diumenge, 12 de març de 2017

El 'capo' de Artur Mas, en Chile, huyendo de la GC

La investigación sobre la trama del 3% de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) aún tiene algunos flecos pendientes. Uno de los principales implicados en la presunta financiación ilegal del partido de Artur Mas y Carles Puigdemont todavía no ha podido ser detenido porque se marchó a Chile cuando descubrió que los testimonios y pruebas que estaban recabando los expertos en delitos económicos de la Guardia Civil iban a terminar sentándolo en el banquillo. No se equivocaba. Según han confirmado fuentes cercanas al caso, el exiliado voluntario es Joan Lluís Quer (foto), máximo responsable hasta noviembre de 2015 de la empresa pública que creó el 'expresident' Jordi Pujol en 1990 para centralizar todas las adjudicaciones de obra pública de la administración catalana, Gerencia de Infraestructuras SA (GISA), rebautizada en 2012 con el nombre Infraestructures.cat.

Casualmente, Quer dimitió del cargo solo unas semanas después de que la Guardia Civil se personara, en agosto de 2015, en la antigua sede de CDC en la calle Córcega de Barcelona para llevarse la documentación que ocultaba en el despacho el tesorero del partido, Andreu Viloca, presunto eje de la trama. A pesar de que Viloca no tenía cargo en ninguna administración pública ni se sentaba en ninguna mesa de contratación, los investigadores encontraron en su poder numerosos expedientes de GISA e Infraestructuras.cat. El juez que instruye el caso, Josep Bosch, ya ha concluido que el tesorero utilizaba esas adjudicaciones para negociar comisiones con empresarios de la construcción.

Pero Viloca no habría podido conseguir ningún donativo sin la colaboración de los dirigentes de la formación que controlaban los concursos públicos. El 29 de octubre de 2015, la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción volvieron a la sede de CDC y detuvieron por segunda vez a Viloca. En esa tercera fase de la llamada operación Petrum contra el 3% también cayó por primera vez un cargo de confianza de los convergentes con un puesto directivo en Infraestructures.cat. Se trató de Joan Antoni Rosell, director general de ese ente público.

Los agentes habían descubierto que Rosell se reunía de forma frecuente con Viloca para pactar qué licitaciones debían ser amañadas y qué empresas tenían que llevárselas. Pero en esas reuniones también habría participado el superior directo de Rosell en Infraestructures.cat. Los investigadores documentaron encuentros de Quer con sus compañeros de partido implicados en la trama y con constructores como Xavier Tauler Ferré, ex consejero delegado de Copisa, implicado también en los negocios de la familia Pujol que investiga la Audiencia Nacional.

Quer no esperó a que se produjeran nuevos acontecimientos. Solo unos días después de esa operación, el 26 de noviembre de 2016, la Consejería de Economía de la Generalitat comunicó que el directivo había decidido abandonar la presidencia de Infraestructures.cat por motivos personales. Para entonces, El Confidencial también había desvelado que Quer simultaneó su puesto al frente de la empresa pública con inversiones en empresas de ingeniería y asesoría de obras por valor de 2,5 millones de euros.

El rastro de Quer reapareció en marzo de 2016 junto a la costa del Pacífico, en Santiago de Chile. Una fundación privada de Barcelona que asesora a empresas e instituciones en materia de urbanismo, el Institut Cerdá, decidió abrir en la capital chilena su primera delegación en el extranjero y, curiosamente, eligió a Quer para hacerse cargo de la nueva oficina. Entre los clientes del Institut Cerdá figuran organismos investigados en la trama del 3%, como la Generalitat de Catalunya, los ayuntamientos de Barcelona y Sant Cugat del Vallés, las diputaciones de la cuatro provincias catalanas, la Autoridad Portuaria de Barcelona y la Agencia Catalana del Agua. También asesora a compañías investigadas por el pago de comisiones ilegales a CDC, como Sociedad de Aguas de Barcelona (Agbar), ACS y su antigua filial Urbaser, Copisa, Comsa, Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC) y FCC, entre otras.

