dimarts, 4 d’abril de 2017

El TC amenaza a Puigdemont y 18 altos cargos por la partida del referendum

La providencia con la que el Tribunal Constitucional (TC) respondió este martes al recurso del PP contra las cuentas de la Generalitat de Catalunya que incluían partidas destinadas al referéndum, lo que supone su anulación cautelar durante al menos cinco meses, no deja margen alguno a la interpretación e incluye con nombre, apellidos y cargo concreto que ocupa en la Generalitat a todos los que pueden intervenir en la tramitación de las cuentas, desde el 'president', Carles Puigdemont, hasta la directora general de presupuestos, Anna Tarrach.

Es la primera vez que la notificación de la suspensión cautelar acordada por el Constitucional se extiende a altos cargos de la Generalitat además de a los 14 miembros del Govern, a los que se cita expresamente uno por uno, con Puigdemont al frente. Así se dirige, además de a Tarrach, al secretario del Govern, Joan Vidal; al secretario general de Vicepresidencia y de Economía y Hacienda, Josep Maria Jové; a la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, y a la directora de Contratación Pública, Mercé Corretja.

Los 19 son advertidos "de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada" de los apartados uno y dos de la disposición adicional 40 de los presupuestos y de tres de sus partidas "relativas a procesos y consultas populares y procesos de de participación". El Constitucional señala expresamente los 407.450 euros con los que se dotaba un programa del Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda y los 5,8 millones de euros de partidas destinadas a dar cobertura a los gastos de convocatoria del referéndum prevista en la disposición impugnada.

Para que no se pueda alegar el desconocimiento esgrimido, por ejemplo, por el exconseller Francesc Homs en el procedimiento que se saldó con su condena a 13 meses de inhabilitación por impulsar la consulta del 9-N de 2014, la providencia advierte a todos los mencionados que, "en particular", deben abstenerse "de iniciar, tramitar, informar o dictar acuerdo alguno de disposición de las partidas presupuestarias impugnadas, o de cualesquiera otras, incluido el fondo de contingencia", previsto en la disposición adicional 40, "con el fin de financiar cualquier gasto derivado de la preparación del referéndum".

Eso incluye "especialmente (...) licitar, ejecutar o fiscalizar contratos administrativos" para la preparación de la consulta o "iniciar, tramitar, informar o dictar acuerdo alguno de ampliación, modificación o transferencia de las partidas presupuestarias impugnadas o cualesquiera otras" con el fin de celebrar la cita con las urnas. El alto tribunal concluye "aperciéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de no atender este requerimiento".

No es la primera vez que el Gobierno corrupto de Rajoy esgrime la vía penal para amenazar a los dirigentes independentistas. Hasta ahora el tribunal -de magistrados nombrados a dedo por el mismo PP en su inmensa mayoría- la ha materializado a través de la Fiscalía, a la que ha remitido las actuaciones que entendía podían suponer una desobediencia a sus resoluciones. Por este motivo, el ministerio público ha presentado dos querellas contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; la segunda la extendió también a los tres miembros de la Mesa de la Cámara que permitieron la votación que iniciaba la cuenta atrás del referéndum unilateral.

Puigdemont también fue apercibido de las consecuencias penales que podría acarrearle el incumplimiento de esas resoluciones, pero existe una diferencia fundamental entre esos casos y este. Ahora lo que se ha impugnado es un acto impulsado por el Govern, y no una votación en el Parlament, por lo que el president y su gobierno serían los querellados por la Fiscalía ante una desobediencia, informa El Periódico.

RU: “Los catalanes son distintos de los españoles”

La decisión de la UE de no incluir el territorio de Gibraltar en los acuerdos que se alcancen para el Brexit y dar a España poder de veto sobre esta cuestión ha creado gran indignación en amplios sectores de Reino Unido. El exlíder de los tories Michael Howard ha asegurado que en caso necesario Theresa May debería plantearse actuar como en el caso de las Malvinas, es decir ir a la guerra.

Nadie reconocerá un referéndum hecho por la Generalitat

La carencia de un organismo de control propio invalidaría los resultados pese a que Artur Mas se inventó una Comisión de Control del 9-N, para "garantizar" la calidad democrática, afirman juristas.

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El Gobierno de la región del Kurdistán iraquí ha aprobado este domingo la celebración de un referéndum de independencia este mismo 2017, según ha informado el medio Rudaw.

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