dimarts, 28 de març de 2017

La GC registra un edificio en la zona alta de Barcelona

La Guardia Civil está desarrollando esta mañana en Barcelona una operación aparentemente relacionada con un delito de estafa. Al menos cuatro coches de este cuerpo policial y otras tres dotaciones de la Unidad Central Operativa (UCO), que se encarga de investigar delitos relacionados con la delincuencia y el crimen organizado, han accedido a un edificio de oficinas ubicado en del número 11 de la calle Amigó, muy cerca de la confluencia con Travessera de Gràcia.

Este edificio, propiedad de la Inmobiliaria Colonial, alberga la sede de varias empresas. La Guardia Civil no está aún en disposición de confirmar cuál de estos despachos está registrando, pero podría ser una compañía del sector de las comunicaciones, según fuentes a las que ha tenido acceso La Vanguardia.

Una dotación de la Guardia Civil corta el acceso a la calle Amigó de Barcelona (Jesús Sancho)
La operación, que se desarrolla desde alrededor de las nueve de la mañana, ha alertado a los vecinos porque al menos dos de los agentes que custodian el acceso al edificio están fuertemente armados. El acceso a la calle Amigó desde Travessera de Gràcia ha sido cortado durante aproximadamente una hora, pero ya ha sido reabierto al tráfico

Palau: "Hay políticos que dicen que no conocen a Millet, cuando me los presentó él"

El abogado Juan Segura, que fue secretario de las juntas directivas de varias entidades vinculadas al Palau de la Música, ha declarado este martes en el juicio que se celebra por el saqueo de la entidad cultural, que tras el registro de los Mossos, en julio del 2009, algunos "políticos" denostaron al que era presidente del auditorio, Félix Millet. "Ahora dicen que no lo conocen, cuado me los presentó él", ha asegurado.

La AN juzgará a la mafia rusa que se dirigía desde Calvià

La Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgará a partir del próximo 12 de junio y hasta el 6 de julio a los 27 presuntos miembros de la mafia rusa Tambovskaya, para quienes la Fiscalía Anticorrupción solicita penas de prisión de entre cinco años y seis meses y 8 años y seis meses por participar en una estructura asentada en España desde 1996.

La Marea Blanca exige “sanciones ejemplares” a los que privatizaron para robar la sanidad pública

El goteo de casos de corrupción entorno a la privatización de la sanidad pública está acelerándose. Unos “sobrecostes” que viene denunciando la Marea Blanca durante un largo periodo, pero reclaman ir un paso más allá y tomar cartas en el asunto contra el negocio de las privatizaciones. Las recientes informaciones que apuntan a los procesos de privatización de hospitales en Madrid y Valencia no han pasado desapercibidos para la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.

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