dijous, 30 de març de 2017

El TdeC denuncia pagos indebidos de 133 M en el AVE

Un informe preliminar del Tribunal de Cuentas sobre las obras del Ave en el trazado de la estación ferroviaria de La Sagrera, en Barcelona, revela supuestos pagos indebidos de dinero público por un importe de 133,8 millones de euros. El extenso informe, que este jueves será elevado para su aprobación al pleno del órgano encargado de fiscalizar las cuentas públicas, destapa “graves incidencias” en la ejecución de siete contratos para el desarrollo de estas obras de alta velocidad, que se prevé concluyan en 2020 en la frontera con Francia. Precios inflados, pagos de obras no realizadas, certificaciones abonadas por adelantado, plazos incumplidos y adjudicación de contratas menores a dedo son algunas de las anomalías contables halladas por los expertos del órgano fiscalizador.

El tribunal recuerda en su análisis, que ocupa 127 folios, que dos juzgados de Barcelona indagan en la actualidad supuestos delitos de falsedad, malversación de caudales públicos y cohecho (hay 14 imputados). Y que las pesquisas se centran en determinar “si empleados" de las empresas contratistas "se concertaron presuntamente con asistentes técnicos y personal de ADIF [Administración de Infraestructuras Ferroviarias, dependiente del Ministerio de Fomento] para beneficiar a la adjudicataria, tanto en la adjudicación como en la ejecución del contrato, y en perjuicio de los fondos públicos”. Renfe es la operadora.

Los redactores del informe denuncian “sobrecostes” (precios inflados) de en torno al 18% en al menos siete expedientes (unidades de obra). Y también numerosos trabajos pagados sin que existiese un contrato previo sobre ellos, así como “incumplimientos injustificados en los plazos de terminación de las obras", superiores al año en algunos casos. Lo que atribuye, entre otras causas, a “deficiencias en la preparación” de este macroproyecto ferroviario de alta velocidad que permitirá trenes directos a Paris. Es decir, que el Estado ha pagado millones de euros unas veces fruto de improvisaciones en las obras y otras vulnerando las normas que rigen la contratación pública. Discriminando a otras empresas licitadoras.

El órgano fiscalizador lamenta en concreto el perjuicio para las arcas que han supuesto las numerosas ampliaciones de proyectos de obra (hasta en siete ocasiones en algún caso) sobre aspectos que debieron ser previstos al anunciar los contratos y que, en contra de lo que alega ADIF, no constituyen situaciones sobrevenidas o de urgencia, replica. Según el tribunal, los sobrecostes se camuflaron básicamente vía modificaciones de los proyectos y/o con obras complementarias no justificadas.

El informe incorpora las alegaciones efectuadas por la firma pública ADIF; es decir, el tribunal ha llegado a estas conclusiones tras analizar sus expertos los alegatos presentados por ADIF en un informe de 54 folios que remitió el pasado 2 de febrero el actual presidente de la firma estatal, Juan Bravo. Una vez que hoy, como es previsible, el pleno apruebe el informe, este será remitido al Congreso de los Diputados, que fue quien le instó a fiscalizar este trazado férreo. Después, lo enviará a la jefatura de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas y a la Abogacía del Estado para que emitan sus respectivos dictámenes y, en su caso, reclamen a los responsables la devolución a las arcas públicas del dinero malgastado o no justificado. El tribunal no apunta a culpables, aunque habla de "cierta confusión" en los cometidos de los directores y jefes de obra que deben vigilar que el contratista culmine el proyecto.

Fue el anterior presidente de ADIF quien, en octubre de 2014, decidió poner en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción (diferente de la del Tribunal de Cuentas) las irregularidades que pesaban sobre al menos siete expedientes del trazado de la línea de alta velocidad Barcelona-Frontera Francesa; y en concreto las del entorno de la estación de La Sagrera. Y lo hizo tras recibir un informe interno de los auditores de ADIF que supuestamente acreditaban pagos indebidos por importe de casi 84 millones de euros. El tribunal eleva esa cantidad ahora a 133.8 millones. Ha analizado, por ejemplo, al expediente de obra número 24, consistente en un contrato para la construcción de los accesos a la estación de La Sagrera (que en el futuro, hacia 2020, está previsto que albergue el edificio más grande de Barcelona). Los auditores observaron que, en abril de 2014, se habían pagado ya 77 millones a la constructora y que, en cambio, el valor de la obra realmente acometida solo ascendía a 58. Es decir, se pagó la obra antes de su ejecución y por encima de los presupuestado. Y así en diferentes obras.

Las mayores irregularidades las han constatado los técnicos del órgano fiscalizador en siete contratos en los que ha observado que se pagaron certificaciones de obras no ejecutadas. Explica el tribunal en sus conclusiones: “En el entorno de la futura estación de la Sagrera se detectaron importantes diferencias entre las obras realmente ejecutadas y las obras certificadas y abonadas, por importe de 117 millones de euros (…) Partiendo de los datos facilitados por la entidad [ADIF] y el resultado de los trabajos de la auditoría externa, frente a los 580 millones certificados y abonados [solo] se acreditaron actuaciones por importe de 463 millones, de los que al menos 83 millones corresponde a actuaciones fuera del proyecto contratado”. Advierte el órgano fiscalizador que la ley prohíbe a la Administración pagar por adelantado trabajos no realizados. Como también proscribe los modificados no justificados o previsibles.

Al tribunal no le “parece razonable” que en la fase de adjudicación de algunas obras a determinadas empresas se esgrimiera que “el proyecto exigía una tecnología avanzada” que solo ellas tenían. Y que, en cambio, ese criterio, en las bases, solo tuviera una “puntuación de 10 sobre 100”, dejando entrever que pudo haber favoritismo. También sugiere pujas temerarias, lo que explicaría las reiteradas modificaciones al alza en algunas obras, con aquiescencia de ADIF, una vez comenzadas aquellas.

El Tribunal de Cuentas también descubrió sobrecostes superiores al 200% en otras obras del tramo del AVE Madrid-Barcelona, que igualmente se hallan judicializadas. El presupuesto de este trazado, ya en funcionamiento, ascendió a 6.822 millones de euros. En Barcelona hay dos juzgados que investigan supuesta corrupción en las obras del trayecto del AVE, el 9 y el 26. El 9 empezó a investigar cuando responsables de una subcontrata que movía tierras de la línea de alta velocidad de la zona de La Sagrera denunciaron que habían pagado viajes de placer y otras prebendas a técnicos de ADIF y de constructoras a cambio de la subcontrata, informa El País.

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