dissabte, 4 de febrer de 2017

Valencia gasta 550.000 € en estudios adjudicados a dedo

Casi veinte millones. Es la cifra (pública) que el Ayuntamiento de Valencia gastó en 18 meses -entre julio de 2015 y diciembre de 2016- en obras, servicios y suministros adjudicados mediante contratos menores, es decir, a dedo ya que no salen a concurso público ni tienen un procedimiento con publicidad. Una fórmula legal con trámites burocráticos más sencillos pero pensada únicamente para casos puntuales o excepcionales. Su uso entre las administraciones públicas se ha extendido a pesar de que los partidos actualmente en el gobierno, como en el caso de Valencia, criticaron esta modalidad cuando estaban en la oposición prometiendo incluso su reducción como un blindaje «frente a casos de corrupción futura», como apuntaron tanto Mónica Oltra (Compromís) como Joan Ribó (PS) hace unos años.

Entre los 19,86 millones reconocidos por el Consistorio en contratos a dedo figuran casi 550.000 euros destinados a la elaboración de estudios e informes encargados por las distintas concejalías. En concreto, 46 informes por valor de 548.722,62 euros, de los que el grueso corresponden a las áreas de Medio Ambiente y Desarrollo Económico, con 172.465 euros en 14 expedientes y 187.503 euros en 12 expedientes, respectivamente. Por contra, las áreas de Protección Ciudadana y Desarrollo Urbano sólo han encargado uno.

Desde el PP "no son contrarios a que se realicen este tipo de documentos" pero sí reclaman mayor transparencia en su procedimiento ya que, en algunos casos, se trata de encargos que podrían realizar los servicios municipales correspondientes. Es decir, «conocer los motivos del encargo, su justificación, a quién se le adjudica, etc.», explicó la concejal Beatriz Simón. Actualmente, los grupos de la oposición sólo tienen acceso cuando los informes ya han sido abonados pero sólo conocen el nombre del documento y la cuantía.

Algo que, por ejemplo, realiza el Ayuntamiento de Barcelona que preside Ada Colau desde noviembre de 2015. Según consta en esta web municipal, se cumple «un acuerdo de todos los grupos para favorecer la transparencia». En el caso de Valencia, el pleno municipal aprobó por unanimidad una moción presentada por el grupo popular, con enmienda del tripartito, para que los contratos menores se publiquen con todos los datos que exige la Ley de Transparencia. «Otro de los temas que hemos solicitado, y que veremos cuándo se ponen en marcha, es la creación y publicación de un Registro de Estudios pagados con dinero municipal para saber cuándo, a quién, para qué y por qué importe y a cuyo contenido podamos acceder los miembros de la corporación», resaltó Simón.

De momento, entre el casi medio centenar de informes adjudicados a dedo en el año y medio de gobierno del tripartito, figuran tanto profesionales a título individual como empresas, centros de estudios o las universidades, tanto la Politècnica (UPV) como la de València (UV). En este último caso, se trata de la primera fase del plan cultural de Valencia, por un importe de 14.520 euros, y el informe sobre las calles franquistas en el cap i casal, con un coste de 17.952,79 euros. Un estudio criticado por ser el tercero que el Ayuntamiento encargaba sobre el mismo tema, ya que existen otros dos de los años 2012 y 2014. El contrato fue adjudicado en junio del año pasado al departamento de Historia Contemporánea de la UV, aunque será el Aula de Historia y Memoria democrática, constituida en abril, quien lo ejecutará.

La necesidad de disponer de más información sobre los estudios se comprueba, por ejemplo, en encargos a la UV etiquetados como 'Informe final estudio' o 'Informe preliminar estudio' por Servicios Sociales por 5.000 euros cada uno. «No hay nada más», lamentaron fuentes del grupo municipal del PP. También hay documentos sobre la adaptación al cambio climático (19.952 euros), la asistencia para una auditoría energética (16.481 euros) o el diseño de una incubadora de empresas agrícolas (16.108 euros), un encargo que podría haber recaído sobre la fundación InnDEA. Sobre alimentación figuran varios expedientes, entre ellos el proyecto de la candidatura para la capitalidad mundial de la alimentación, por el que el Consistorio desembolsó 21.719,50 euros.

El borrador del plan de usos de la Devesa, el seguimiento a los daños de los lepidópteros (mariposas) o los aportes al lago de la Albufera son otros textos encargados a dedo por el servicio de Devesa-Albufera. Este fue uno de los servicios que se reforzó el año pasado con contratación de personal. Entre los que ocasionaron mayor desembolso para las arcas municipales figuran los dedicados a las ciudades amigables (21.538 euros), uno sobre participación ciudadana (16.728 euros, sin detallar el concepto), la ruta Malilla-Albufera (10.890 euros, encargada por la concejalía de Turismo) o un plan de acción sobre aislamientos acústicos (21.767 euros). Con importes entre los 2.000 y los 3.000 euros aparecen informes sobre el sistema de gestión de playas, el mercado laboral o ciudad joven.

Por concejales, según el número de delegaciones que tienen asignadas, Consol Castillo contrató 160.433 euros mediante esta fórmula; Jordi Peris, 99.777 euros; y Sandra Gómez, 87.665 euros (en este caso, hay estudios de la etapa de Joan Calabuig). Por partidos políticos integrados en el equipo de gobierno, a Compromís le corresponden 307.537 euros (56,05% del total), a València en Comú, 122.741 euros (22,37%) y al PSPV, 118.443 euros (21,59%).

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