur Mas, hasta el punto de que se había hecho instalar el programa Redphone en su móvil para poder hablar tranquilamente con ellos, ya que dicho programa dispone de comunicaciones encriptadas (utiliza el sistema de protección SRTP). También utilizaba la aplicación Viber para mantener con ellos conversaciones telefónicas seguras.

“Arqués y Cambra son amigos de Mas por encima de intereses partidistas”, dice a El Confidencial una persona cercana al grupo. Otra señala que “los matrimonios se ven muchos fines de semana y se han ido juntos en cientos de ocasiones de fin de semana a la Costa Brava o a las Baleares en verano. Incluso van al cine o quedan a comer juntos”, explica otra persona que les conoce desde hace años. Cuando ayer a primera hora de la mañana los agentes de la Guardia Civil llegaron a sus despachos, les notificaron que estaban detenidos e imputados, quedando inmediatamente en libertad. La calificación concreta de esta forma de proceder fue la de “detención administrativa”, debido a que, según fuentes cercanas a la investigación, “lo que no se quería hacer es un circo mediático ni un escarnio público”.

Arqués y Cambra también coinciden en otra cosa: en las obras de ampliación del Dique Este en el Puerto de Barcelona. Cambra es presidente de la institución portuaria, mientras que Arqué fue uno de los adjudicatarios de la obra, a la que su empresa concurría en una unión temporal de empresas (UTE). Se trataba de la mejora del Dique Este del puerto, una obra adjudicada en 29.674.631,92 euros a la UTE formada por Benito Arnó e Hijos, Acsa, Comsa y Copisa. La adjudicación se hizo en marzo del 2012. Concurrieron 14 ofertas y en su resolución, el consejo de administración del puerto señalaba que se trataba de la oferta más ventajosa “no solo económicamente”.

Así consta en la documentación de la Plataforma de Contratación del Estado fechada en mayo de aquel año. Pero, en realidad, había al menos ocho ofertas que eran más baratas, realizadas por compañías potentes del sector de la construcción que concurrían casi siempre en diferentes UTE. No deja de ser curioso, pues, que Cambra —que llevaba poco más de un año en el cargo de presidente del Puerto— adjudicase la voluminosa obra a una empresa de su amigo personal. Y, lo que era más importante, también amigo personal del ‘president’, informa El Confidencial.

18 detenidos en 9 ciudades por la trama del 3% de CDC

La Guardia Civil ha desplegado este jueves desde primera hora de la mañana otra operación contra la financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC, ahora PDECat)) con 18 detenidos de momento y que todavía sigue abierta. Más de 150 agentes han llevado a cabo una veintena de registros en domicilios, despachos y empresas públicas para seguir el rastro de supuestos pagos de comisiones por la adjudicación de contratos amañados de obra pública. Se están investigando diversos delitos, como prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos, falsedad documental y blanqueo de capitales y el pago de comisiones por las obras de Glòries, el Mirador de les Aigües, la ampliación del puerto de Barcelona y la estación de Sabadell, entre otras. Entre los detenidos está Andreu Viloca, extesorero de CDC, que ya había sido detenido en una fase anterior de la investigación, y Xavier Tauler, exconsejero delegado de Copisa. Amigo de la infancia de Jordi Pujol júnior, también se vio salpicado por la trama del 3% en la operación Petrum en octubre del 2015. Ada Colau anuncia que abrirá expediente informativo para revisar las contrataciones que están bajo sospecha en esta operación Pika.

El Presidente de Murcia investigado por 4 delitos

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) se ha declarado competente para la instrucción y, en su caso, el enjuiciamiento del caso 'Auditorio' por los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude contra la Administración Pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos con respecto al aforado Pedro Antonio Sánchez, presidente del Gobierno murciano. Así lo han acordado los tres magistrados que integran la Sala, tras analizar la exposición razonada de la juez de Instrucción 1 de Lorca y el escrito del Ministerio Fiscal en este caso de presuntas irregularidades en la construcción del auditorio de Puerto Lumbreras cuando el presidente de la Comunidad era alcalde de dicho municipio.

Coscubiela: "l’acord de JxS i CUP depèn de l’autorització de Montoro”

El portaveu en temes d’economia de Catalunya Sí Que es Pot, Joan Coscubiela, ha denunciat avui al Parlament que les transaccions entre Junts Pel Sí i la CUP per donar cobertura als fons estructurals detallen que “tot l’acord” entre els dos grups “està condicionat a un finançament en forma de deute públic que es produiria en base a la normativa estatal”. “És a dir, tot l’acord de Junts Pel Sí i la CUP depèn de l’autorització del senyor Montoro”, ha dit Coscubiela, explicant que segons la transacció “l’acord està condicionat al compliment de la llei d’estabilitat pressupostària”. “És esperpèntic, sobre tot quan es compara amb alguns discursos”, ha subratllat el diputat. En Comú Podem pide crear un impuesto solidario a la banca para recuperar las ayudas.

1 comentari:

  1. El 4rt. De la llista que volia ser President...

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