diumenge, 5 de febrer de 2017

Operación Cataluña: las cloacas fascistas del PP en la Audiencia Nacional

Un pequeño lápiz de memoria informática puede convertirse en la ficha que haga caer toda la espiral de la Operación Cataluña. La Audiencia Nacional investiga de dónde salió y cómo se obtuvo la información que contiene el ‘pendrive’ y que la Policía intentó introducir en el caso Pujol a pesar de su dudosa procedencia, en una maniobra que podría poner en riesgo la única causa judicial sobre la corrupción política en Cataluña que investiga este tribunal. Los primeros compases de la investigación ya han hecho aflorar algunos de los métodos utilizados por el Ministerio del Interior del opusitorio nazi y corrupto Fernández Díaz y su círculo íntimo de franquistas a sueldo con fondos de reptiles para intentar frenar el proceso soberanista durante la primera legislatura del capo mafioso Mariano Rajoy.

Todo comenzó en abril del año pasado cuando la Brigada Anticorrupción de la Policía presentó al juez José de la Mata un informe que abría nuevas líneas de investigación a la familia Pujol, basadas en la información contenida en el lápiz de memoria. Las contradicciones en las que incurría el propio informe sobre su procedencia – “cooperación policial” y al tiempo bases de datos de “inteligencia policial”- hicieron sospechar al juez, que abrió una pieza separada y la declaró secreta. De este modo, el magistrado intenta blindar la investigación a la familia Pujol de pruebas obtenidas irregularmente que pudieran dar pie a las defensas para solicitar la nulidad de todo el proceso.

Las diligencias practicadas hasta ahora por De la Mata en esa pieza separada no han hecho más que incrementar las sospechas del magistrado sobre hasta dónde llegó la Policía en la investigación al expresidente de Cataluña y su familia. Los dos mandos policiales que han declarado como testigos llegaron a exasperar al juez y a la fiscal jefa de Anticorrupción, Belén Suárez, como muestran las grabaciones a las que ha tenido acceso eldiario.es. O no recuerdan o directamente se contradicen. Y entre respuesta y respuesta van aflorando las prácticas que impuso el anterior director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, el hombre fuerte del Cuerpo con Jorge Fernández Díaz.

El juez De la Mata ha tomado declaración al anterior jefe de la UDEF, Manuel Vázquez, ahora jefe superior en Galicia. Su declaración, además de no convencer al magistrado ni a la Fiscalía, a tenor de cómo se desarrolló, motivó que fuera llamado a declarar el inspector jefe Bonifacio Díez, miembro de la oficina desde la que el comisario Eugenio Pino dirigía la 'policía política'. Vázquez asegura que fue Díez quien le entregó el pendrive y éste asegura no recordarlo. Una vez declararon ambos, Pino se dirigió por carta al magistrado el pasado 3 de noviembre para dar su versión sobre su origen.

En lo que él denomina "acta de comparecencia", el anterior DAO asegura que “a finales de 2012 o principios de 2013” ordenó al entonces jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, investigar la supuesta implicación de un policía en una causa seguida en un juzgado de Barcelona. Pronto, las supuestas pesquisas sobre ese policía dieron paso a algo más importante. Martín-Blas llegó a su jefe con la “colaboración/información voluntaria de dos agentes-detectives de la Agencia de Investigación Método 3”, según escribe Pino.

Uno de los puntales del grupo antiseparatista que Pino había creado en la DAO era la Unidad de Asuntos Internos, como reveló eldiario.es en noviembre de 2014. La unidad cuya misión es investigar los presuntos delitos cometidos por policías actuaba recopilando sobre el terreno información de políticos vinculados al proceso separatista. La elección no era casual. Asuntos Internos es una unidad absolutamente opaca, con una sede separada del resto, sin identificar, y de la que ni siquiera se conoce el número policías que trabajan en ella. Pino añade que en la época en la que el pendrive llegó a la UDEF, Bonifacio Díez no trabajaba aún en su gabinete. Obvia que ya lo hacía en la Unidad de Asuntos Internos, también adscrita a la DAO.

