dijous, 20 d’abril de 2017

Casals (La Razón): "¿Quién se puede imaginar que desde un diario se puede presionar?"

La Operación Lezo ha dejado ya los primeros paseíllos ante la Audiencia Nacional. Francisco Marhuenda (meme sobre su medalla de policía honorario con el opusitorio Fernández) y Mauricio Casals, director y presidente del panfleto nazi La Razón respectivamente, han acudido este jueves a declarar ante el juez Eloy Velasco, imputados ambos por un delito de coacciones por presionar a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. "En mi vida la he presionado y en mi vida he intentado influir en un proceso judicial", ha afirmado a la salida del tribunal el mediático Marhuenda, habitual de las tertulias de televisión: "Nunca hemos hecho nada incorrecto". Ambos han reconocido la existencia de las conversaciones teléfonicas que han derivado en su imputación.

"Eran unas conversaciones con un amigo que estaba desesperado", ha añadido el director de La Razón, antes de remachar: "Hablando por teléfonos, hay palabras que se pueden entender mal". "Eran conversaciones para tranquilizar a Edmundo Rodríguez", ha concluido. Frente a las explicaciones públicas de Marhuenda, Mauricio Casals se ha marchado de la Audiencia Nacional sin hacer declaraciones ante las cámaras. "Siempre he estado muy tranquilo", ha afirmado a la salida del tribunal, sin parar de caminar, tras prestar declaración ante el juez Velasco. "Hablará después Francisco", ha apostillado inmediatamente el presidente del periódico, al que el juez le han puesto los audios de las diferentes conversaciones telefónicas que mantuvo con Sobrino.

El magistrado imputó el pasado miércoles al director y al presidente de La Razón por coacciones a Cifuentes para evitar que denunciara las irregularidades detectadas por una auditoría realizada por su Ejecutivo en el seno del Canal de Isabel II y en las que estaba presuntamente implicado Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero delegado de la empresa editora del periódico y hombre de confianza en Latinoamérica de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid y detenido en la Operación Lezo. "Edmundo estaba obsesionado con que se filtraran informaciones contra él desde la Comunidad de Madrid", ha explicado Marhuenda.

Según fuentes cercanas a la investigación, durante unos pinchazos telefónicos se intervinieron conversaciones entre Marhuenda, Casals y Rodríguez; que desvelan supuestamente cómo trataron de frenar la decisión de la presidenta de la Comunidad de acudir a la Justicia a denunciar la compra por parte del Canal de Isabel II de una empresa brasileña por un precio que solo un mes después de la adquisición se demostró excesivo. Entre insultos, los tres hablan de usar el periódico para atacar a la dirigente del PP si continúa adelante con su decisión de denunciar las irregularidades detectadas. Incluso, de publicar noticias falsas, según las mismas fuentes. "Eran formas de hablar", ha argumentado Casals sobre las grabaciones, antes de añadir: "¿Quién se puede imaginar que desde un diario se puede presionar?", informa El País.

Marhuenda y Sobrino imputados por coacciones a Cifuentes

El alcance de la Operación Lezo trasciende más allá del Canal de Isabel II y afecta de lleno a la estructura directiva del periódico La Razón, una "voz del amo" de la mafia del PP. Además del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, otro de los ocho arrestados ha sido Edmundo Rodríguez Sobrino, que es consejero del periódico del grupo Planeta. Pero hay más, porque la Guardia Civil ha citado como imputados -ahora investigados- al director de La Razón, Francisco Marhuenda y al presidente del rotativo, Mauricio Casals, a quienes el juez Eloy Velasco señala por presuntos delitos de coacción, intimidación y pertenencia a organización criminal.

La GC registra la sede de OHL por la trama del PP de Madrid

Efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil están registrando las oficinas de OHL en el marco de las investigaciones sobre la financiación ilegal del Partido Popular. La actuación iniciada esta mañana está pilotada por el juez de la Audiencia nacional Eloy Velasco, quien ya en febrero de 2016, ordenó registrar el despacho que el ex gerente del PP Beltrán Gutiérrez tenía en la sede del PP, en la madrileña calle Génova, y en su domicilio particular. Ese mismo día, el magistrado instructor ordenó también registrar el despacho de Francisco Javier López Madrid, yerno de Juan Miguel Villar Mir, dueño del grupo OHL.

Jordi Pujol Ferrusola evadió 30 millones de euros

La Policía Judicial ha elevado a 30 millones de euros los fondos supuestamente evadidos fuera de España por Jordi Pujol Ferrusola en plena investigación judicial. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) había detectado operaciones de «despatrimonialización» realizadas por el primogénito del clan catalán que ascendían al menos a 14 millones de euros. Tras un nuevo análisis, la Udef dobla con creces esta cifra hasta alcanzar exactamente 29.917.589,20 euros.

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