La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por la juez Manuela Fernández Prado, le ha condenado a 13 años y un mes de cárcel por delitos de fraude, asociación ilícita, falsedad continuada en documento público y falsedad en documento mercantil, en relación a una trama de fraude del IVA gestada en Málaga y extendida por toda España.
En una sentencia fechada el pasado 13 de marzo, el tribunal advierte de que Cerdá ejercía «una aportación muy importante e imprescindible para el funcionamiento de la trama», cuya finalidad era defraudar el IVA en material informático y de telefonía móvil. Cerdá Sanjuan tiene abiertos otros cuatro procedimientos en relación a este caso, destapado por Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en 2006. Precisamente, uno de ellos, conocido como Pieza Wireless Phone, está siendo juzgado en la actualidad por la Audiencia Nacional. Ramón Cerdá Sanjuan creó la sociedad Posibilitum Business que usó el empresario Ángel de Cabo para comprar, en 2010, el grupo Marsans al ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y a su socio fallecido, Gonzalo Pascual.
En 2011, la empleó para adquirir Nueva Rumasa a la familia Ruiz-Mateos. De Cabo y Díaz Ferrán están en prisión desde 2012. Seis miembros de los Ruiz-Mateos se enfrentan a penas de cárcel superiores a los 16 años.Cerdá fundó también la sociedad Good & Better que sirvió a Francisco Correa para facturar contratos adjudicados por la Comunidad de Madrid a la trama Gürtel. Correa está en prisión cumpliendo una condena de 13 años dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, y está siendo juzgado por la Audiencia Nacional en otra pieza del caso Gürtel. La sociedad De Goes Center for Stakeholder Management, empresa que compró Mario Sorribas Fierro, testaferro de Iñaki Urdangarin, para evadir dinero a Belice, también fue creada por Cerdá.
El Mundo intentó contactar con el empresario valenciano, pero éste rehusó hablar. Fue su abogada, la letrada Charo Álvarez, la que respondió argumentando que «no todas las empresas creadas [por Cerdá Sanjuan] están relacionadas con tramas de corrupción».Álvarez, que recurrirá la sentencia de la Audiencia Nacional ante el Tribunal Supremo, precisó que «sólo un porcentaje pequeño» de las sociedades que salen de Ramón Cerdá aparece en sumarios de casos de corrupción. Atendiendo a los datos que constan en el Registro Mercantil, Cerdá Sanjuan ha estado vinculado a 9.597 cargos en empresas fundadas en España. Conviene advertir de que algunas de esas sociedades ya no pertenecen a este empresario.
Su negocio consiste en ofertar a través de internet, o de cualquier otro medio, la venta de sociedades por un precio mínimo de 1.800 euros. Es lo que se conoce como shelf companies. Esto es, empresas ya registradas y listas para ser vendidas, que son adquiridas por personas que quieren ahorrar tiempo en los trámites administrativos de creación de una empresa o que necesitan una sociedad que les dé privacidad, en la que no aparezca su nombre y tenga años de antigüedad. La investigación realizada por Vigilancia Aduanera en relación al caso de la trama del IVA por el que está condenado, advirtió de que Cerdá ofrecía también a los potenciales compradores un testaferro como administrador de las empresas. De esta manera, el dueño real de la sociedad se desvincula, aparentemente, de la empresa y queda oculto.
Los hechos investigados destaparon que Cerdá Sanjuan tiene dos maneras de enmascarar a los verdaderos dueños. Por una parte, recurre a personas físicas, con escasos medios económicos, a las que paga una pequeña remuneración a cambio de que accedan a convertirse en administradores aparentes de las sociedades. Así, pueden abrir cuentas bancarias y tener las claves de internet de las mismas, que después son usadas por los auténticos dueños para realizar transacciones.
En otras ocasiones, según la investigación realizada, busca a personas que se identifiquen ante el notario bajo una identidad supuesta, presentando un DNI de otras que no tienen ningún conocimiento de los hechos. De esta manera consigue «engañar a los notarios», como advierte el escrito de calificación de la Fiscalía Anticorrupción en relación al caso del fraude del IVA, cambiando la fotografía del verdadero titular del documento por la del «suplantador».
Los hechos investigados llegaron a detectar a tres personas -con nombres y apellidos- consideradas «testaferros» de Cerdá en estas operaciones, además de advertir la existencia de un único notario «de su confianza», según el tribunal. «Cerdá actuó con la organización facilitando sociedades con rol de pantalla por las que circulaban cantidades millonarias de dinero cuya única finalidad era permitir que terceros distribuidores defraudaran a Hacienda», consta en el escrito del fiscal. A cambio, cobraba una comisión que canalizaba a través de sociedades patrimoniales. La primera sentencia condenatoria advierte un fraude de 3,2 millones de euros, informa El Mundo.
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