diumenge, 5 de febrer de 2017

Transparencia Internacional denuncia la ley de contratos públicos del PP

La mafia de Mariano Rajoy trabaja para sacar adelante una nueva ley de contratos públicos, un proyecto al que Transparencia Internacional ya ha manifestado su oposición ante lo que aprecia como “un claro paso atrás desde la lógica de prevención de la corrupción”, en un gobierno ligado y cimentado en el régimen criminal franquista y sus corruptelas institucionalizadas. Transparencia Internacional, en un comunicado, expone once medidas que, a su entender, son “ineludibles” para acabar con la corrupción. La organización aboga por la profesionalización, dejando claro que la mesa de la contratación que determina a quien adjudicar un contrato, no cuente con cargos políticos de enchufados a dedo, así como que se obligue a la redacción de un informe de conveniencia financiera en todo expediente de licitación escrito por funcionarios.

Once propuestas en que la creación de una estructura independiente y cerrada de los órganos administrativos encargados de los recursos contractuales, con la obligatoriedad de colegialidad, es uno de los puntos fundamentales para garantizar la transparencia. Otra de las claves que Transparencia Internacional cree necesaria es la de introducir una consecuencia de nulidad en caso de no cumplirse la obligatoriedad de publicación en la Plataforma de Contratos de Sector Público, ya que, pese su carácter obligatorio, no se llega a cumplir por la desidia de la clase política corrupta española. Para ello, la organización ha abogado contra la “dispersión de normas jurídicas” que permite, a su juicio, el incumplimiento de la obligatoria publicidad, por lo que piden unificar el régimen normativo en lo referente a procedimientos de adjudicación y control “con indiferencia de su naturaleza o no de administración pública o importe de contrato”.

A pesar de que celebra que se suprima el procedimiento negociado sin publicación, es decir, la contratación ‘a dedo’, Transparencia Internacional ha lamentado que se siga manteniendo la figura del contrato menor. Un modelo al que, según la entidad, se recurre de forma “abusiva”, aunque su utilización “aconseja cierta exigencia de publicidad para que exista competencia, así como la fijación de un importe global máximo a favor de un mismo licitador”. En cuanto a los motivos para rescindir un contrato público, Transparencia Internacional ha detallado que se podría proceder si una empresa se salta una declaración responsable y pública en la que se exigiría a la adjudicataria la prohibición de desviar, tanto la empresa matriz como sus filiales, posibles beneficios del contrato a paraísos fiscales. Algo que el Ayuntamiento de Madrid de izquierdas ya se ha comprometido a aplicar pero a lo que el PP se niega rotundamente.

Del mismo modo, la organización expone la necesidad de ampliar la legitimación para impugnar e impulsar “una doctrina clara que preserve los principios de seguridad jurídica y predictibilidad”. En este punto, la entidad ha advertido de “una nueva etapa de descontrol en los sobrecostes”, pues considera que, al posibilitar la libre modificación en ciertos contratos, se incentiva la creación de “entes instrumentales para alejarse del control y reglas públicas”, informa El Boletín.

La "caja B" del PP resurge amenazando a la mafia del gobierno Rajoy

La decisión de la Fiscalía Anticorrupción de apoyar la reapertura de la financiación irregular del PP, conocida este viernes, ha hecho añicos la previsión del PP de Rajoy de disfrutar de un año 2017 sin leer ‘caja B’ en los titulares. El juicio de los ‘papeles de Bárcenas’ está previsto para 2018, una vez haya finalizado el del caso Gürtel allá por noviembre, pero la petición de Anticorrupción para que Francisco Correa declare ante el juez José de la Mata puede devolver a lo más alto el interés por la corrupción y los sobornos que el PP de Rajoy ha recibido desde hace dos décadas de las grandes constructoras del país.

La mafia del PP contra prohibir dar contratos públicos a los defraudadores

El gobierno fascista y corrupto del narco Rajoy vuelve a recurrir ante los tribunales una medida aprobada por el Ejecutivo castellano de Emiliano García-Page. Igual que hizo anteriormente con la jornada de 35 horas semanales para los trabajadores públicos y con la convocatoria de diversas ofertas de empleo, el Gobierno central ha emprendido acciones judiciales para tumbar las cláusulas sociales que regulan la contratación del sector público de Castilla-La Mancha y que entraron en vigor el pasado mes de octubre.

La UCO busca más pruebas de las donaciones de Rita Barberá al PP

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha personado este miércoles en instalaciones de organismos autonómicos del Ayuntamiento de Valencia en busca de pruebas que acrediten la presunta financiación irregular de las campañas municipales del PP de Rita Barberá, dentro de una de las ramificaciones de la Operación Taula.

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