Por su parte, Método 3 era una agencia de detectives que es objeto de una investigación judicial abierta en un juzgado de Barcelona a raíz de la grabación del restaurante La Camarga entre la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, y la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, a la postre delatora de la familia Pujol. El dueño de Método 3, Francisco Marco, fue detenido y las oficinas donde guardaba ficheros sobre investigaciones de todo tipo, registradas por la Policía.

Según dice Pino en su carta al juzgado, los empleados de Método 3 entregaron un pendrive a Martín-Blas que contenía información que aludía al exdirector del Centro Nacional de Inteligencia Jesús del Olmo, a un hermano de Alfredo Pérez Rubalcaba y a “otras personas pertenecientes a la clase política catalana”. Y que por eso le entregó una copia al CNI, a la UDEF y a otra unidad antiterrorista de la Policía. El exDAO ofrece los nombres de dos personas que aparecen en la memoria digital, pero añade un genérico “otras personas” para referirse a la información sobre políticos catalanes, a la postre, los datos que interesaron realmente a la Policía.

Pino dice recordar asimismo que Martín-Blas le comentó que los dos detectives accedían a la información contenida en el pendrive “por medio de un servidor (en la nube) en el Reino Unido y que el expresident de la Generalitat de Cataluña había pagado anteriormente 700.000 euros al director de la agencia de Investigación Método 3 por la misma, ignorando si esto es cierto o no”. La sospecha de que los detectives entregaron a la Policía la información tras cobrar de los fondos reservados intenta ser despejada por Pino cuando dice que solo actuaron por venganza hacia su exjefe, Francisco Marco, que les adeudaría 200.000 euros.

Cruce de versiones: alguien miente

Antes de la carta de Pino, había declarado ante el juez Manuel Vázquez, jefe de la UDEF en el momento de los hechos. El pasado 14 de octubre pasado, Vázquez dijo al juez que fue el inspector jefe Bonifacio Díez quien le entregó el pendrive en marzo de 2015. Ese día, el juez ya tenía en su poder un informe del sustituto provisional de Vázquez, el comisario José Manuel García Catalán, en el que se asegura que las gestiones realizadas para averiguar el origen de la información del pendrive han resultado “infructuosas”. A pesar de la insistencia del juez y la fiscal Suárez, Vázquez no avanza más que en especulaciones sobre si la información pudo salir de la causa a Método 3 en Barcelona, algo que que el juzgado de la Ciudad Condal y la Policía que participó en esa investigación judicial han negado a la Audiencia Nacional, e insiste en que solo pude aportar que fue Bonifacio Díez quien le entregó el pendrive.

Así que el juez cita al inspector jefe Díez y éste, a su vez, niega haber entregado el pendrive a Manuel Vázquez. Pero cuando el juez le expone la versión del exjefe de la UDEF, añade que puede que se lo diese –“no puedo decirle ni que sí ni que no”- y que no lo recuerda porque le llevó información en muchas ocasiones sin saber siquiera lo que le entregaba. Se trataba de datos que llegaban a la DAO, incluso anónimamente, según su versión, y que Pino le ordenaba distribuir por las unidades competentes.

En realidad, según detallan fuentes policiales conocedoras del grupo policial contra el separatismo, los colaboradores de Pino estaban entregados a buscar sobre el terreno información comprometedora de políticos favorables al proceso independentista, para lo que utilizaban fondos reservados, como en el caso de la cuenta falsa en Suiza del exalcalde de Barcelona Xavier Trias. Entre ellos figuraba el propio Díez, el jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas y el hoy comisario jubilado José Manuel Villarejo.

La información obtenida acababa en las portadas de determinados medios de comunicación coincidiendo con momentos señalados de la escalada soberanista, pero rara vez eran entregada en un juzgado. Cuando lo hacían, se utilizaba a la UDEF de Manuel Vázquez para blanquear la información. Así ocurrió también en la estrategia contra Podemos. El informe PISA, apócrifo, repleto de valoraciones y conjeturas, fue enviado a la UDEF para que ésta lo adecentara y acudiera a un tribunal con él. No fue posible. Finalmente fue Manos Limpias quien lo presentó al Tribunal Supremo, pero éste despreció su contenido. Vázquez llegó a ofrecerse a los jueces del Alto Tribunal para explicarles el contenido del mismo.

