dijous, 6 d’abril de 2017

Fernández Díaz miente y se regodea en su incompetencia y falsedad

La brigada política fascista creada por el exministro del Interior ha reventado este miércoles en el Congreso. Tanto el exirector de la Oficina Antifraude de Catalunya como quien fuera hombre de confianza del corrupto y narco-presidente Mariano Rajoy para frenar el independentismo catalán han asegurado que no sabían que les estaban grabando y que los organizadores de la reunión fueron el ex director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, y su jefe de gabinete, José Ángel Fuentes Gago. Recuperado de sus supuestos problemas de salud y con la misma arrogancia que cuando era ministro del Interior, el supernumerario del Opus Dei Jorge Fernández Díaz ha mentido, falseado las evidencias y afirmado tajantemente que son "grabaciones ilegales" las que le hicieron en su despacho mientras hablaba con el exdirector de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso, los días 2 y 16 de octubre de 2014. Al menos, sí que ha quedado en evidencia la incompetencia del jefe de los servicios de seguridad del Estado, al admitir haber sido grabado en su propio despacho, lo que atemoriza por la obvia inseguridad que eso supone para el país.

Lo ha dicho en sede parlamentaria y con la obligación de decir la verdad, ante la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre su gestión y sobre los informes apócrifos de su Policía contra políticos soberanistas y Podemos, entre otros partidos. Aunque el interés del dirigente nazicatólico e incompetente del Partido Popular ha sido culpar a Público por difundir "a trocitos" las grabaciones en exclusiva antes de las elecciones del 26 de junio de 2016 para perjudicarle políticamente ─a pesar de que sacó más votos en Barcelona que en otros comicios─, no le ha quedado más remedio que reconocer que alguien grabó ilícitamente a quien fuera el máximo responsable de la seguridad interior española en su despacho ministerial. Incluso ha solicitado que se haga una prueba pericial de los archivos entregados por este medio a la Fiscalía General del Estado, algo que sorprendentemente no realizó la Comisaría General de Información encargada de la investigación.

En una comparecencia que ha recordado por momentos a una declaración en sede judicial, cosa que habría ocurrido si la Fiscalía hubiese abierto diligencias o los grabados hubieran denunciado, el exministro ha echado balones fuera y ha recalcado que sólo el ex director adjunto operativo (DAO), Eugenio Pino, y su jefe de gabinete, el inspector José Ángel Fuentes Gago, conocían que se iban a realizar las reuniones, porque fueron ellos quienes las organizaron, tal y como desveló Público.

Eso pone en jaque al ex número dos de la Policía y jefe de la brigada política que actuó durante el mandato del exministro, quien declaró a uno de los periodistas relacionados con esta trama que sabían que era normal grabar al ministro y que el problema era el "custodio" de las grabaciones. En esa entrevista, Pino dejó claro que ni los comisarios José Manuel Villarejo ni Marcelino Martín-Blas habían tenido en su poder esa grabación, por lo que la comisión de investigación se ve obligada a llamar a declarar al menos al ex número dos de la Policía, que aunque era un funcionario también era un cargo de confianza elegido por el Gobierno de Mariano Rajoy, explican fuentes de los diferentes partidos.

Lo que ha quedado desmontado también es que la grabación que le hicieron en 2014 y su difusión tuviera su origen en la supuesta "guerra de comisarios" o "entre Policía y CNI" que algunos altos mandos de la confianza de Pino han divulgado entre los periodistas. Ni siquiera el ministro ha hecho alusión a esto; más aún, ha señalado como algo extraño que al excomisario de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, se le grabara cuatro días después que a él.

El tono de las preguntas del PdCat, Podemos, ERC, PNV e incluso el PSOE ha estado cargado de la intención de investigar un problema "que afecta al Estado" al margen de las diferencias políticas, como ha señalado la dirigente de Podemos Irene Montero. Esto da a entender que tras estas declaraciones el presunto pacto PSOE, Ciudadanos y PP para que no acudan a comparecer los ex responsables de la policía tiene grietas.

