divendres, 21 d’abril de 2017

Anticorrupción releva a los fiscales del 'caso 3%' y lo envía a la fiscalía catalana

El nuevo y polémico fiscal jefe Anticorrupción del PP, Manuel Moix, ha decidido relevar a los fiscales asignados a la investigación del caso 3% y remitir el procedimiento a la fiscalía de Cataluña. Interrumpe de este modo una investigación de más de 10.000 folios dirigida de forma prolija y exhaustiva por los fiscales Fernando Bermejo y José Grinda y que había logrado arrinconar a hombres de confianza del ex presidente Mas como Germá Gordó, actual diputado y ex secretario de Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Según fuentes de la Fiscalía Anticorrupción consultadas por éste periódico, Moix ha tomado esta decisión, -que para ser operativa tendrá que ser ratificada por la comisión Permanente del Consejo Fiscal-, por motivos operativos, porque no considera razonable que habiendo fiscales muy competentes en Cataluña, tengan que desplazarse fiscales desde Madrid. Imagen: conversación entre Prenafeta y Artur Mas que revela la implicación de la cúpula en la trama mafiosa del 3% catalana, un calco de la institucionalizada por el PP en el resto del Estado.

Las mismas fuentes sostienen que su objetivo es también descargar de trabajo a unos funcionarios que están inmersos en las investigaciones de una cincuentena de casos. Otro de los motivos del relevo sería conferirle mayor protagonismo a la fiscalía de Cataluña y quitar argumentos a quienes sostienen que el envío de representantes del Ministerio Público desde Madrid está fundamentado en una animadversión hacia Cataluña. El hecho es que en estos momentos hay varias líneas de investigación abiertas. Por una parte, los agentes de la Guardia Civil, coordinados por ambos fiscales, analizan centenares de documentos recabados en registros realizados, en Cataluña y en Madrid, en las sedes de las empresas investigadas por financiar de forma presuntamente irregular a Convergencia Democrática.

Por otra parte, en el procedimiento hay varios testigos protegidos dispuestos a ampliar sus testimonios sobre las irregularidades detectadas en Convergencia y en sus responsables políticos cuya disposición ha estado muy vinculada a Bermejo y a Grinda. De modo que no sería descartable que la ausencia de ambos pueda tener consecuencias en el alcance de la investigación. Estaba también pendiente la remisión, de nuevo, por parte del juez de El Vendrell, Josep Bosch, al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de una exposición razonada sobre Gordó, solicitando que sea este tribunal el que se haga cargo del procedimiento relativo al hombre de confianza de Mas, dada su condición de diputado y, por lo tanto, de aforado.

El primer paso en la investigación del caso 3% se dió hace cuatro años, después de que la ex concejal de ERC en Torredembarra (Tarargona), Montse Gasull, denunciara lo que consideraba irregularidades en la construcción de un aparcamiento por parte de la empresa Teyco, propiedad de la familia Sumarroca, fundadora de CDC. El consejero delegado de esta firma, Jordi Sumarroca, fue detenido y el juez decidió que había suficiente información como para dar lugar a una pieza separada. Una primera fase, que se sustanció en la llamada operación Petrum, señaló el posible pago de comisiones que, a través del alcalde de Torredembarra, Daniel Mesegué, habrían llegado a convergencia Democrática bajo la apariencia de donaciones a las fundaciones del partido, Catdem y Forum.

El procedimiento se repetía en varios Ayuntamientos y la investigación permitió la detención de Andreu Viloca, el extesorero de CDC, de Josep Antoni Rosell, el ex director general de Infraestructuras de Cataluña y los responsable de las empresa Copisa, Urbaser, Rogasa, Grupo Soler, Tec4 y Oproler. Otra operación posterior, el pasado mes de febrero, la operación Pika, cerraría el círculo entorno a tres empresas públicas que amañaban los contratos en favor del CDC.

En las investigaciones aparecía Andreu Viloca como el «señor conseguidor» para el que las empresas adjudicatarias de obra pública en Cataluña reservaban el 3%. Viloca, según la Fiscalía, es quien «controlaba de forma sistemática los pagos que serían, de confirmarse, sobornos bajo la apariencia de donaciones». Los empresarios se referían a él con nombres supuestos y alias. Del mismo modo que se referían a Gordó, a quien los fiscales Bermejo y Grinda atribuyeron 6 delitos, con nombres distintos al suyo.

Ambos recabaron documentos y testimonios que demostrarían que Gordó recibía a los empresarios que aspiraban a adjudicaciones en la Generalitat. Uno de esos testimonios incluso sitúa a Artur Mas en el momento en el que se habla de las comisiones por adjudicaciones y detalla cómo el ex consejero de la Presidencia le manifestó el enfado del Ex presidente por no seguir sus instrucciones. Todo este material es el que tendrán que abordar los fiscales de Cataluña, informa El Mundo.


Mafia PP: Javier López-Madrid, detenido


La Guardia Civil ha detenido esta noche al directivo de la constructora OHL, Javier López Madrid (foto), por pagar presuntas comisiones al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, detenido en el marco de la Operación Lezo. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) le acusa de pagar una comisión de 1,4 millones de euros abonada desde Suiza por el proyecto fallido de tren de Navalcarnero. Adrián de la Joya, imputado en la Operación Lezo por mediar en el pago de una comisión de OHL. El jefe de la Fiscalía Anticorrupción -el preferido de los corruptos como Zaplana y designado por el PP-, Manuel Moix, impuso la retirada del delito de organización criminal contra Ignacio González. El tuit de alerta de Garzón tras el registro de Indra: “¡Es la empresa que cuenta los votos!”.

El Fiscal General y el jefe Anticorrupción trabajan para la mafia del PP

El Fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, trató de impedir el registro y la detención de Ignacio González (PP) en la jornada de ayer. Lo hizo a través de su cargo orgánico y contando con la aprobación del Fiscal General del Estado que lo designó, José Manuel Maza. Sin embargo, la sublevación de la junta de fiscales Anticorrupción ante esa voluntad impidió la voluntad de Moix.

Jordi Pujol Ferrusola evadió 30 millones de euros

La Policía Judicial ha elevado a 30 millones de euros los fondos supuestamente evadidos fuera de España por Jordi Pujol Ferrusola en plena investigación judicial. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) había detectado operaciones de «despatrimonialización» realizadas por el primogénito del clan catalán que ascendían al menos a 14 millones de euros. Tras un nuevo análisis, la Udef dobla con creces esta cifra hasta alcanzar exactamente 29.917.589,20 euros. En este último cálculo la Udef incluye «negocios jurídicos ficticios, inversiones no repatriadas o pérdidas internacionales ficticias».

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