dilluns, 3 d’abril de 2017

Fernández Díaz y De Alfonso, al Congreso por su conspiración contra Catalunya

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el exjefe de la Oficina catalana Antifraude Daniel de Alfonso tendrán que explicar el miércoles en el Congreso de los Diputados las conversaciones grabadas que mantuvieron en el Ministerio, en las que fabrican escándalos para destruir y acusar de prevaricación a dirigentes soberanistas catalanes, así como a las instituciones y sociedad civil involucrada en el proceso independentista. Las conversaciones tuvieron lugar entre el 2 y el 16 de octubre de 2014, poco antes de la consulta soberanista del 9-N. En ellas, Fernández Díaz y De Alfonso manejan documentos contra los dirigentes catalanes con el fin de desprestigiar a estos enemigos políticos a través de filtraciones a la prensa. el ministro reconoce que Mariano Rajoy está al corriente de la búsqueda de pruebas contra los líderes de ERC y de CDC: "El presidente del Gobierno lo sabe".

"Esto la Fiscalía te lo afina, hacemos una gestión", es una de las famosas frases que pronuncia Fernández Díaz a De Alfonso, cuando éste pone reparos a la difusión de unos dossieres contra el entonces consejero catalán de Presidencia Francesc Homs, -responsable jurídico del Govern durante el 9-N- y Felip Puig, que ocupó varias consejerías con Jordi Pujol y Artur Mas.

La comparecencia de Fernández Díaz y De Alfonso será ante la comisión parlamentaria que investiga las actuaciones presuntamente irregulares cometidas durante el mandato del primero al frente del ministerio del Interior, con el uso partidista de la Policía y medios públicos en favor del PP. Será la tercera reunión de la comisión desde su constitución el 9 de marzo y la primera en la que los grupos políticos escucharán las explicaciones de Fernández Díaz y De Alfonso, después de acordar por unanimidad que ambos fueran citados.

De hecho, la comisión de investigación, impulsada por el PSOE y los nacionalistas catalanes y vascos y apoyada por Podemos y Ciudadanos, nace después de que se destaparan en julio las conversaciones entre ambos dirigentes en las que hablan de posibles investigaciones a dirigentes de CDC o ERC implicados en el proceso soberanista y de posteriores filtraciones a la prensa. Cada uno tendrá inicialmente diez minutos para intervenir, lo que dará paso a un turno de otros quince minutos por cada grupo en el que los partidos preguntarán a los comparecientes. Tras estos interrogatorios por separado, Fernández Díaz y De Alfonso dispondrán de cinco minutos finales.

El pasado viernes, la comisión despejó las dudas sobre la obligación legal de comparecer de De Alfonso abiertas por el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, que, en un escrito al Congreso, advirtió, en virtud del artículo 399 de Ley Orgánica del Poder Judicial que los magistrados no están obligados a comparecer ante "autoridades civiles y militares" por asuntos que no se refieran al ejercicio de su cargo. Un precepto legal que choca con el artículo 76.2 de la Constitución -obliga a comparecer en comisión de investigación- y con la propia Ley Orgánica que regula este tipo de comisiones.

Hasta el momento, la comisión ha aceptado las solicitudes de distintos grupos de aportar la grabación de dicha conversación, así como la investigación posterior encargada por Fernández Díaz después de que se hiciera pública, en tanto que ha rechazado estudiar documentos de algunos casos judicializados, como el del ático del expresidente madrileño Ignacio González.

Con todo, hasta finales de este mes la comisión podrá solicitar más documentación y el día 18 decidirá el resto de personas que deberán comparecer, lo que harían ya en mayo. La comisión parlamentaria estudiará la integridad de las grabaciones, que fueron aportadas por Público a la Fiscalía General del Estado y cuya difusión fueron el detonante de uno de los mayores escándalos políticos de la democracia española.

La comisión investigará también otros documentos de las cloacas del Estado, como los informes de la UDEF y, sobre todo, al denominado informe PISA (Pablo Iglesias, Sociedad Anónima), un falso informe contra el dirigente de Podemos, así como otros, elaborados por la denominada “brigada política” de la policía que, sin firma ni autoría reconocida, se realizaron para desprestigiar a adversarios políticos. Los parlamentarios también estudiarán el informe completo del barrido técnico realizados en Interior para detectar los mecanismos que posibilitaron las escuchas en el despacho oficial, así como el registro de entradas y salidas oficial en las fechas que se realizaron las grabaciones, informa Público.

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