dissabte, 22 d’abril de 2017

El juez acusa a Ignacio González de blanquear dinero con Zaplana

El juez ha enviado este viernes a prisión a Ignacio González (der. foto) por su implicación en la trama de corrupción institucional destapada en el seno de la Comunidad de Madrid en relación a "desvíos de dinero público" en beneficio propio. Así lo ha decretado, a última hora del viernes, el magistrado Eloy Velasco, tras tomar declaración al que fuera presidente de la Comunidad de Madrid, detenido el pasado miércoles dentro de la llamada operación Lezo. El juez Velasco afirma que "se ha evidenciado la planificación del uso de la influencia junto con el presidente del PP valenciano Eduardo Zaplana (izda. foto) para tratar de favorecer los intereses del empresario Conrado Rodríguez López Braun respecto a un litigio que mantiene con el Ministerio de Defensa mediando una contraprestación económica".

El ex presidente madrileño está siendo investigado por presuntos delitos de organización criminal, prevaricación, malversación, blanqueo, fraude y falsificación documental. Entre los hechos investigados, el juez le atribuye la tenencia de "gran cantidad de dinero en efectivo de origen indeterminado" vinculado con "actividades criminales", así como "determinadas operativas de blanqueo de capitales orientadas a aflorar este dinero en efectivo".

En este punto, el magistrado introduce en la trama al ex ministro del PP Eduardo Zaplana. En el auto mediante el que ordena el ingreso en prisión de González el instructor de la operación Lezo dice que González planeó "sondear al abogado uruguayo Fernando Belhot, relacionado con el blanqueo de capitales de un determinado caso de corrupción en Argentina, para crear algún tipo de estructura financiera a largo plazo para canalizar capitales junto a Eduardo Zaplana, lo que indiciariamente apunta a la tenencia de activos financieros en el exterior".

El juez también señala que "existen indicios que apuntan a que solicitó un millón de euros a José Martínez Nicolás (consejero delegado de ICM) en el año 2012 para sanear las cuentas del PP a través de la instrumentalización de los procesos de contratación pública de dicho ente público", lo que supone que la trama pudo ser utilizada para financiar de forma ilegal el PP de Madrid. La investigación atribuye también a Ignacio González el cobro de 1,4 millones de la empresa OHL y le vincula con una adjudicación irregular de unos terrenos para la construcción de un campo de golf en Madrid.

Los investigadores resaltan facturaciones ficticias y el manejo habitual de dinero en efectivo en el modus operandi de Ignacio González. En su declaración, el ex presidente madrileño se limitó a justificar los hechos investigados en base a la legalidad, según apuntaron fuentes jurídicas. La operación, llevada a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), supuso la detención de nueve personas, además de otras tres que fueron citadas a declarar como investigados el pasado jueves. En total, siete detenidos pasaron ayer por la sala de declaraciones ante el juez Velasco. Los otros dos, ex directivos del Canal de Isabel II, declararon el jueves.

El magistrado tomó declaración a lo largo del viernes a Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado el hombre de confianza de Ignacio González y ex presidente de Inassa, la empresa filial del Canal de Isabel II en Latinoamérica, para el que el juez también ha ordenado prisión incondicional. La secretaria de éste, Clarisa Guerra Soto, rindió cuentas ante Velasco antes que su ex jefe. Es ella una de las tres personas a las que el juez ha dejado en libertad, con la obligación de presentarse en el juzgado una vez al mes. Las otras dos han sido el empresario Javier López Madrid, consejero del grupo OHL, y el que fuera director de la Agencia Informática de Madrid (ICM), José Martínez Nicolás.

En estos dos últimos casos, el juez Velasco los ha dejado en libertad, pero con la condición de que paguen 100.000 euros antes del próximo 28 de abril. En caso de no depositar esa fianza, tendrían que ir a prisión. El hermano del ex presidente madrileño, Pablo González -ex directivo de la empresa Mercasa-, y su cuñado, Juan José Caballero Escudier, también pasaron por la sala de declaraciones de la Audiencia Nacional, pero se negaron a prestar declaración. El juez decretó prisión eludible bajo una fianza de cuatro millones de euros para el hermano de González y prisión eludible bajo una fianza de 100.000 euros para el cuñado.

