dimarts, 28 de març de 2017

La Marea Blanca exige “sanciones ejemplares” a los que privatizaron para robar la sanidad pública

El goteo de casos de corrupción entorno a la privatización de la sanidad pública está acelerándose. Unos “sobrecostes” que viene denunciando la Marea Blanca durante un largo periodo, pero reclaman ir un paso más allá y tomar cartas en el asunto contra el negocio de las privatizaciones. Las recientes informaciones que apuntan a los procesos de privatización de hospitales en Madrid y Valencia no han pasado desapercibidos para la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. A la pista que sigue el juez de la Púnica, Eloy Velasco, sobre presuntas irregularidades en el Gobierno de Esperanza Aguirre a la hora de publicitar sus nuevos complejos hospitalarios, en los últimos días se le ha sumado la detención de nueve personas en Valencia a nueve personas relacionadas con una supuesta trama de corrupción vinculada al Hospital General de Valencia y su exgerente Sergio Blasco, sobrino del exconseller Rafael Blasco, que cumple condena por malversar fondos destinados a cooperación internacional.

Unos casos que han elevado el termómetro de la Marea Blanca que no le ha sorprendido estas intervenciones judiciales. “En todas las concesiones de nuevos hospitales se han repetido los mismos problemas: se multiplica entre cuatro y siete veces su coste, irregularidades en la adjudicación de las concesiones, recortes en edificios y equipamiento, deterioro en la calidad de los materiales, retrasos en la entrega de los centros, contrataciones de personal amañadas, trampas y sobreprecios en la publicitación e información al público, etc”, relata el colectivo.

Y es que otra de las patas de esta trama que denuncia la Marea Blanca y que afecta a la sanidad pública tiene que ver con la parte empresarial. Nombres como Acciona, OHL, Dragados-FCC o Cofely vienen a la mente de la federación por sus apariciones en los casos judicializados. “Las más importantes empresas de la construcción española se encuentran presuntamente involucradas en las tramas de la Gürtel y la Púnica”, resumen. Asimismo, tampoco olvidan la presencia de “fondos de inversión internacional, entidades financieras, auditoras (PWC, Deloitte,..) y responsables políticos, en su mayor parte del Partido Popular (Matas, Camps, etc.)”.

Todo con un marco de unión: “la denominada Colaboración Público-Privada (CPP)”. Momento en el que la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública recuerda lo que señalaron hace años: esta fórmula trae “graves riesgos para pacientes, sistema sanitario, trabajadores y arcas públicas”. De hecho, el paso del tiempo, según el colectivo, ha evidenciado que “las prometidas ventajas en eficiencia, transparencia y calidad” han brillado por su ausencia dejando paso a “unos costes disparatados imposibles de sufragar a medio y largo plazo”. En cambio, lo que sí aprecia la Marea Blanca que ha traído sus resultados con la CPP es “la generalización de la corrupción pública, con los mismos protagonistas que la burbuja financiera y del ladrillo, que tanto dolor están provocando en la población”.

Por ello, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ha procedido a realizar “un llamamiento a los partidos políticos para poner freno a este saqueo de dinero público”. Pero el movimiento se demuestra andando. Por eso, la Marea Blanca propone a las fuerzas parlamentarias que apuesten por “abrir auditorías” en los parlamentos para “analizar la aplicación de la CPP y sus consecuencias para la sanidad y las arcas públicas”, así como que se abran “procesos de denuncia de todas las concesiones y su reintegración al sistema público” por lo que se debería, según exigen, “abolir el modelo de gestión privada de los centros sanitarios financiados con recursos públicos”. Una serie de reclamos que el colectivo cierra con una petición muy concreta: “Sanciones ejemplares para implicados en esta trama de corrupción dada la trascendencia de la misma para la salud de todos los españoles”, informa El Boletín.

Aguirre declarará en el juicio de la Gürtel

La expresidenta madrileña Esperanza Aguirre (PP) tendrá que declarar el próximo 20 de abril ante el tribunal que juzga la primera época de la trama Gürtel, por el fraccionamiento de contratos en la Comunidad de Madrid. Aguirre forma parte de la lista de 200 testigos que la Fiscalía pide que declaren por las adjudicaciones a las empresas de la Gürtel cuando ella era presidenta de la Comunidad de Madrid.

El 60% de los senadores esconde su patrimonio

Al margen de las promesas constantes de rendición de cuentas y regeneración de cada partido, los senadores han tenido la oportunidad de demostrar su compromiso individual con la transparencia al rellenar las declaraciones de bienes y rentas que entregan al Senado, un trámite al que obliga el reglamento de la institución para acceder al escaño. La información debe actualizarse cada vez que se produce un cambio sobre lo ya declarado y cuando se deja el cargo.

Familia Blasco: PP, Opus Dei, ladrones, embusteros y farsantes degenerados

Está en la cárcel, condenado a seis años y medio de cárcel por el fraude en sendas ayudas a la cooperación que nunca llegaron a Nicaragua (sólo 43.000 de 1,8 millones de euros lo hicieron). No es el único caso en el que el el ladrón, paleto e indecente sectario criminal del Opus Dei Rafael Blasco está imputado por su etapa como conseller de Solidaridad y Ciudadanía en la época del PP, dado que también ha de responder, entre otras cosas, de una trama organizada supuestamente con su complicidad para captar sistemáticamente dinero destinado a ese tipo de subvenciones.

Los médicos catalanes denuncian fraude en las listas de espera

El sindicato Metges de Catalunya ha señalado que el problema “real” de las listas de espera es el tiempo de espera para las pruebas diagnósticas pese a que el consejero de Salud, Antoni Comín (der. foto), sacó pecho de la reducción de pacientes a la espera de pruebas diagnósticas de un 6,7%. El secretario general del sindicato, Josep Maria Puig (izda. foto), explica a Redacción Médica que lo que les preocupa es “a partir del momento en que se diagnostica que un paciente necesita una prueba o una intervención, cuánto tiempo tiene que esperar”. Además, el sindicato explica que planea la sospecha de un posible fraude, ya que “hay rumores de que existen pre-listas de espera”.

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