dilluns, 24 d’abril de 2017

El juez investiga el pacto corrupto entre Gallardón y González

El juez investiga un sobreprecio de 70 millones de euros en la compra por parte del Canal de Isabel II en 2001, con Alberto Ruiz-Gallardón de presidente de la Comunidad de Madrid, de la sociedad Inassa, una operación en la que el juez ve indicios de “compra fraudulenta y supuesta malversación”. El juez de la operación Lezo, Eloy Velasco, afirma en el auto de prisión del ex presidente madrileño Ignacio González, que éste conocía la ilegalidad de la operación a su llegada a la vicepresidencia de la Comunidad de Madrid en 2003 “a través de determinados informes jurídicos”, pero que no lo denunció. Un silencio que se debería a que “el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, llegó a un pacto de silencio con el también expresidente de la región madrileña, Alberto Ruiz-Gallardón, para no destapar la corrupción del Canal de Isabel II”.

El magistrado afirma en el auto de prisión del ex presidente madrileño Ignacio González, que éste conocía la ilegalidad de la operación a su llegada a la vicepresidencia de la Comunidad de Madrid en 2003 “a través de determinados informes jurídicos”, pero que no lo denunció. Un silencio que se debería –según diario de Pedro J. Ramírez- a que “el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, llegó a un pacto de silencio con el también expresidente de la región madrileña, Alberto Ruiz-Gallardón, para no destapar la corrupción del Canal de Isabel II”. Recalcando que “así lo consideran los responsables de la Operación Lezo, que investigan cómo la mano derecha de Esperanza Aguirre encargó un informe sobre los negocios del organismo en el extranjero a la firma Cuatrecasas para luego mantenerlo en secreto”, informa El Boletín.

La operación de la compra de Inassa, la filial latinoamericana del Canal cuyo registro intentó sin éxito parar el fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix, rondó los 100 millones de euros, dice el juez, que añade que el valor de la mercantil era “muy inferior”, concretamente de unos 30 millones según los investigadores. El magistrado sostiene que este sobreprecio de 70 millones pudo haber supuesto una malversación de fondos públicos que se produjo cuando Ignacio González aún no ocupaba ningún cargo en la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, añade que “se ha evidenciado que conocía los hechos de la compra fraudulenta y supuesta malversación de fondos públicos en la compra de Inassa en el año 2001 y, como vicepresidente de la Comunidad de Madrid y presidente del Canal de Isabel II, no los denunció, conociendo su supuesta ilegalidad a través de determinados informes jurídicos”. Inassa fue una de las sociedades registradas esta semana en la operación Lezo, un registro que intentó frenar Moix previa consulta con el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, alegando que debía llevarse en un caso aparte, tal y como informó El Independiente.

Así, Moix pidió a los fiscales del caso, Carlos Yáñez y Carmen García, que no se requisara en los registros de Lezo la información vinculada a esta compra, ante lo que Yáñez y García convocaron una junta de fiscales Anticorrupción, que votó por amplia mayoría a favor de que se realizaran los registros, informa El Independiente.

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