En cuanto a los dos ex directivos que declararon el jueves, el juez decretó prisión eludible bajo fianzas para ambos.La trama de corrupción gestada en torno al ex presidente de la Comunidad de Madrid desvió un mínimo de 23,3 millones de euros de "dinero público madrileño" a paraísos fiscales. Así consta en el auto de prisión dictado por el juez Eloy Velasco para los dos ex directivos de la empresa pública Canal de Isabel II.

"A través de un entramado societario opaco", los implicados hicieron «desvíos de dinero público» mediante empresas instrumentales "que operaban en países terceros de escasa opacidad", creadas para gestionar los fondos destinados a la compra de una empresa brasileña, Emisaao, por parte de la filial que la sociedad pública Canal de Isabel II tiene en Latinoamérica y que responde al nombre de Inassa.Atendiendo al citado documento, que analiza cómo se hizo la adquisición de la sociedad brasileña, en 2013 se observaron "irregularidades" en la operación de compra de Emissao. Los hechos investigados advierten de que los presuntos gestores de la trama ejecutaron la adquisición "en contra de la opinión de auditores independientes, con el pago de comisiones prohibidas".

Según los investigadores, la compra de la brasileña se hizo "sin informes de secretarios técnicos ni interventores, ni la autorización de la Consejería de Hacienda" madrileña. Es más, dejan constancia de que las sociedades instrumentales transferían el dinero público a cuentas bancarias "con opacidad respecto de las titularidades reales".En este sentido, el juez considera que González era consciente de las irregularidades. "Existen indicios de su concertación con Edmundo Rodríguez (presidente de Inassa), Adrián Martín (director gerente del Canal de Isabel II) y María Fernanda Richmond (directora financiera del Canal de Isabel II) para consentir y/o propiciar la compra de la sociedad brasileña Emissao", dice el auto.

En cuanto al patrimonio personal del ex presidente madrileño, el juez instructor de la operación Lezo considera acreditado que "existen indicios que apuntan a que la situación financiera y patrimonial del matrimonio" formado por González y Lourdes Cavero "no está justificada a tenor de las informaciones aportadas por el propio investigado, sus allegados, así como la falta de coherencia de las inversiones que planean con los datos de renta disponibles aportados por la Agencia Tributaria". Continúa el juez Velasco señalando que "existe una pluralidad de indicios que apuntan a que el ex presidente de la Comunidad de Madrid maneja dinero en efectivo en importantes cantidades y cuyo origen debe ser comprometido en orden a la serie de operativas que articula para introducirlo en el sistema financiero legal".

El nombre de Zaplana aparece en otra operación resaltada por el juez. Dice el auto que "se ha evidenciado el uso de la influencia sobre José María Moreno (director gerente del Imidra) para conseguir una decisión administrativa favorable a los intereses de Joaquín Molpeceres relacionada con el riego de un determinado campo de golf situado en la finca 'El Encín' de Alcalá de Henares, que es explotado por dicho empresario". Añade el juez Velasco que "se ha evidenciado la planificación del uso de la influencia junto con Eduardo Zaplana para tratar de favorecer los intereses del empresario Conrado Rodríguez López Braun respecto a un litigio que mantiene con el Ministerio de Defensa mediando una contraprestación económica".

Sobre el papel de determinados medios de comunicación en la trama, dice el juez que "se ha evidenciado el uso de la influencia" de Ignacio González sobre "Mauricio Casals, presidente de La Razón, para detener la cobertura mediática de sus supuestas actividades criminales con el objetivo de conseguir inmunidad y obtener información sensible sobre la investigación judicial en curso". "Además", prosigue, "habría colocado a una periodista de su confianza en RTVE para que defendiese su imagen e intereses". "Esta influencia se extiende a otros ámbitos como la Administración, habiéndose detectado episodios en los que Ignacio trata o planea influir en terceros, de manera directa o indirecta, para beneficio propio o de otros", informa El Mundo.

Prisión para Ignacio González y fianza de 1 millón para Javier López

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El TSJC, Artur Mas y la jueza casada con un imputado del 3%

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