dissabte, 22 d’abril de 2017

El TSJC, Artur Mas y la jueza casada con un imputado del 3%

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha propuesto trasladar al área contenciosa del alto tribunal a la magistrada de la sala civil y penal, Núria Bassols (foto), esposa de uno de los empresarios detenidos en la trama del 3% y a la que el 'expresident' Artur Mas fichó como comisionada de Transparencia nada menos, en una prueba más de los conductos siniestros que unen las tramas mafiosas y fascistas de la corrupción nazicatólica hispana. Según han informado fuentes jurídicas, el pasado miércoles entró a estudio en la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la propuesta planteada por la sala de gobierno del TSJC para trasladar a Bassols, un relevo al que la magistrada ha expresado su conformidad. En el 2010, Josep Manel Bassols, el que fuera alcalde de Anglès, jefe de la campaña de Carles Puigdemont a la alcaldía de Girona en el 2010 y actualmente delegado en Catalunya de la empresa Oproler, escribió una carta de dos folios y medio al entonces president Artur Mas pidiéndole trabajo en la administración pública para él y su mujer, Núria Bassols, que en ese momento era magistrada en el Tribunal Superior de Justicia, pero necesitaba “un impás”.

Bassols forma parte de la sala civil y penal del TSJC, pero desde que el año pasado regresó a su plaza, tras haber ocupado el cargo de comisionada de Transparencia en el Govern que presidía Artur Mas, tenía vetado instruir causas relacionadas con aforados. La magistrada fue fichada en el 2013 por Artur Mas como responsable de política de Transparencia de la Generalitat, una semanas después de archivar como magistrada del TSJC la causa abierta contra el exdiputado de CiU Ferran Falcó por el 'caso Adigsa', y en el 2015 fue ascendida a comisionada.

Desde entonces ha estado en el punto de mira por el 'caso del 3%', en el que su marido, Josep Manel Bassols, delegado en Catalunya de la empresa Oproler, ha sido detenido en dos ocasiones en los últimos años por su presunta relación con el pago de comisiones a CDC a cambio de la adjudicación de obra pública. En el sumario del caso, levantado el mes pasado, consta además una carta que el esposo de Bassols envió en septiembre del 2011 a Mas para pedirle que intercediera por él y por su mujer, aduciendo que esta necesitaba un 'impasse temporal' de la plaza que ocupaba en el TSJC.

En esa carta, el empresario explicaba además que el diputado de JxSí y 'exconseller' de Justicia Germà Gordó le había dirigido a GISA, antigua empresa de obra pública de la Generalitat, y a la Diputación de Barcelona para que le buscaran empleo. Ante su comprometida situación en una sala que en un futuro podría tener en sus manos casos de corrupción que afecten a aforados -así como a políticos investigados por el proceso soberanista-, Bassols ha dirigido un escrito al presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, en el que acepta su adscripción temporal a la sala contencioso-administrativa del alto tribunal, durante un año.

La sala de gobierno del TSJC, que aprobó el pasado 4 de abril el traslado de la magistrada, ha enviado ahora su petición al CGPJ para que lo apruebe, argumentando que la sala contenciosa tiene cuatro plazas vacantes que no se han cubierto en los sucesivos concursos, informa El Periódico.

Un donante del 3% pidió cargos por sus servicios a CDC

El sumario de la investigación por el 3% del que ayer se levantó el secreto de otra buena parte no sólo está revelando de qué manera Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) se financió ilegalmente a través de donaciones de empresas a cambio de la adjudicación de obra pública sino que está dejando al descubierto el estilo de algunos de los investigados. En el 2010, Josep Manel Bassols, el que fuera alcalde de Anglès, jefe de la campaña de Carles Puigdemont a la alcaldía de Girona en el 2010 y actualmente delegado en Catalunya de la empresa Oproler, escribió una carta de dos folios y medio al entonces president Artur Mas.

Anticorrupción releva a los fiscales del 'caso 3%' y lo envía a la fiscalía catalana

El nuevo y polémico fiscal jefe Anticorrupción del PP, Manuel Moix, ha decidido relevar a los fiscales asignados a la investigación del caso 3% y remitir el procedimiento a la fiscalía de Cataluña. Interrumpe de este modo una investigación de más de 10.000 folios dirigida de forma prolija y exhaustiva por los fiscales Fernando Bermejo y José Grinda y que había logrado arrinconar a hombres de confianza del ex presidente Mas como Germá Gordó, actual diputado y ex secretario de Gobierno de la Generalitat de Cataluña.

Unió, condenada a pagar 61.500 € por lucrarse de una fundación afín

La Audiencia de Barcelona ha condenado a Unió Democràtica de Catalunya (UDC), el ya extinto partido demócratacristiano del reaccionario Josep Antoni Duran Lleida y socio de CDC (ahora PDCat) en la desaparecida CiU, como responsable civil por lucrarse con 178.000 euros con el desvío de fondos de su fundación afín Catalunya i Territori, a cuyos exresponsables ha impuesto penas de hasta ocho años y ocho meses de cárcel.

Prisión para Ignacio González y fianza de 1 millón para Javier López

La Fiscalía Anticorrupción pide prisión sin fianza para el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González (PP). El magistrado Eloy Velasco, que investiga las irregularidades del Canal de Isabel II en la Operación Lezo, le ha tomado durante casi tres horas. Ahora interroga al empresario Javier López Madrid. Su hermano Pablo y su cuñado José Juan Caballero se ha negado a responder a las preguntas del juez y los fiscales. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado prisión eludible con fianza de un millón de euros para el consejero de OHL y amigo de los reyes Javier López Madrid.

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