Los indicios contra Quer son tan sólidos que la Fiscalía Anticorrupción solicitó el pasado 14 de noviembre de 2016 al instructor de la causa el registro de un domicilio de Quer en la calle Duquesa de Orleans de Barcelona, según consta en un escrito al que ha tenido acceso El Confidencial. En ese mismo documento, el Ministerio Público relaciona a Quer con otro dirigente implicado presuntamente en la financiación ilegal de Convergència, el exconsejero de Justicia y exgerente del partido Germá Gordó. El escrito acusa directamente a Quer y Gordó de concertarse para exigir dinero a constructores a cambio de contratos de obra pública. Por la condición de diputado autonómico de Gordó, la Fiscalía pidió al juez de la operación Petrum que remitiera todos los indicios contra ambos al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Sin embargo, el tribunal rechazó la petición del Ministerio Público al entender que era necesario seguir realizando diligencias para aquilatar las pruebas contra el dirigente de CDC aforado.

Con todo, Quer siguió estando bajo el foco de la investigación. Según ha podido saber este diario de fuentes cercanas al caso, dos meses después, su nombre llegó a figurar en la lista de afectados por la llamada operación Pika, el cuarto dispositivo de la operación Petrum que tuvo lugar el pasado 2 de febrero y que se saldó con 18 nuevos arrestos y 24 registros de domicilios y oficinas. Quer iba a ser uno de los detenidos en esta última operación, pero se salvó por su oportuna estancia en Chile. Las pruebas en su contra esperan su regreso a España. Voluntario o forzoso, informa El Confidencial.

'Caso 3%': billetes de 500 euros envueltos en papel de diario

La Guardia Civil halló dos fajos de billetes de 500 euros en el interior de una caja fuerte incautada a uno de los investigados en el 'caso 3%'. Se trata de Josep Antoni Rosell, exdirector general del organismo de la Generalitat Infraestructures.cat. El dinero estaba envuelto en papel de diario y, a la vez, en papel de aluminio. Los fajos estaban divididos la mayoría en grupos de 10 billetes de 500 euros cada uno. Un trabajador de GISA explica cómo se amañaban los concursos.

Los sorprendentes regalos de CDC al constructor del 'caso 3%'

El Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, el mayor que tenía Convergència i Unió (CiU) en Cataluña durante muchos años, ‘regaló’ casi 130.000 euros a la empresa Teyco, propiedad del empresario Carles Sumarroca, fundador de Convergència e íntimo amigo de Jordi Pujol. Jordi Sumarroca, hijo del fundador de la compañía, fue uno de los detenidos en el marco del escándalo del 3% en julio de 2015, mientras la sede de Teyco era registrada por orden del juzgado número 1 de El Vendrell. En su caja fuerte, también se encontraron documentos con desgajes del 3% de las adjudicaciones de obras.

Lunes-13: juicio del caso Pretoria

Un documento encontrado en 2005 durante el registro ordenado por el juez Baltasar Garzón -que indagaba las cuentas offshore del banco BBVA Privanza- en el despacho de abogados Petrus, situado en el paseo de Gràcia de Barcelona, fue la pista que, cuatro años más tarde, el 27 de octubre del 2009, desembocó en la detención, entre otros, del ex-alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz; del ex-diputado socialista Luigi Garcia; del ex-consejero de Economía de la Generalitat, Macià Alavedra, y del ex-secretario general de Presidencia, Lluís Prenafeta.

La ANC prepara escenarios de choque y acampadas indefinidas

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) espera del independentismo “asumir sacrificios” y que esté preparado para, entre otros y si es necesario, estar dispuesto a “acampar indefinidamente”, a “la ocupación de infraestructuras”, a la “resistencia pasiva” ante una posible “actuación de las fuerzas de ocupación”, en caso de que se inhabilite a Forcadell o a Puigdemont, o a la protección de la radio pública catalana y de TV3 si en este último caso hay un corte de comunicaciones.

Nadie reconocerá un referéndum hecho por la Generalitat

La carencia de un organismo de control propio invalidaría los resultados pese a que Artur Mas se inventó una Comisión de Control del 9-N, para "garantizar" la calidad democrática, afirman juristas.

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