dilluns, 24 d’abril de 2017

Dimite Esperanza Aguirre, por tercera vez

Esperanza Aguirre, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, ha anunciado su dimisión a 17.00 y deja su acta de concejal: "Tengo como norma de conducta no eludir mis responsabilidades. Por eso dimito", ha afirmado Aguirre, que está bajo el punto de mira de todos los grupos políticos desde el arresto de Ignacio González, su sucesor en la Comunidad de Madrid y estrecho colaborador, por un supuesto caso de desvío de fondos en la empresa pública del Canal de Isabel II. "Me siento engañada y traicionada por Ignacio González. No vigilé lo que debía", ha dicho la expresidenta de la Comunidad de Madrid en una breve comparecencia ante los medios de comunicación.

"Mi manera de concebir la política como servicio a España y a los ciudadanos me lleva a asumir la responsabilidad que me corresponde por no haber vigilado a Ignacio González. Por no haber descubierto antes lo que ahora ha descubierto la Guardia Civil y el Juez", ha reconocido la exportavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid. La corrupción se ha convertido en "un problema central" de la política española, ha puntualizado la popular. "Para luchar contra ella no es suficiente la acción de la justicia, siempre rigurosa pero demasiado lenta. Los ciudadanos tienen derechos a exigir que los políticos asumamos todas las responsabilidades con dignidad, sin dilaciones y sin excusas. Tengo como norma de conducta no eludir nunca mis responsabilidades", ha afirmado antes de salir de la sala de prensa abarrotada de cámaras y periodistas.

Entre 2003 y 2012, Aguirre fue presidenta de la Comunidad de Madrid. En este periodo González ejerció de mano derecha de la dirigente popular, controlando el Canal de Isabel II. En 2012, Aguirre dejó la presidencia de la Comunidad de Madrid "por motivos personales" y González, su segundo, la sustituyó hasta el año 2015. El pasado 20 de abril, el expresidente de la Comunidad de Madrid fue arrestado junto a otros 11 sospechosos por participar en una presunta red de corrupción investigada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y dirigida por el juez Eloy Velasco. Tras la detención de González, Aguirre afirmó que si el expresidente de la Comunidad cometió irregularidades en el Canal Isabel II sería algo "muy lamentable". A partir de ese momento, recibió presiones tanto dentro como fuera del PP para que reflexionara sobre su continuidad.

En febrero de 2016, Aguirre dejó la dirección del PP madrileño por su "responsabilidad política in vigilando" ante distintas imputaciones de corrupción por el caso Púnica de dirigentes del partido en su comunidad. Algunos dirigentes del PP invocaron ese mismo principio para forzarla a presentar las dimisiones. Todos los partidos exigían a Cristina Cifuentes, líder del PP en Madrid, que apartara a Aguirre por su vinculación política con González.

La trama Púnica involucró a Francisco Granados, antiguo número dos del PP en la Comunidad de Madrid, arrestado en octubre de 2014 por estar supuestamente implicados en una red de corrupción que adjudicó servicios públicos por valor de 250 millones de euros en dos años a cambio de pagos y comisiones ilegales. Durante los años de gobierno de la región, Aguirre y sus más estrechos colaboradores hicieron de la Comunidad de Madrid el laboratorio de corte más liberal del Partido Popular. Los arrestos de Granados y González han sido determinantes para que Aguirre tomara la decisión de dejar el acta de concejal.

En 2015, la dirigente volvió a la política activa para liderar la lista del PP en las elecciones municipales. Tras la llegada a la alcaldía de Manuela Carmena (Ahora Madrid), gracias al apoyo del PSOE, la popular lideró la oposición al gobierno local. La misma Carmena sostuvo la semana pasada que, a raíz de la relación de Aguirre con varios imputados en numerosas supuestas tramas delictivas, su continuidad como concejal tenía que ser cuestionada, informa El País.

Es la tercera vez que Aguirre deja sus cargos. En septiembre del 2012 dimitió como presidenta de la Comunidad de Madrid por "motivos personales y de salud", y en 2016 lo hizo de la presidencia del PP madrileño por su responsabilidad "in vigilando" de los escándalos de la trama Púnica que salpicaron un buen número de sus cargos de confianza, una explicación similar a la que ha blandido en esta ocasión, informa l'ARA.

El PP presiona para que Aguirre dimita

Abandonar en su caída libre a sus implicados en las tramas de corrupción institucionalizada desde los gobiernos de Aznar es ahora la intención de la cúpula del PP ante su nueva semana ‘horribilis’, marcada por la corrupción galopante destapada. Para ello, la dimisión de la actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, acorralada tras la detención del que fuera su número dos, Ignacio González, permitiría a la dirección nacional y al propio Mariano Rajoy, que lleva años enfrentado a la ‘lideresa’, coger algo de aire en un contexto de descrédito general.

La mafia del PP manejaba fondos a través de ocho paraísos fiscales

Ignacio González desvió fondos de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) en 2012 para sanear las cuentas del PP de Madrid, poco antes de que llegara a la Presidencia de la Comunidad de Madrid tras la dimisión de Esperanza Aguirre, según denunció ante la Fiscalía un ex alto cargo de ese ente público. Así lo refleja el juez Eloy Velasco en el auto que mandó a prisión incondicional a González, que describe indicios de la supuesta financiación ilegal en el PP de Madrid. La trama operaba y construía estructuras desde paraísos fiscales y territorios de baja tributación, el caso de Panamá, Suiza, Liechtenstein, Islas Vírgenes, Uruguay, Holanda, Reino Unido o EEUU.

El juez investiga el pacto corrupto entre Gallardón y González

El juez investiga un sobreprecio de 70 millones de euros en la compra por parte del Canal de Isabel II en 2001, con Alberto Ruiz-Gallardón de presidente de la Comunidad de Madrid, de la sociedad Inassa, una operación en la que el juez ve indicios de “compra fraudulenta y supuesta malversación”. El juez de la operación Lezo, Eloy Velasco, afirma en el auto de prisión del ex presidente madrileño Ignacio González, que éste conocía la ilegalidad de la operación a su llegada a la vicepresidencia de la Comunidad de Madrid en 2003 “a través de determinados informes jurídicos”, pero que no lo denunció.

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