Según declara ante el juez Bonifacio Díez, él mismo, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, mano derecha de Pino, y otra policía compartían un despacho en el que guardaban una copia de seguridad en un disco externo que fue destruido por orden del exdirector operativo. Ese despacho que compartían los tres policías a las órdenes directas del DAO es señalada por otros mandos policiales como la auténtica “oficina” de la 'policía política'.

Fuentes Gago era jefe de gabinete de Pino y Díez su adjunto. Como éste segundo afirma ante el juez, entre las labores que desempeñaban estaba mantener “entrevistas” con fuentes informantes porque Pino “solo se fiaba” de ellos. Antes de su jubilación, Pino se encargó de recompensarles con destinos dorados en embajadas. Fuentes Gago fue a La Haya y fue sustituido como jefe de gabinete por Bonifacio Díez. Poco antes de la marcha de Pino, Díez fue destinado a la Embajada española en México. Tanto Fuentes Gago como Díez cobran más de 10.000 euros mensuales en sus actuales destinos, informa eldiario.es.

Gordó (CDC) se reunía con contratistas del 3% en la Generalitat

El ex secretario de Gobierno de la Generalitat Germà Gordó (CDC ahora PDECat) se reunió en su despacho del Palau de la plaza Sant Jaume con los representantes de la UTE (Unión Temporal de Empresas) a la que fue asignada la reconstrucción del Instituto Lluis de Peguera de Manresa, en el contexto de la licitación de dichas obras, según consta en la investigación del caso 3% de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción. Según fuentes conocedoras del procedimiento, ésta no fue la única vez en la que el hombre de confianza del entonces president Artur Mas recibió en su despacho oficial a miembros destacados de empresas que estaban concursando por la licitación de algunas de las obras proyectadas por el Ejecutivo catalán. Estaría ya acreditado que fue un comportamiento reiterado.

La 'brigada política' de Fernández-Díaz chantajea al CNI y a la Casa Real

El recién jubilado Director Adjunto Operativo del exministro de Interior Fernández Díaz ha amenazado a los servicios secretos españoles con revelar todos los detalles de la relación sentimental del rey emérito Juan Carlos con la aristócrata alemana Corinna Sayn-Wittgenstein si es investigado en alguna de las causas judiciales abiertas sobre la mafia policial que dirigió. Pasado ya el primer aviso que está aireando un medio digital, la extorsión a las más altas instituciones del Estado ha tomado forma: o se detienen las investigaciones judiciales sobre la brigada política montada en la anterior cúpula del Ministerio del Interior o estallará un escándalo mediático sin precedentes que socavará a la mismísima Casa Real.

El PSOE pide investigar ya a Fernández Díaz

El grupo parlamentario socialista del Congreso de los Diputados considera que la constitución de la comisión de investigación sobre el ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en relación sus actuaciones contra el movimiento soberanista en Catalunya “debe realizarse de forma inmediata”, según fuentes del PSOE. “Debería ponerse en marcha en febrero, nada más se reanude el periodo ordinario de actividad parlamentaria”, insistieron las citadas fuentes socialistas. En esta formación se considera que ha pasado ya “un plazo más que razonable para formalizar su constitución y que comience a trabajar.

Pel 56% dels catalans, Espanya no és democràtica

Dilluns començarà el judici contra l’ex-president de la Generalitat, Artur Mas, i dues de les conselleres del seu govern, Joana Ortega i Irene Rigau, per haver organitzat el 9-N, en el qual van participar més de 2,3 milions de catalans. El fiscal demana deu anys d’inhabilitació per al president i nou per a les conselleres, en un judici que, segons les enquestes, té el rebuig de la gran majoria de catalans.

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