A pesar de los encontronazos que el ministro ha intentado mantener con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, el diputado ha logrado sacarle que la relación de confianza con Daniel de Alfonso no era tal. El exministro ha eximido al exdirector de la Oficina Antifraude de Catalunya de ser quien le grabó ─"me puedo sorprender", ha dicho Jorge Fernández Díaz─, pero como si de dos pillos se tratara ha asegurado también que la frase que pronuncia al principio de la segunda reunión ("el presidente lo sabe") en realidad era una mentira para intentar dar confianza a su interlocutor.

A quien no ha podido acusar de malos modos es a la diputada de Podemos, Irene Montero. La pasada semana la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, intentó hacer creer que el listado de preguntas que le hacía la portavoz de la formación morada atentaba contra las normas del decoro, cuando lo que trataba era indagar sobre los comisarios y periodistas relacionados con estas presuntas malas artes de la brigada política y que ya están afectando también al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a la Casa Real.

Pero en esta ocasión Fernández Díaz ha reconocido el interés de las preguntas y también que el mal llamado Informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) era "un conjunto de recortes de prensa", que no estaba inscrito en la base de datos oficial de la policía (Gati), que no sabe quién lo hizo y que fue enviado a la UDEF por el comisario Eugenio Pino sin seguir los cauces legales. Más aún, la cronología que le ha expuesto la diputada demuestra que el ex responsable de la cúpula policial filtró a su amigo Eduardo Inda ese "informe de noticias de actualidad" y que nadie firma, como si realmente fuera un documento auténtico de la Policía. Algo que el exministro no ha tenido argumentos para negar, informa Público.

Abierta investigación al hallarse el informe perdido del ‘caso Faisán’

El informe perdido del caso Faisán (el del chivatazo a ETA), que fue elaborado por la llamada policía patriótica -la brigada creada y controlada por ex director adjunto operativo (DAO) de la policía española Eugenio Pino (izda. foto) y bajo mando de Jorge Fernández Díaz (PP)-, ha sido hallado por fin durante una revisión a mano, papel a papel, y ha sido enviado al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que en su día instruyó el caso del chivatazo a ETA. Tras recibirlo, el juez José de la Mata ha dejado sin efecto la comparecencia prevista para este miércoles de los comisarios Eugenio Pino y Marcelino Martín Blas, y ha abierto una pieza "separada y reservada" sobre el contenido del documento dentro del sumario del caso Faisán.

Fernández Díaz y De Alfonso, al Congreso por su conspiración contra Catalunya

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el exjefe de la Oficina catalana Antifraude Daniel de Alfonso tendrán que explicar el miércoles en el Congreso de los Diputados las conversaciones grabadas que mantuvieron en el Ministerio, en las que fabrican escándalos para destruir y acusar de prevaricación a dirigentes soberanistas catalanes, así como a las instituciones y sociedad civil involucrada en el proceso independentista. Las conversaciones tuvieron lugar entre el 2 y el 16 de octubre de 2014, poco antes de la consulta soberanista del 9-N.

Los Pujol piden anular parte del sumario por el 'pendrive'

El famoso pendrive de la policía política del PP con material sobre la familia Pujol ha abierto la posibilidad de que se anule una parte de la causa. Los abogados de la familia Pujol han presentado un escrito en el que piden la eliminación del sumario de varios informes policiales como consecuencia de la incorporación a la misma por parte de la Policía del célebre dispositivo electrónico. A pesar de que el juez José de la Mata ya ha sacado del procedimiento el lápiz de memoria y ha expulsado el informe en el que se vertía su contenido (entre otras cuestiones las operaciones del clan catalán en África financiados con fondos del Gobierno español) los letrados Cristóbal Martell y Albert Carrillo piden que se vaya todavía mucho más allá.

La secretaria de Millet daba sobres “cerrados y gruesos” al tesorero de CDC

Elisabet Barberà fue secretaria personal de Félix Millet durante 35 años, pero no era la única secretaria que tenía el exdirigente del Palau de la Música, ni la única que tenía acceso a las dos cajas fuertes sobre las que el fiscal ha puesto el ojo en el juicio del caso que tiene lugar en la Ciutat de la Justícia, la caja fuerte de la planta 3 del Palau y la caja de seguridad en una entidad bancaria próxima a la sede de la entidad musical.

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